El 3 de diciembre de 2019 ingresó a la Legislatura un proyecto de ley desde el Poder Ejecutivo, más precisamente, desde el Ministerio de Seguridad, donde se plantean cambios en el Comité de Prevención de la Tortura de Mendoza. A días de dejar su cargo, el ex gobernador Alfredo Cornejo, lo firmó y lo presentó.

Ahora, los miembros del Comité y otros organismos de derechos humanos advierten que la Cámara de Senadores planea tratarlo esta semana y aprobarlo, lo que significaría que entre otras reformas reduciría la participación de la sociedad civil de doce personas a solamente y que el procurador sea designado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, eliminando el concurso público de antecedentes.

Uno de los puntos, que señalan es que "es un órgano de control autónomo e independiente de los demás poderes del Estado". La función principal es controlar los espacios en donde se encuentran personas privadas de libertad como cárceles, comisarías, hospitales de salud mental, hogares y geriátricos. "El Comité observa, registra y entrevista atento a las condiciones de detención y el trato que reciben quienes se encuentren allí. Dicho organismo puede denunciar, recomendar y exigir al Estado Provincial a fin de prevenir y erradicar la tortura", describen sus integrantes.

El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Seguridad impulsó la reforma de la ley 8284, que contempla el funcionamiento de esta Comisión.  "Las reformas propuestas tienden a generar mayor vulneración de derechos de las personas que se encuentran privadas de libertad. Cabe destacar la 'contradicción': justamente la iniciativa es propia del ministerio objeto de control de esta Comisión", advierten desde el Comité.

Entre otras reformas que se consideran "regresivas en materia de derechos humanos", afirman que "se reduce la participación de la sociedad civil de doce personas a solamente una. De esta manera, la proyectada ley garantiza la invisibilidad de la tortura y los malos tratos en lugares de encierro, como cárceles y comisarías". 

Por otro lado, la reforma, "busca que el Procurador sea designado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado eliminando el concurso público de antecedentes, de este modo se pone en riesgo la idoneidad, la transparencia e independencia del Procurador, ya que su nombramiento dependerá de la cercanía política con el poder de turno".

Juan Manuel Irrazabal, presidente del Comité Nacional Contra la Tortura, le presentó una nota la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) donde le solicita que no se realicen las modificaciones solicitadas por el Ejecutivo porque considera que el proyecto conspira contra los estándares de independencia, imparcialidad y autonomía.

Además, indica que si sus miembros son designados por el Ejecutivo "no es compatible con la composición de un organismo de control que principalmente deben evaluar, entre otras cosas, las acciones u omisiones de funcionarios del Poder Ejecutivo", como por ejemplo policías, penitenciarios, entre otros.

¿Cuál es la función del Comité?

El 4 de abril, de 2014, se constituyó el Comité para la Prevención de la tortura, tratos crueles y degradantes, un organismo que actúa en los lugares de detención para inspeccionar, recibir denuncias y elevar un informe sobre este tipo de prácticas.

El Comité ha sido clave en situaciones de detenciones, encarcelamientos masivos y represión durante protestas en nuestra provincia, pues sus miembros están dotados de herramientas no sólo para develar situaciones malos tratos mediante observación y entrevistas, sino también de arbitrar estrategias de denuncia y de resguardo a las víctimas.

El proyecto presentado en diciembre de 2019 por Cornejo: