Suarez y la duda eterna de enfrentar a Alberto o seguir como está

Solo el tiempo y la capacidad de respuesta política de Rodolfo Suarez, van a determinar si el misil de Portezuelo del Viento lanzado por Alberto Fernández que impactó bajo la línea de flotación, terminará por hundir o no este barco ya bastante averiado que comanda el gobernador.

Agobiado por la pandemia del coronavirus, con un desplome de más de $10.000 millones en la recaudación de impuestos, con una dependencia financiera total de la Nación, sin chances de diversificar la economía con la minería, con el desarrollo de Vaca Muerta frenado, sin recursos para hacer obra pública que generen empleo, con una delicada renegociación de deuda en marcha y con la obligación de un ajuste fiscal, la apuesta grande y única que le quedaba a esta administración era conseguir hacer finalmente ese dique en Malargüe que ahora volvió a entrar en el terreno de las dudas.

Durante el viernes y el sábado dentro de Casa de Gobierno no se habló de otra cosa, más allá algunas apariciones desconcertantes del mandatario en Twitter sin mencionar el asunto y celebrando el día del Ambiente en medio de una crisis tan importante.

Las lecturas que se hicieron por la intempestiva reacción presidencial fueron al menos dos. Una de ellas apuntó a que claramente la decisión de que la discusión de Portezuelo vuelva al seno del Comité Interjuridisccional del Rio Colorado (COIRCO) cuando ya el tema estaba debatido y cerrado en ese organismo, fue un mensaje de castigo y advertencia para un gobernador radical tras la retirada de Juntos por el Cambio de la sesión del jueves en el Senado de la Nación.

Es cierto que Alfredo Cornejo estuvo, esa tarde desde Mendoza, bastante activo políticamente y cruzó varios mensajes con Luis Naidenoff y con Martín Lousteau, a quienes felicitó por la actitud de haberse plantado al gobierno en la sesión. Y es verdad asimismo que el ministro del Interior, Wado de Pedro, fue quien se encargó de difundir la noticia de Portezuelo (a través de la agencia Télam) solo un par de horas después del revuelo en la Cámara Alta.

Pero hay otra lectura un tanto más sencilla: Alberto Fernández habría tomado la decisión solo para poder llevar algún anuncio importante a La Pampa, provincia que visitó el viernes. Un elemento sostiene esta mirada y es la falta de solidez técnica del presidente al explicar su decisión y confundir, como quedó expuesto, el río Colorado con el rio Atuel.

Cualquiera hayan sido los motivos, para muchos dentro del gobierno (y eso incluye a Alfredo Cornejo) tras el cachetazo del jueves, Suarez debería abandonar la neutralidad de los suizos que pretende sostener en su relación con Alberto.

“O nos terminamos de alinear completamente o lo enfrentamos de manera directa. Lo que no puede continuar es esta forma híbrida de relacionarse que no ha dado resultados, evidentemente”, fue lo que aseguró a este diario un integrante del gabinete.

La empatía y la apuesta al sentido común en el vínculo, hasta aquí, no le dieron resultados al gobernador. Y eso no solo alcanza a la traba para la “obra del siglo”. Suarez, como el resto de los gobernadores, necesita el oxígeno financiero comprometido por la Nación que no llega y, desde abril, de un total de $5.000 millones que aguardaban, solo llegaron hasta aquí $1.255 millones. La caída de recursos acumulada es de $10.000 millones producto de la pandemia del coronavirus y no hay certezas acerca de cuándo y cuál será el monto que recibirá la provincia por este concepto.

Diversos informes publicados esta última semana le agregaron más gravedad a este panorama. El gobierno provincial terminó por confirmar su sospecha de que la asistencia se está distribuyendo de manera discrecional, luego de que Neuquén, Córdoba, Tucumán o Santa Cruz, entre otras, ya lograran financiarse a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo que repartió hasta ahora un paquete de $15.000 millones aproximadamente. Mendoza ya presentó os papeles hace más de cuatro semanas y sigue esperando por esos préstamos.

El viernes se conoció un informa de la consultora Aerariun quien, sobre datos del ministerio de Economía, reveló que desde que se desató la pandemia se giraron $148.000 millones a las provincias en un reparto que se concentró fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, que se llevó el 51% de esos recursos. Mendoza ocupa el lugar 12 de ese ránking de distribución de recursos discrecionales. “A decir verdad esperábamos discrecionalidad, pero ya es exagerado como lo hacen”, se quejan en el Ejecutivo provincial.

¿De qué manera reaccionará el gobernador ante lo sucedido? Nadie sabe todavía, aunque desde su equipo de comunicación descartan que a principios de semana habrá una respuesta y que esta será dura contra el presidente por lo que ocurrió.

Mientras tanto se evaluaron los daños posibles ante el nuevo freno a Portezuelo y se comenzó a desarrollar una estrategia en la que se podrán demostrar varias fortalezas. Pero también algunas debilidades.

Luego de tantos años de disputa, ya se sabe lo que quiere La Pampa y es que la presa no se haga. Es muy recordado un episodio de 2017 en donde el entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, convocó a Cornejo y al exgobernador Carlos Verna a su despacho para intentar una conciliación y ante la pregunta del mendocino la respuesta del pampeano fue categórica.

- A ver gobernador ¿Qué quiere en definitiva?, preguntó Cornejo.

- Que la obra no se haga, respondió seco Verna.

Cornejo lo miró a Frigerio buscando alguna salida pero no la hubo. La reunión conciliatoria duró ese día cinco minutos nada más.

Portezuelo avanzó durante el gobierno de Mauricio Macri y los pampeanos buscaron otra alternativa para oponerse: comenzaron a exigir que el Coirco sea el responsable del manejo de la represa y no el Departamento General de Irrigación mendocino, como está previsto. Esa será la discusión que se avecina.

Lo definido por el presidente podría terminar suspendiendo el proceso de licitación de la obra que ya está en marcha, más allá de que el propio gobierno se encargó de sostener que seguirá adelante de todos modos.

La provincia tienen margen para continuar hasta el momento de la adjudicación, pero habrá que esperar a lo que suceda el 26 de junio, día en que fue convocado este encuentro de gobernadores del Coirco. Solo diez días después (el 3 de julio) está previsto el acto de apertura de los sobres con las ofertas de las empresas interesadas.

Esa rosca del rio Colorado derivará seguramente en un laudo presidencial pero todo eso podría demorar el proceso. No es de extrañar que, por los debates en el Coirco, no se pueda hacer el acto de adjudicación antes de fin de año como está previsto.

El anuncio nacional del jueves golpeara fuerte en las empresas que están detrás del negocio, asimismo. Tras algunos cambios en el proceso licitatorio establecidos hace semanas, Techint había tomado la decisión de presentar una oferta, previo compra de los pliegos que tienen un costo de U$S 2.000.000. ¿Qué empresa asumirá ese costo sabiendo que no solo no existe voluntad política del gobierno nacional en hacer la obra sino que además está en duda el financiamiento?

La posible presencia de este consorcio nacional le brindaba mayor transparencia al proceso y, muy probablemente y si se sigue adelante, finalmente el oferente será IMPSA y la UTE que conformó con empresarios locales. Es decir, finalmente el que estará en carrera será solamente uno.

Ahora bien. Suarez y el equipo de abogados saben de sus puntos fuertes en esta disputa de un proyecto que podría generar 10.000 puestos de trabajo y que además, cuando esté concluida (se calcula que demorará unos cinco años al menos) destinará el producido de la generación eléctrica a un fideicomiso que servirá para financiar otros diques. Es decir, si los objetivos se cumplen, Mendoza contará con un fondeo propio para encarar este tipo de obras a futuro.

La clave de la discusión es que aquí la Nación no financia la obra, sino que lo que tiene el Gobierno con Mendoza es una obligación de pagar una deuda que ya está asumida y consolidada.

El financiamiento del dique en el Sur depende de bonos. Durante el gobierno de Mauricio Macri se firmó un acuerdo para que el Estado nacional cumpla finalmente con un compromiso asumido hace más de diez años de poner el dinero necesario para construir la represa. En total la Nación debe transferir unos U$S 1.023 millones, que están en Letras del Tesoro.
El otro aspecto de la defensa de Mendoza es que se buscará demostrar en ante el Coirco que todos los procedimientos se debían realizar en ese ámbito están cumplidos, tanto desde lo técnico como desde lo jurídico.

Y los dos puntos fundamentales. Si la Nación no paga, se activa un juicio ejecutivo ante la Corte Suprema de Justicia para cobrar la letra por la totalidad de los U$S1.023 millones.

Pero además existe en el acuerdo firmado con Macri un aspecto poco difundido: se haga o no se haga Portezuelo, Mendoza puede exigir igual toda su deuda porque se redactó un artículo que estableció que los recursos acordados serán “para Portezuelo del Viento u otras obras hidroeléctricas”. Este aspecto fue colocado ex profeso, cuando se evaluó que el costo total de la obra podría no superar en definitiva los U$S700 millones y el arreglo al que se quería llegar era por más de U$S1.000 millones.

Más allá de los vaivenes políticos nadie debería sorprenderse, sin embargo, por lo que hizo el presidente. El mismo Suarez ya había recibido señales de que la obra podría sufrir percances cuando se comenzó a notar que el juego de Alberto fue siempre el equilibrio en este tema.

Por un lado jugó para Mendoza cumpliendo con el cronograma trimestral de pagos asumidos por Macri. Fueron U$S37 millones los que ya ingresaron para hacer Portezuelo y se verá ahora que sucede en julio, el día 28, cuando venza el próximo pago de U$S 18 millones. Pero la señal más contundente que dio la Casa Rosada fue, sin embargo, en abril cuando el ministerio de Economía de decidió postergar para 2021 el pago de bonos por U$S 10.000 millones emitidos bajo ley local y excluyó de ese reperfilamiento a las Letes comprometidas para hacer Portezuelo. No solo Suárez, sino las empresas interesadas en hacer la obra, entendieron que el financiamiento no corría riesgo.

Pero varias alarmas se fueron encendiendo en el camino también. Al frente de la secretaría de Recursos Hídricos de la Nación, el organismo encargado de la construcción de diques en el país, fue designado al comienzo de la actual gestión Néstor Lastiri, un pampeano que es un cruzado en la lucha de esa provincia contra Mendoza y además es uno de los referentes de la Asamblea por los Rios Pampeanos.

Al frente del Coirco está Javier Schlegel, también pampeano, cuya designación para Lastiri fue “un acto de justicia”. Mendoza recurrió administrativamente ese nombramiento en marzo, pero no tuvo éxito en su embestida. Lastiri fue contundente con respecto a la obra de la discordia: “No se requiere de ningún análisis exhaustivo para establecer que se está haciendo una inversión de 1023 millones de dólares en una obra donde no hay agua”, dijo el funcionario hace poco más de cinco meses.

A esta altura, Portezuelo ya parece una obra maldita. Largamente prometida, las idas y vueltas de los últimos tiempos también tuvieron su cuota parte de responsabilidad propia. Catorce años después, todavía se escuchan las quejas por la decisión de Julio Cobos de haber incluido a Portezuelo en un acuerdo extrajudicial con el gobierno nacional que nunca se cumplió y que dio origen al arreglo que años después firmó Cornejo con Macri.

Este último acuerdo de 2019 sirvió para cambiar los términos de aquél arreglo de 2006 firmado por Néstor Kirchner y por Cobos como gobernador por $1.000 millones, de los cuales la provincia solo recibió $15 millones en 10 años. Cobos desoyó en aquél momento las recomendaciones de que lo mejor era esperar un fallo de la Corte por la demanda que había presentado Mendoza por los perjuicios de la promoción industrial durante los años 90 y avanzó en el trueque por una obra.

Lo significativo fue que La Pampa, en aquella oportunidad, también demandó a la Nación en sintonía con Mendoza. Pero con otro resultado: los pampeanos cobraron un resarcimiento en efectivo de $3.500 millones y nosotros, más de una década después, seguimos aguardando por una obra que, por enésima vez, quedó rodeada de incertidumbre.