Polémico: tildan a las escuchas ilegales como "una forma de tortura"

Polémico: tildan a las escuchas ilegales como "una forma de tortura"

La asesora presidencial e integrante de un organismo de derechos humanos, Dora Barrancos, señaló que escuchas ilegales que se habrían efectuado en la cárcel de Melchor Romero durante la gestión de Mauricio Macri, "fueron una especie de tortura".

Redacción MDZ

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Las escuchas ilegales que se habrían efectuado en la cárcel de Melchor Romero durante la gestión de Mauricio Macri, en el marco de la presunta red de espionaje paralela montada durante esos años, "fueron una especie de tortura", según consideró la asesora presidencial e integrante de la Comisión Provincial por la Memoria de Buenos Aires (CPM), Dora Barrancos.

El organismo defensor de los derechos humanos se presentó esta semana como querellante institucional en la justicia federal de Lomas de Zamora en la causa por espionaje durante el gobierno de Cambiemos, que según las denuncias efectuadas por la actual conducción de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y otros organismos gubernamentales, fue utilizada para perseguir dirigentes opositores y vigilar a los propios, entre los que aparecen la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

"La Comisión tiene obligaciones indelegables porque ha sido designada como Mecanismo Local de Prevención contra la Tortura, y en esta malla de espionaje ilegal, en esta avería republicana tan grave, donde se encontraron dispositivos de escucha en la sala de visita de la alcaidía de Melchor Romero, también podemos decir que ese accionar configuró una forma de tortura", dijo Barrancos en una entrevista con la agencia de noticias Télam.

Agregó que estas prácticas son "absolutamente ilegales porque la Ley de Inteligencia 25.520 dice expresamente que no se puede injuriar a quienes están detenidos con lo que sería un exceso, en este caso, sería más que un exceso, una forma de tortura, meterle dispositivos para controlar qué dicen las personas privadas de la libertad en diálogo con sus abogados".

"Entendemos que ha sido brutal el incumplimiento de la ley y por esa razón la Comisión se ha tornado como querellante en el Tribunal de Lomas de Zamora, porque se trata de una obligación que no podemos declinar", insistió.

El martes pasado la CPM hizo la diligencia como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, debido a que en allanamientos se encontraron dispositivos de escuchas en salas de visita de la Alcaidía de Melchor Romero, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). "La injerencia arbitraria sobre la privacidad de las personas está prohibida por la Ley de inteligencia y viola garantías y pactos internacionales de derechos humanos. Más grave aún resulta si, además, ocurre cuando se trata de detenidos y detenidas bajo la tutela del Estado", precisaron fuentes del organismo.

Agregaron que "las circunstancias por la que las personas detenidas pierden su libertad, no anulan ni deben menoscabar sus derechos humanos de ningún orden, menos aún los civiles y políticos".

En el mismo sentido se pronunció Roberto Cipriano García, secretario de la CPM: "Hace 17 años la Comisión lleva adelante el monitoreo y control de los lugares de encierro, así como del accionar de las fuerzas de seguridad", explicó y dijo que se presentaron como querellantes también en la "causa iniciada en los tribunales federales Comodoro Py por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño".

"Lo que se investiga son acciones de espionaje ilegal y el actuar de integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense en la vieja unidad 29", añadió.

El secretario de la CPM contó que obra en las investigaciones que "funcionarios de la AFI del gobierno anterior, ingresaron con vehículos de la propia AFI a realizar la instalación ilegal de los cableados así como la instalación de los micrófonos en dependencias donde las personas detenidas recibían a sus abogados, con el fin de escuchar las conversaciones".

"De lo que se desprende de la causa se cree que el objetivo era escuchar a gente vinculada con los (sindicalistas Hugo y Pablo) Moyano, a los que pensaban detener y llevar allí. La idea era escuchar a determinados detenidos, también pensaban escuchar a una persona vinculada con La Salada y a (Víctor) Schillaci", condenado por el Triple Crimen de General Rodríguez, relató Cipriano García.

Las irregularidades fueron detectadas cuando bajo la administración anterior "un funcionario del Ministerio de Justicia llama a la directora de la unidad y le dice que va a ir personal a trabajar en la sala de abogados pero que no había que registrar esos ingresos. A la directora le pareció raro porque todos se registran, por lo que igual, cuando estas personas se presentaron, fueron registradas junto al vehículo. Todos eran de la AFI, fue en el 2017", precisó.

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