Por mayoría de votos, la Cámara de Diputados dio media sanción a la creación  del Consejo Económico, Social y Ambiental, como  un órgano colegiado de carácter consultivo, no vinculante, de los Poderes Ejecutivo y Legislativo y de participación para el debate, diseño, planificación e implementación de políticas públicas.

Este proyecto, que fuera remitido por el Poder Ejecutivo y  analizado por un plenario de las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto, tiene como objetivos, constituir un canal de participación de los agentes sociales y económicos en la planificación y formulación de la política socio-económica y ambiental de Mendoza, como así también actuar como órgano de comunicación y articulación con el Gobierno provincial y proponer iniciativas para fomentar el desarrollo en esta materia.

A fines de abril, Rodolfo Suarez anunció que iba a convocar a un Consejo Económico, Social y Ambiental para que sea una plataforma de ideas y medidas para enfrentar la crisis. Luego, en el discurso del 1 de Mayo, el gobernador prometió que la Legislatura iba a debatir el proyecto.

El Consejo tendrá una duración por el plazo de 5 años desde el momento de la entrada en vigencia de la presente ley y prorrogable por un mismo periodo de tiempo, a disposición del Poder Ejecutivo.

Durante la sesión, se pusieron en consideración dos despachos: uno en mayoría impulsado por legisladores del oficialismo y otro en minoría, por parte del Frente de Todos. Finalmente, la propuesta que prosperó, fue la primera de ellas.

Composición y funcionamiento

Además del Presidente, Vicepresidente y un Secretario Técnico, este Consejo estará integrado por representantes de:

• Poder Ejecutivo: 2
• Poder Legislativo: 2
• Poder Judicial: 2
• Los ex-Gobernadores democráticos que expresen su voluntad de participar
• Asociaciones Sindicales de Trabajadores: 5 representantes - 4 del sector privado y 1 del sector público –
• Organizaciones Empresariales representativas de la Industria, del Comercio, del Sector Agrícola, del Turismo, del Desarrollo Tecnológico, de la Construcción, del Sector Hidrocarburífero y del Sector Minero: 8 representantes, uno por cada sector enunciado
• Departamento General de Irrigación: 1
• Inspecciones de Cauce: 1
• Organizaciones de promoción social y asistencia y del sector de la Cultura: 3
• De los distintos credos de la Provincia de Mendoza: 1 por la Iglesia Católica, 1 por el Judaísmo y 1por las Iglesias Evangélicas. La reglamentación podrá prever la incorporación de representantes de otros Credos reconocidos
• Organizaciones de Defensa de los Consumidores: 1
• Economía social: 1
• Asociaciones o Fundaciones dedicadas a la Protección del Medio Ambiente: 3
• Universidades Públicas: 1 de la Universidad Nacional de Cuyo, 1 de la Universidad Tecnológica Nacional
• Universidades Privadas: 2 representantes
• Centro Científico Tecnológico CONICET Mendoza: 1
• Agencia de Ciencia, Innovación y Tecnología a crearse: 1 representante
• Cada uno de los Colegios Profesionales reconocidos por ley de la Provincia de Mendoza: 1 representante
• Los Intendentes Departamentales o los representantes que estos designen.
• Partidos Políticos: 1 representante por cada partido político con representación parlamentaria

Los miembros en representación de estos grupos serán propuestos por las organizaciones y en las condiciones y plazos que la reglamentación establezca, dejando sentado que a esos efectos dicha reglamentación deberá contemplar la mayor amplitud en la integración sectorial, y la participación de mujeres en condiciones de igualdad.

En lo que respecta a las autoridades, el Presidente del Consejo será propuesto por el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia, y el Vicepresidente por el Ministerio de Economía y Energía. Ambos serán designados en tales cargos por Decreto del Poder Ejecutivo y podrán ser miembros del Consejo o propuestos de fuera de su seno.

Esta media sanción dispone además, que no podrán ser parte del Consejo las personas condenadas judicialmente por delito doloso, cuando de las circunstancias del caso se desprendiere que afectan el decoro y el objeto de este Cuerpo. Tampoco podrán hacerlo aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos contra la integridad sexual, delitos efectuados en contexto de violencia de género y por delitos contra la administración pública. Será también causal de exclusión estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Todos los integrantes del Consejo tendrán un mandato por dos años, renovable por períodos de igual duración y sus funciones serán ad honorem por el tiempo que dure su designación.

El Plenario del Consejo estará integrado por la totalidad de sus miembros, bajo la dirección del Presidente y asistido por el Secretario Técnico y celebrará sesiones de forma física o virtual, cuando resulte necesario. Además podrá constituir, con carácter permanente o para cuestiones específicas, comisiones de trabajo que funcionarán con la coordinación de la Secretaría Técnica. Estas comisiones se dedicarán a la elaboración de estudios e informes que sirvan de fundamento a los informes que elaborará el plenario.

Por otra parte, prevé que a las sesiones del Plenario podrán asistir, por invitación, miembros del gobierno provincial, expertos de reconocida experiencia en materia económica, ambiental y social y autoridades provinciales y municipales para informar sobre asuntos de su competencia.

El Poder Ejecutivo podrá asignar partidas presupuestarias para su funcionamiento mediante el Presupuesto General de Gastos y Recursos de la Administración del Gobierno de la Provincia de Mendoza, las que nunca podrán ser asignadas al pago de personal, viáticos y publicidad.

En cuanto a los recursos humanos que dispondrá el Consejo, la media sanción dispone que para el ejercicio de sus actividades podrá contar con personal asignado que provendrá de otros organismos de cualquiera de los poderes del Estado o de las organizaciones miembros. A tal fin serán de aplicación las normas vigentes para el personal de la Administración Pública o del régimen que corresponda al sector que represente.

Durante el tratamiento en el recinto, los diputados Daniela García y Jorge López (UCR), ponderaron los aportes realizados por distintas bancadas a esta “herramienta que engrandece la democracia porque da mayor participación  a distintos sectores”.

“Es fundamental para un tipo de democracia deliberativa y que se construya con consenso. Un Consejo como órgano consultivo, colegiado y en donde están representados todos los sectores, con el objeto de facilitar la participación, el diálogo, la articulación, generar instancias de comunicación y participación activa para formular diagnósticos y debatir y diseñar políticas públicas”, señalaron.

“A la hora de lograr consensos hemos hecho todos los actos útiles en ese sentido, hemos recibido aportes y se han incorporado muchos de esos aportes, pero siempre manteniendo el espíritu y la esencia que creemos caracteriza la herramienta que el gobernador ha enviado para su consideración en la Legislatura”, indicaron.

Por su parte, desde el bloque Frente de Todos – PJ, Liliana Paponet adelantó el voto negativo de esa bancada al despacho de mayoría, por considerar que se trata de un “órgano fuera de contexto. Nosotros planteamos un Consejo ad hoc, que trabaje de manera efectiva, rápida y ahora, para dar respuesta a las distintas demandas”. En un sentido similar se expresaron Germán Gómez, Silvia Stocco, Marcelo Aparicio  y Laura Chazarreta.

En tanto, Mario Vadillo (Protectora), también adelantó su voto negativo por considerar , entre otros conceptos, que “volverá a tocarse el tema de la minería”. Por otra parte, Mercedes Llano (PD), también manifestó su voto negativo al indicar que “este órgano debe tratarse de una entidad para gestionar la crisis y que permanezca mientras dure la crisis. No es el momento oportuno para estructuras burocráticas”. De igual forma, Mailé Rodríguez (FIT), manifestó la negativa de su bloque al proyecto, porque “de este Consejo no puede salir nada favorable para el pueblo trabajador y las grandes mayorías”. En tanto, Pablo Cairo (Protectora) y Eduardo Martínez (PI), se abstuvieron a la hora de votar.