Portezuelo: el perverso modelo del castigo político que parece volver

El presidente Alberto Fernández generó un shock político negativo en Mendoza la semana pasada al sugerir que va a incumplir la obligación que tiene de enviar los fondos para la construcción de Portezuelo del Viento. Lo dijo en La Pampa y sus palabras endulzaron los oídos de los pampeanos.

Pero aunque pueda golpear la autoestima de los pampeanos, la decisión de Alberto tiene poco que ver con la adhesión del presidente a la pelea (y casi obsesión) en contra de Mendoza y por el agua. El gesto político del Presidente tiene mucho más que ver con el perverso modelo del castigo político que tanto arraigo tuvo en Argentina y que parece volver.

Las razones del golpe a Mendoza tienen mucho más que ver con las pujas de poder, con la dificultad para garantizar la independencia de las provincias en tomar sus decisiones y también con un número: los 1000 millones de dólares que la Nación debe pagarle a Mendoza sin que intervenga la Nación para administrarlos. 

La convocatoria a la reunión de Gobernadores que integran el Comité de Cuenca del Río Colorado ocurrió de manera casi simultánea con las escaramuzas del Congreso que tuvieron a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como protagonista. En el recinto, Anabel Fernández Sagasti fustigaba a la oposición, Cristina ordenaba y un alfil suyo, Eduardo Wado de Pedro, ejecutó: castigo directo hacia Mendoza, chicana a Cornejo y golpe a Rodolfo Suarez.

El vocero "ingenuo" era el gobernador de La Pampa, quien intentaba rebrotar una frase de la campaña pasada: "Portezuelo es producto de un acuerdo espurio entre Macri y Cornejo"; repitió sin pudor. En realidad se equivoca, pues Portezuelo es producto, en su origen, de un acuerdo entre el "mentor" de todo: Néstor Carlos Kirchner, que lo hizo junto al entonces gobernador de Mendoza, Julio Cobos. El "escribano político" fue nada menos que Alberto Fernández. 

Entre 2003 y 2015 hubo un modelo de gestión política que se gestó y se profundizó. Heredado de Santa Cruz, todas las decisiones se tomaban en el Poder Ejecutivo; o al menos esa era la intención. Así ocurrió con los avances en la justicia, con los gobernadores e intendentes que peregrinaban y tenían obediencia debida para lograr obras. Y hasta con las empresas. El intento de cambio en Portezuelo parece buscar el mismo objetivo, pero de manera intempestiva. Tanto, que el propio presidente sugiere que no respetará la obvia continuidad jurídica del Estado por capricho propio.

Lo único que cambió desde entonces en ese proceso, es el signo político de quien ocupa la presidencia y también la Gobernación de Buenos Aires. La Nación ya había avalado la obra, la provincia de Buenos Aires también. Si se toma distancia puede sorprender la fragilidad institucional de Argentina: en pocos meses, un Presidente y un Gobernador buscan borrar un acuerdo y compromiso legal firmado y rubricado hasta por la Suprema Corte. Y lo hacen sobre una obra pública que tiene una inversión prevista y asegurada por más de 1000 millones de dólares y que tardará no menos un lustro en ejecutarse; que lleva más de 4 décadas de análisis y en la cual intervinieron varios presidentes y gobernadores.  

Errores

Ya le había ocurrido antes, pero los errores conceptuales del Presidente para referirse a los conflictos por Portezuelo sugieren una liviandad argumentativa preocupante. No solo por haber confundido el río (dijo que estaba en el río Atuel y en realidad pretende regular el Río Grande). También porque había falacias en su construcción. No es real que hay cuatro provincias que se oponen. Es más bien todo lo contrario. De manera oficial solo La Pampa puso objeciones a Portezuelo del Viento. Neuquén, Río Negro, Mendoza y Buenos Aires firmaron la conformidad de la realización de la represa. Así ocurrió en la votación realizada el 23 de diciembre de 2016, cuando todos los gobernadores menos el pampeano asintieron. 

Fue necesario el arbitraje porque el COIRCO exige unanimidad. Macri rechazó el reclamo de La Pampa  y avaló la obra. Pero no lo hizo a ciegas. También obligó a Mendoza a escuchar a sus vecinos, a realizar un estudio sobre toda la cuenca y cumplir exigencias ambientales específicas. Allí se pone a prueba la pericia técnica y política de los funcionarios que estaban y se mantienen en el Gobierno. De hecho ese deberá ser el principal respaldo de Rodolfo Suarez en la reunión del 26 de junio.

En ese sentido, el sector político mendocino no puede ser un grupo que se queje caprichosamente. Que priorice los pequeños cotos de poder y ambiciones personales. Es un momento clave para la Provincia. Los fondos adeudados por la Nación representan el daño para la producción que generaron decadencia durante décadas. Es el momento de priorizar la pelea por el cumplimiento de los derechos de la Provincia para evitar más postergaciones. Hasta ahora, casi todos los gobernadores de Mendoza han tenido una política de "buenos modales", en el peor de los casos, o de obsecuencia, en otros más evidentes, con la Nación. Los resultados no han sido satisfactorios para la comunidad. 

 El Presidente también confunde las cosas. El Estado nacional no transfiere los fondos como "financiamiento" de una obra, sino por resarcimiento de un daño. Es el perjuicio que tuvo Mendoza, sus empresas y trabajadores, durante las cuatro décadas que duró la promoción industrial en las provincias vecinas. Tan arraigados están los personalismos que el propio Alberto habla en primera persona: "no quiero financiar", dice, a modo de "propietario" de la caja del Estado. Pero ni él es quien financia, ni se trata de un financiamiento. La Nación tiene la obligación de seguir transfiriendo los fondos porque si no lo hace volvería a incumplir y estaría en falta legal.  La ejecución de la obra pasa por un carril distinto al de los recursos. El COIRCO tiene jurisdicción sobre la cuenca del Río Colorado, pero Portezuelo del Viento es una obra provincial: Mendoza la licita, la paga, la controla y recibe los beneficios. No puede vulnerar ambientalmente la cuenca del Río Colorado (del que el Río Grande es afluente), pero son planos distintos. 

La obra tiene una magnitud monumental. Como ha reflejado MDZ, hay dudas sobre algunos aspectos de la licitación que hacen que hasta ahora haya pocas empresas que puedan participar. Algunos cambios de enfoque generaron la posibilidad de que haya competencia. Pero nuevamente Portezuelo, como todas las obras, deben ser un motor de desarrollo para la provincia (por lo que genere durante su construcción y explotación) y también ejecutarse con total transparencia. La obra tiene 1023 millones de dólares como financiamiento asegurado. Y es la Provincia quien dispone. Ese modelo no convence a todos en el Gobierno nacional. 

Hay quienes son optimistas y aseguran que el discurso del Presidente no tendrá consecuencias reales sobre la transferencia de fondos. Hubo comunicación entre los principales líderes políticos de Mendoza para tratar de bloquear el problema. Pero el intento estuvo: un nuevo avance sobre los derechos de las provincias, un atropello institucional y un ensayo de sometimiento político.