El BID investigó en forma directa la posible corrupción en Irrigación

El BID investigó en forma directa la posible corrupción en Irrigación

Una oficina de Integridad Institucional que responde al presidente del organismo de crédito entrevistó a los empresarios que denunciaron irregularidades en la licitación del acueducto Monte Comán-La Horqueta. Las claves para entender por qué todo se direccionó para que CEOSA se quedara con la obra.

Marcelo Arce

Marcelo Arce

“Muchas gracias por atender mis llamadas hoy. Como le mencioné, trabajo para la Oficina de Integridad Institucional (OII) del BID, que es una oficina dentro del BID encargada de investigar denuncias relacionadas con posibles prácticas prohibidas en proyectos financiados por el Grupo BID. Según conversamos, quisiéramos coordinar una conferencia para discutir con más detalles las denuncias en relación a la licitación para la construcción del Acueducto Ganadero Monte Comán-La Horqueta. Por tanto le pedimos nos indique su disponibilidad horaria durante la próxima semana para coordinar la llamada y le estaremos enviando una invitación por el programa Microsoft Teams para poder asegurar la llamada. Agradecemos su disponibilidad y cooperación con nuestra oficina. Saludos Cordiales, José”.

Este escueto mensaje por correo fue enviado desde Washington, EE.UU, en los últimos días de marzo hacia las direcciones electrónicas de los dueños de un grupo de empresas que habían denunciado un mes antes, ante Fiscalía de Estado y ante la Justicia, irregularidades por parte del Departamento General de Irrigación (DGI) en el proceso para la adjudicación una obra que iba a ser financiada por el organismo internacional de crédito por casi $645 millones y que finalmente se cayó.



Quien escribió el mensaje fue José Hernández Toro, integrante de la Oficina que, como él mismo explicó en ese texto, se dedica a investigar prácticas vinculadas al fraude, a la corrupción o a la coerción en los procesos licitatorios de las obras que paga el organismo. La OII es una oficina independiente del BID, funciona a modo de auditoría, pero sus conclusiones son reportadas de manera directa al presidente del organismo.

José Hernández Toro.

En la primera semana de abril los contactos se realizaron cara a cara a través de las pantallas de la computadora y Hernández Toro escuchó, de boca de los dueños de las empresas Laugero, Corporación del Sur, Hugo Ojeda y Ecosur Bahía, el relato de cómo ellas entendían que habían sido perjudicadas en la licitación de una obra que Irrigación se encaminaba a adjudicarles a la UTE conformada por Ceosa y Obras Andinas, que habían quedado sextos en la calificación y cuya oferta era $50 millones más cara que quien había quedado ubicado en primer término.

El investigador del BID preguntó bastante, soltó una información valiosa y al cabo de dos meses su trabajo fue lo que fundó la determinante decisión del Banco de parar el financiamiento para una obra que apuntaba al desarrollo de una zona productiva de San Rafael, pero que dejó a Mendoza metida en un escándalo y además sin la posibilidad de contar con esta inversión millonaria para obras de infraestructura en medio de la crisis actual.

La que vino después es historia ya conocida: el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, se vio forzado a dar de baja el proceso a través de una resolución que firmó el 18 de junio, luego de que el BID comunicara que “no se encuentra en condiciones de financiar la licitación de referencia, por cuanto el proceso no se enmarcó en las políticas de adquisiciones que rigen las contrataciones del contrato de préstamo específicamente por no atender a las previsiones sobre confidencialidad”. La comisión investigadora del Banco había hecho lugar a las denuncias de un puñado de empresas, de un total de doce que se presentaron a competir, de que el proceso se direccionó para que todo quedara en manos de Fernando Porreta (Ceosa) y por Omar Álvarez (Obras Andinas).

Marinelli anunció que concurrirá a la Legislatura para explicar lo sucedido, luego de una convocatoria que surgiera del bloque de diputados del Justicialismo. Esa visita todavía no tiene fecha, pero se produciría el miércoles de esta semana. Sin embargo, el Superintendente ya hizo su descargo en una serie de entrevistas periodísticas que brindó a lo largo de estos últimos días. En líneas generales, el funcionario sostiene que la licitación estuvo bien hecha y que el problema se generó por un problema entre empresas. Aunque admite la gravedad de un asunto: dentro del proceso, efectivamente se rompió la cláusula de confidencialidad porque uno de los integrantes de la Comisión Evaluadora le aseguró al menos a dos empresas que no reunían los antecedentes que requería el pliego. Una información que, de ninguna manera, podría haberles trasladado.

“Si yo tengo que decir quién tiene más culpa, creo que los que hicieron ruido que usaron ese precepto de que 'la obra es para mi o no es para nadie'. Ellos son el gran culpable pero todos sin duda tendremos una cuotita de responsabilidad", descargó Marinelli.

Lo que dice es verdad, aunque no toda la verdad. La obra iba a ser adjudicada a Ceosa y Obras Andinas e Irrigación buscó torcer el rumbo una vez que las denuncias ya habían llegado a la Fiscalía de Estado e incluso a la Justicia a través de una medida de amparo. Marinelli descartó entregársela a quien había realizado la oferta más barata, Laugero -Corporación del Sur y optó por adjudicarle al tercero en la lista: Hugo Ojeda-Ecosur Bahía SA (UTE). Es decir, una oferta $17 millones más económica que la que se había elegido en primer lugar.

Extraño proceso siguió la comisión evaluadora del DGI. La obra no presenta complejidades en materia de ingeniería, se trata de un ducto enterrado a un metro y medio del suelo y, salvo las cuestiones vinculadas a la presión del agua que transporta, es quizás un proyecto más sencillo que hacer un canal de riego.

Sin embargo por una supuesta falta de antecedentes se dejó afuera de competencia no solo a las empresas denunciantes, sino a otras como la alemana Ludwing Pfeiffer, que construyó obras hidráulicas en toda Europa y China; a la puntana Rovella Carranza que hizo represas, diques y acueductos en Córdoba ,Chaco y Neuquén o a Ecosur Bahía, que construyó plantas cloacales y colectoras en San Juan, por mencionar algunas.

“Cuando mandamos la segunda propuesta vino la decisión de la oficina de adquisiciones del banco que da por terminada la posibilidad de financiarlo", resongó  Marinelli. Y aquí esta la clave. ¿La decisión del BID se debió solo a que un integrante de la Comisión Evaluadora rompió la confidencialidad en el proceso o hubo algo más? Todo apunta a esto último.

El conflicto con las empresas se comienza a dar cuando detectan que la Comisión Evaluadora hizo una interpretación del pliego de licitación en cuanto los antecedentes de la capacidad para el tipo de obra que se estaban licitando y, sobre todo, que se había modificado antojadizamente el criterio de los plazos.

Es decir: el pliego exigía que las empresas acreditaran al menos dos obras de movimientos de suelos y otras tantas de instalación de cañerías, que podían sumarlas en la UTE y que tenían que haber sido realizadas dentro de los cinco años al mes anterior de la fecha de presentación de la oferta. ¿Qué interpretó la Comisión? Que las obras no podían ser sumadas por empresa y que, además, debían hacer sido hechas en el mismo período de tiempo.

No les costó mucho a los empresarios darse cuenta acerca de quiénes eran los únicos que reunían esos antecedentes y por eso dos UTE, Laugero. Construcción del Sur y Ojeda. Eco Bahía, acudieron a la Fiscalía de Estado y a la Justicia respectivamente.

El BID leyó el pliego de la misma manera que los empresarios disconformes y fue contundente en cuanto al criterio de interpretación aplicado. “El pliego fue claro indicando un requisito para este caso, consistente en que las obras debían corresponder al plazo definido de los últimos cinco años”, le advirtió por escrito a Irrigación. En otras palabras: el Banco advirtió que no era aplicable la interpretación de temporalidad y, más allá de esto, se dictaminó en contrario en el primer informe de la Comisión con lo cuál quedaba en claro que, en este proceso, solo había una empresa adjudicable.

Nota del BID en donde le advierte por escrito a Irrigación que no era aplicable el criterio de temporalidad. 

"Creo que el error nuestro fue hacer lo que se hace hace 20 años en Irrigación, incluso con obras que financia el BID y nunca lo objetó”, es la argumentación de Marinelli en medio de la crisis. Otra verdad a medias que lleva al corazón del problema. La Oficina Anticorrupción denunció en 2018 ante la Justicia que funcionarios del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) habrían favorecido la adjudicación de licitaciones de manera ilegal a CEOSA por obras de riego en distintas provincias, incluida Mendoza. Las maniobras investigadas abarcaron del año 2010 al 2015, período durante el cual CEOSA fue la empresa que más licitaciones ganó por un monto de más de $1.500.000.000.

En realidad, la investigación avanzó poco y nada en estos dos años. Pero en su momento esta denuncia le costó el puesto a Fernando Gomensoro, que se desempeñaba como secretario de Gestión Hídrica en Irrigación, quien se fue sospechado de "tráfico de influencias". La práctica ejecutada era muy sencilla, según denunció en su momento la OA: Gomensoro era socio en Hydrotec, una consultora para proyectos hidráulicos e hidroeléctricos y no solo mantenía vínculos con el PROSAP sino que también colaboraba para CEOSA para que pudiera contar con información privilegiada en las licitaciones en las que jugaba. Una sospecha similar, es la que las empresas tienen hoy de los responsables de la Comisión Evaluadora.

Esta presunción, quedó en claro en un tramo del diálogo entre Hernández Toro y uno de los empresario de la construcción que habían sido convocado para participar de esta investigación inédita que hizo el BID en Mendoza.

- El problema para nosotros- se explayó el constructor- es que estamos ya un poco cansados de que Ceosa gane todas las licitaciones en Irrigación como lo viene haciendo desde hace quince años.

Desde Washington, la respuesta fue contundente. 

-Precisamente eso, es lo que estamos investigando.







 

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