Magistrados advierten que está en juego la institucionalidad de Mendoza

La provincia de Mendoza se ha jactado históricamente de su institucionalidad. Sin embargo en los últimos tiempos distintas situaciones han opacado el brillo que se supo mostrar. A través de un comunicado, la Asociación de Magistrados salió a expresar "una profunda preocupación la grave situación institucional generada en torno a tal cuestión fundamental en la vida republicana y democrática de nuestra provincia".

El comunicado apunta específicamente hacia los cuestionamientos que se han generado en torno al "procedimiento constitucional para la conformación de nuestra Suprema Corte de Justicia". La designación de María Teresa Day como jueza de la Corte tensó aún más la cuerda de un Poder Judicial que atraviesa turbulencias internas inéditas. Desde el oficialismo sostienen que se cumplieron todos los requisitos constitucionales para nombrarla al ser propuesta por el Poder Ejecutivo y pasar el filtro legislativo con la votación secreta del Senado.

Sin embargo, desde la oposición aseguran que no cumple el requisito constitucional de tener 10 años de ejercicio de la profesión y la Justicia convocó a una audiencia pública previo a que en decisión plenaria los jueces de la Corte determinen qué debe interpretarse a la hora de hablar de "ejercicio de la profesión".

"Tales hechos, si bien no alteran en forma directa el funcionamiento de los tribunales inferiores, afectan la imagen del Poder Judicial en su conjunto, como garante último de nuestra Constitución Provincial, y son susceptibles de socavar la confianza ciudadana en el servicio de justicia, afectando a todos sus integrantes por igual", sostienen desde la Asociación de Magistrados.

En un comunicado firmado por la Comisión Directiva le piden a las autoridades de los tres poderes "una pronta normalización de la referida situación, dentro de los roles que constitucionalmente les corresponden a cada uno de ellos".

"Cabe resaltar, que en un Estado constitucional y democrático de derecho, la independencia judicial no tiene por objeto posicionar a los jueces en situaciones de privilegio, sino la de garantizar a las mendocinas y mendocinos los derechos de los que son titulares", adhirió.

En concreto, exigen que "se garantice a ultranza la independencia de la magistratura provincial, de cualquier instancia o grado, en el ejercicio de la función jurisdiccional, como el derecho de toda persona a que sus intereses sean juzgados por jueces imparciales y justos".

El comunicado completo: