Las condiciones impuestas a Mendoza para recibir los $1.900 millones

Las condiciones impuestas a Mendoza para recibir los $1.900 millones

Revelar la evolución de las finanzas públicas, no emitir 'cuasimonedas' y poner como garantía los recursos coparticipables, son algunas de las condiciones que el Gobierno nacional impuso a Mendoza para darle el préstamo de $1.900 millones en el marco del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial.

MDZ Política

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Revelar la evolución de las finanzas públicas, no emitir 'cuasimonedas' y poner como garantía los recursos coparticipables, son algunas de las condiciones que el Gobierno nacional impuso a Mendoza para otorgarle el préstamo de $1.900 millones en el marco del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial y que tendrá como objetivo cubrir parcialmente las cuentas públicas locales durante los meses más críticos de la pandemia de coronavirus.

Se trata del convenio firmado entre el Gobierno provincial y el Ministerio de Economía de la Nación para que Mendoza finalmente disponga de los recursos ofrecidos por el FFDP, los que se encuentran bastante lejos de los $5.268 millones pedidos inicialmente por el gobernador Rodolfo Suarez para afrontar los gastos nominales ante la caída de la recaudación impositiva y que obligó, entre otras cuestiones, a pagar los aguinaldos de los empleados estatales en forma escalonada.

El acuerdo firmado por Suarez, el ministro de Economía nacional, Martín Guzmán, y la representante del FFDP, Claudia Álvarez, y que fue publicado hoy en el Boletín Oficial, hace entrega a la Provincia de $1.900 millones que se desembolsarán en dos cuotas de $950 millones cada uno por los meses de junio y julio.

Además establece que el Ejecutivo provincial deberá devolver el préstamo en 36 cuotas mensuales y consecutivas que comenzarán a abonarse a partir de enero del 2021, por lo que se terminaría de cancelar recién en diciembre del 2023, justo cuando se produzca el próximo cambio de gobierno tanto en Mendoza como en la Nación. La tasa de interés será de 0,10% nominal anual y dichos intereses se devengarán a partir de cada desembolso sobre el capital actualizado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).

Respecto a las obligaciones que Mendoza deberá cumplir obligatoriamente para mantener el crédito ofrecido por la administración de Alberto Fernández, primeramente se compromete a "implementar las acciones necesarias para asegurar la prestación de los servicios sanitarios para hacer frente a la pandemia", en el marco de "un programa financiero que optimice los recursos públicos y las fuentes de financiamiento disponibles".

Además, la Provincia tiene que suministrar a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, toda "información fehaciente para el seguimiento de la evolución de sus finanzas públicas durante todo el periodo de vigencia" del convenio. Ello incluye un Esquema de Ahorro, Inversión y Financiamiento de la Administración Pública no financiera mensual en las etapas del crédito vigente; la situación del Tesoro provincial, incluyendo el stock y servicios de esta deuda y el uso del crédito; la nómina salarial y planta del personal; el gasto devengado trimestral de la Administración Pública no financiera clasificado por finalidad y función y objeto de gasto; la evolución mensual de los saldos de disponibilidades, detalle de utilización de FUCO y utilización de mecanismos de financiamiento de corto plazo; y cualquier otra información que sea requerida por la mencionada cartera.

Otra obligación asumida por el gobierno mendocino es que, en lo que resta del año, contrae el compromiso de implementar "una política salarial y ocupacional compatible con la disponibilidad de sus recursos públicos y las limitaciones que en la etapa presenta la obtención de fuentes de financiamiento".

Incluso Mendoza está obligada a "no emitir títulos públicos de circulación como 'cuasi moneda' (sic)", uno de los principales temores del gobierno de Fernández respecto a la salida que podrían optar algunas provincias en caso de verse severamente afectadas por la falta de fondos públicos, tal como ocurrió en la crisis del 2002.

Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de reembolso del préstamo y los intereses correspondientes, el convenio establece que Mendoza cederá en 'pro solvendo' y de forma irrevocable a la Secretaría de Hacienda de la Nación, "sus derechos sobre las sumas a ser percibidas por el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos" hasta la cancelación de todo el crédito.

Por último, el convenio indica que para comenzar los giros de fondos, solo queda que la Legislatura apruebe una ley provincial que autorice tanto el nuevo endeudamiento como la afectación en garantía de los fondos coparticipables.

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