Mendoza mantiene la licitación de Portezuelo y Suarez endurece su oposición contra Alberto

Mendoza mantiene la licitación de Portezuelo y Suarez endurece su oposición contra Alberto

El Gobierno asegura que el proceso sigue. Pero reconocen que puede haber problemas con la transferencia de fondos por "decisión política".

Pablo Icardi

Pablo Icardi

Se tomó la decisión política y solo hubo que buscar cualquier argumento. El Gobierno nacional apuntó contra Mendoza y tomó como eje la principal obra pública planificada en el país; Portezuelo del Viento. Alberto Fernández dijo en La Pampa que "ni iba a financiar" una  obra a la que se oponían 4 provincias, aunque en realidad todas las actas del COIRCO siempre tuvieron el aval de todo el consorcio, menos La Pampa y la represa está aprobada legalmente por el mecanismo establecido, es decir un arbitraje presidencial y las exigencias legales de donde se realiza. 

La decisión de poner en duda Portezuelo del Viento fue tan intempestiva que no hubo análisis previo y ni el presidente estaba muy al tanto del tema. Se lo sopló mal el ala más kirchnerista del Gobierno nacional, justo el mismo día en el que la vicepresidenta no logró imponer sus temas y su candidato a la Procuración en el Senado. Tan fuera de tema está el presidente que habló convencido del "río Atuel". Portezuelo del Viento se hará en el Río Grande y pertenece a la cuenca del Río Colorado.

En Mendoza buscan hilar fino el mensaje político, pero antes ratificaron que el proceso de licitación sigue en pie. El problema es si se cumple la amenaza de Alberto Fernández de incumplir el pago que Mendoza recibe como compensación por los perjuicios de la promoción industrial. Ahí hay otro error de concepto del presidente: la Nación no eligió financiar una obra en Mendoza, sino que tiene que resarcir a la Provincia y el mecanismo elegido es transferir los fondos para ejecutar una obra. Legalmente deben cumplir, políticamente ahora esos pagos están en riesgo. 

Ruptura

La decisión política significa una ruptura en la relación entre la Nación y Mendoza. Rodolfo Suarez había mantenido cautela hasta ahora; incluso más allá de lo que piensa y le piden sus "correligionarios". Ahora todo cambió. Primero, la relación amistosa no rindió frutos en cuanto a la ayuda nacional. Ahora, vino una estocada inesperada. 

La reunión de gobernadores será el 26 de junio, 10 días antes de la apertura de pliegos de la obra. Hasta ahora La Nación ha transferido sin demoras tres los fondos que se establecieron en el cronograma. La cuarta cuota debe pagarse en julio. El destino de esos fondos, que en total son 1023 millones de dólares, es un fideicomiso con el único objetivo de hacer la obra. 

El proceso legal y administrativo de la obra no tiene "decisiones a tomar" por parte del COIRCO porque ya estaban resueltos los diferendos tras el laudo de Mauricio Macri firmado en enero de 2018. La cuña que buscan para frenar la obra es el manejo de la cuenca y la "interjurisdiccionalidad"

El conflicto es político, pero también asoma un interés económico. La obra tiene 1.023 millones de dólares para ejecutarse y además se generarán regalías por la generación de energía. Históricamente ha sido motivo de conflicto entre Mendoza, La Pampa y la Nación. El convenio por Portezuelo de otorga total poder a Mendoza para hacer la obra y cobrar las regalías, cuyo destino es realizar más obras. 

Portezuelo será la primera obra para regular el agua del Río Grande, curso de agua del que Mendoza y la cuenca hacen poco uso. Esa regulación puede traer beneficios "aguas abajo" para administrar la disponibilidad durante períodos de sequía. Ese argumento intentaban impulsar en Mendoza en los pueblos de la Ciudad de Buenos Aires. Y esos datos llevarán a la reunión con el resto de los gobernadores. 

El intento de freno de Portezuelo es el primer hecho político que tiene señales de "aleccionamiento" político en el nuevo gobierno K. La historia dice que entre 2003 y 2015 la gestión se manejaba con pedido de obediencia y represalias. Para Mendoza será un desafío político enorme porque la decisión pone en una posición incómoda al PJ, principalmente a la dirigente más influyente (Anabel Fernández Sagasti). El oficialismo también pondrá a prueba su pericia política.  

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