Nuevo allanamiento judicial a Vicentin

Nuevo allanamiento judicial a Vicentin

La sede central de la agroexportadora fue allanada esta tarde por orden de la Justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires en busca de información contable, en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en el otorgamiento de créditos por parte del Banco Nación.

Redacción MDZ

Redacción MDZ

La sede central de la empresa Vicentin, ubicada en la ciudad santafesina de Avellaneda, fue allanada esta tarde por orden de la Justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires en busca de información contable, en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en el otorgamiento de créditos por parte del Banco Nación durante el gobierno de Cambiemos.

La medida fue dispuesta por el juez federal Julián Ercolini a instancias del fiscal que tiene delegada la causa, Gerardo Pollicita, y tiene por objetivo acceder a los libros contables para digitalizarlos y luego reintegrarlos, según informaron fuentes judiciales a la agencia de noticias Télam.

Este procedimiento jurídico se dio en el marco de la investigación que se originó a partir de una denuncia basada en un informe de las actuales autoridades del banco que dio cuenta de supuestos créditos irregulares otorgados a la empresa cerealera por más de 18.000 millones de pesos.

En esta causa se investiga una presunta maniobra delictiva a través de la cual funcionarios del Banco de la Nación Argentina –entre ellos su ex presidente Javier González Fraga- incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria, según surge del expediente judicial.

Se los acusa de haber otorgado “irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA -al menos durante el año 2019-, apartándose de la normativa interna que lo regula, y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba”.

La investigación también abarca la presunta participación criminal de los empresarios de esas compañías, quienes del otro lado y en connivencia con los funcionarios, solicitaron los empréstitos irregulares, requirieron la liberación de los fondos afectados en garantía, mientras en simultáneo postergaban el pago de sus obligaciones.

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