Contraataque: funcionario acusado de fraude contrató seis abogados

Un nuevo capítulo se suma en el escándalo que salpica a Vialidad Provincial y que derivó en un fallo del Tribunal de Cuentas en el que se le formularon cargos millonarios al titular de la DPV Oscar Sandes y su exgerenta de Recursos Humanos Corina Gallardo, entre otros. Luego de que el órgano de control les reclame que reintegren cerca de 2.9 millones de pesos, Sandes no solo no ha renunciado al cargo sino que inició acciones legales contra el fallo 17.357.

El funcionario denunció al Honorable Tribunal de Cuentas y le confiere el poder de representación al estudio del abogado Alejandro Jofré donde también se desempeñan Fernando Ogando, Carina Gozález Romera, Cyntia Muñóz, Fernanda Solanes y Martín Daniel Díaz, cuyo estudio funciona en la calle Comandante Fossa del Barrio Bombal. Jofré supo ser subsecretario de Trabajo durante el gobierno de Alfredo Cornejo.

A ellos les delega la potestad de demandar y contestar a las "demandas y reconvenciones que se entablan en mi contra". El hecho ya está en manos de la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia, que deberá revisar el accionar del Tribunal de Cuentas.

El fallo del Tribunal de Cuentas se dio de forma dividida. Mientras que los vocales Héctor Caputo, Mario Angelini y Ricardo Pettignano votaron por responsabilizar a Oscar Sandes, el presidente del Tribunal Néstor Parés y la vocal Liliana Muñoz entendían que no había certezas de que Sandes estaba al tanto de la situación y que en todo caso debería profundizar la investigación la Justicia. 

Para entender el caso es necesario recordar  algunos gastos incluidos en la investigación. Además de cargas de combustibles fuera horario en vehículos ajenos a la DPV, se visualizó un gasto efectuado por un viaje a Mar de Ajó con estadía a nombre de la responsable de Recursos Humanos, Corina Gallardo. La funcionaria se pagó en sus vacaciones el combustible,comidas en restaurantes, mercados (mayoristas y minoristas) y almuerzos para varias personas con dinero de Vialidad. También se usaba la caja del ente estatal para comidas en fin de semana o en horario fuera de la jornada laboral o habitual y sin vinculación alguna a una comisión oficial. 

La polémica en el Tribunal de Cuentas se destapó a la hora de formular cargos contra los responsables. La secretaría Relatora, Néstor Parés y la vocal Liliana Muñoz entendían que Sandes no estaba al tanto del fraude y se basaban en la declaración que Corina Gallardo hizo ante escribano público. Específicamente, la funcionaria más complicada en la investigación dijo que ella misma le había falsificado las firmas a Oscar Sandes y que él no estaba al tanto de nada.