Sueldos de hambre que complican el panorama de los intendentes

Un zoom protagonizado por el intendente capitalino Ulpiano Suarez sembró la alerta entre sus colegas oficialistas.

Suarez acababa de salir de un conflicto salarial veloz y violento con el gremio ATE. El jefe comunal emitió un decreto fijando una cláusula con la cual se autoobliga a pagar el salario mínimo vital y móvil vigente: 16.875 pesos. Porque sí, hay agentes municipales que no llegan a ese piso mensual.

El mensaje de Suarez en la video conferencia fue que todos y cada uno de los intendentes se cuiden de cumplir con esta condición salarial, cueste lo que cueste. Y desarrolló la hipótesis radical de que el justicialismo tiene un plan para explotar el conflicto en los departamentos donde existan reclamos.

Mencionó, por ejemplo, los problemas de Malargüe. Lo dijo un poco antes de que el radical Juan Manuel Ojeda saliera a denunciar un intento desestabilizador del peronismo, en este caso, encarnando el reclamo popular contra el turismo interno.

En Capital también hubo agite opositor. Pero había un caldo propicio para que la disputa prosperara. Los empleados municipales son los agentes estatales más relegados, históricamente. Y en más de un municipio se pagan sueldos de hambre que son oportunamente "emparchados" con suplementos especiales y tickets.

Pueblo chico, infierno grande: cada comuna hace su propio arreglo salarial con distintos gremios. En Capital, por ejemplo, hay dos, uno más cercano al oficialismo y otro opositor, ATE, que habría tenido una influencia ciurquista en el clímax del conflicto. 

Casi no hay intervención provincial en estos acuerdos, salvo una participación formal del árbitro en estas negociaciones, que es el ministro de Gobierno. El Poder Ejecutivo abre las paritarias municipales todos los años y después deja que se tejan los acuerdos posibles en cada comuna. Este año, ni eso ha ocurrido, así que Suarez puedo resolver el pleito (hasta ahora) de manera unilateral y sin convocar a un acuerdo paritario, que no asomaba como sencillo.

Hay problemas de fondo en los departamentos. Además de sueldos bajos, no existen criterios de administración. Por ejemplo, nadie dice cuántos empleados necesita un intendente para que el departamento funcione adecuadamente ni cuál debe ser la carga horario de cada empleado.

Es todo un gran desorden y la situación de los empleados municipales de la escala más baja tiende a empeorar en las circunstancias actuales, que son de apremio para la caja de los municipios.

Se salvan de que los tape el agua aquellos intendentes que oportunamente ahorraron en dólares, cuando había más plata que la que se necesitaba gastar. No fue el caso de Capital, según quedó a la vista.

La coparticipación y la recaudación de las comunas cayeron abruptamente en los últimos meses. Capital sintió el impacto en las tasas, que aportaron la mitad de lo que se esperaba. Encima al intendente le estalló el reclamo salarial de ATE.

Su decisión terminó siendo priorizar los salarios y suprimir la obra pública, que quedará reducida al "bacheo" de calles durante un buen tiempo.

A pesar de esto, Suarez no sabe si va a poder afrontar todo el año lo que firmó en el decreto para los municipales. Se trata de la cláusula del salario mínimo, que según cuantificó, va a ser recibida por 91 agentes municipales que hoy cobran apenas 12.000 pesos.

La otra pata del anuncio fue un adicional territorial del 20 por ciento que van a cobrar los empleados que están en la calle. Entre ellos, los preventores. Son unos 890 agentes  en este caso, cuyo rol es clave para los controles que requiere la pandemia.

En consecuencia, los que trabajan en las áreas de tránsito, seguridad, higiene urbana y espacios públicos cobrarían hasta fin de año entre dos mil y tres mil pesos más. Pero eso dependerá casi exclusivamente de que haya un derrame de fondos nacionales, cascada que se inicia en la emisión monetaria del presidente Alberto Fernández.

La Provincia recibió esta semana la primera tanda del crédito de emergencia que le otorgó la Nación (unos 950 millones de pesos, se dijo a nivel oficial) y el Ministerio de Hacienda rápidamente aclaró que copartipará esos fondos con los municipios, como había pedido el PJ.

Casi ningún intendente es optimista sobre el tema de los recursos, de todos modos. Suarez dice que el dinero de este crédito nacional lo usará para cubrir deudas por los gastos extra que ya ha tenido que hacer por la pandemia.

El panorama es duro y complejo, pero nadie quiere que otra "minirevolución" de empleados municipales le complique más las cosas.