Suarez y un estilo que ya pone en jaque hasta su propia gobernabilidad

Suarez y un estilo que ya pone en jaque hasta su propia gobernabilidad

El gobernador apostó a evitar un enfrentamiento con la Casa Rosada y hace equilibrio en su relación con Cornejo. Pero está en riesgo la única obra pública que reactivará la economía y no llegará el auxilio financiero para enfrentar la crisis. Se avecina un choque de trenes por la designación de Day.

Marcelo Arce

Marcelo Arce

Haber transcurrido en la política siempre por el camino del medio, sin sumar demasiados amigos pero, sobre todo, sin haberse ganado muchos enemigos, le dio la chance a Rodolfo Suarez de convertirse en un candidato potable para Alfredo Cornejo que lo terminó ungiendo como su delfín. Esa misma estrategia, mostrarse como un dirigente propenso al diálogo y a la concertación, le dio luego quizás el plus necesario para alcanzar el objetivo y ganar la gobernación.

Pero a poco de andar, crisis de coronavirus mediante y luego de la esperada demostración de la Casa Rosada de que las viejas prácticas kirchneristas de cooptación hacia los gobernadores regresaron y con más vigencia que nunca, esa forma comenzó a mostrar las hilachas. Y de manera descarnada, este viernes quedó explícito que el estilo impuesto por Suarez para llevar adelante su vínculo con Alberto Fernández está poniendo en riesgo hasta su propia gobernabilidad.

Dentro de este marco, la provincia se encamina esta semana a un verdadero choque de trenes desde el punto de vista institucional. La Suprema Corte podría terminar definiendo la medida cautelar solicitada por senadores opositores para detener la llegada de María Teresa Day al máximo tribunal y, si bien oficialistas y opositores contienen el aliento por la repercusión que tendrá una decisión así, nadie sin embargo pisa el freno.

La designación de Day es parte de la estrategia de Cornejo de continuar consolidando poder en la provincia y ese nombramiento es la apuesta a terminar desequilibrando en favor del Gobierno los votos dentro de la Corte. Un resquicio constitucional en el currículum de la postulante, funcionó como catalizador de una oposición a la que le costaba encontrar temas que los unieran. Y que jugó una riesgosísima carta judicial que para algún sector del PJ es, inclusive, una apuesta que podría derivar en una intervención federal de Tribunales. La Justicia, otra vez, deberá resolver un conflicto que la política no pudo.

Dos integrantes de la Sala I del tribunal, Mario Adaro y Omar Palermo, están dispuestos a seguir adelante con el expediente que se inició por una acción declarativa de certeza y una medida cautelar solicitada por cuatro senadores de la oposición, que buscan que la Justicia sea la que diga si Day cumple o no con los requisitos constitucionales para ser jueza de la Corte.

Dependerá de cómo se resuelvan, el jueves, las recusaciones que el vicegobernador Mario Abed planteó. Pero lo que puede llegar a ocurrir mantiene paralizada a la escena política e institucional de la provincia: José Valerio (como el otro integrante de esa Sala y juez cercano al Gobierno) se tomará todo el tiempo disponible y firmará su sentencia sobre la cautelar recién el miércoles, es decir, un día después de la votación del pliego de Day en el Senado.

Tras eso, la Sala podría terminar dando lugar al amparo por la imposición de los votos y definir que no se concrete la jura de Day como ministra, descontado, claro está, que al oficialismo le sobran los números para aprobar su postulación en la Cámara Alta.

Es decir: Day habrá pasado el filtro del Senado, pero la Justicia podría terminar postergando su asunción hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Para el Gobierno, el Senado es juez suficiente para zanjar la disputa. Pero para la Corte, si cumple los requisitos, asumirá. Pero si determina en definitiva que no alcanza los diez años de ejercicio de la profesión de abogada exigidos por la Constitución, esa designación será considerada nula.

Un detalle desespera al Ejecutivo. Desde el punto de vista legal, la postulante de Suarez todavía no podrá asumir en su cargo más allá de obtener la cantidad necesaria de bolillas blancas, sencillamente porque el sillón que ocupará todavía no está vacante. Jorge Nanclares ya presentó su renuncia, su estatus actual es de licencia y se irá de su función una vez que acceda a los beneficios de la jubilación. Un trámite que podría demorar meses.

En este desbarranco institucional en el que estamos metidos, en Casa de Gobierno cuentan los días y para muchos la salida es práctica: hacerlo renunciar a Nanclares aunque sea de manera transitoria a sus beneficios jubilatorios para que deje libre el lugar y hacer jurar rápido a Day.

Los jueces que deben resolver la cautelar saben que lo que definirán es de altísimo riesgo y que se exponen, casi con seguridad, a un pedido de juicio político en su contra. Un hecho así, será inédito en una provincia que hizo del respeto a las instituciones su signo distintivo en el contexto histórico del país.

A nadie sorprendió que la votación de los gobernadores que integran el Coirco (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado) terminara el viernes 4 a 1 en favor a la postura de La Pampa en relación a la disputa por Portezuelo del Viento. Ese resultado estaba cantado desde hace casi un mes, el mismo día en que el presidente decidió anunciar que su intención era no seguir adelante con el financiamiento de la obra hasta que no se llegara a un nuevo acuerdo entre provincias por las declaraciones de impacto ambiental.

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, argumentó que la postura del gobierno nacional es “prescindente” en este conflicto y que solo busca que La Pampa y Mendoza resuelvan sus diferencias para poder seguir adelante con el proyecto. Pero, desde que se pisó el freno a la obra, siempre estuvo claro que eso era una falacia.

La Nación pasó por alto todos las votaciones anteriores en el Coirco que validaban lo hecho por Mendoza en materia de estudios ambientales y ordenó barajar y dar de nuevo. Nunca buscó un acuerdo, solo terminó poniéndole el oído a los históricos reclamos pampeanos en relación a este proyecto en Malargüe.

Por eso resultó fallida la salida negociada que buscó Suarez de proponer un fondo de garantías para que los integrantes del Coirco tengan chance de cobrarle multas a Mendoza en caso de incumplimientos en el manejo de las aguas del Colorado. El gobernador, primero hizo pública la propuesta en Mendoza, tres días después se la contó a De Pedro y luego la sometió a votación de sus pares pampeanos, rionegrinos, neuquinos y bonaerenses.

La goleada en contra estaba puesta desde los vestuarios y todo el gabinete era consciente de eso. Lo que está en discusión aquí es la intención de La Pampa de que Portezuelo no se haga o, en todo caso, pujar para conseguir un sillón en el futuro para influir en el gerenciamiento de la represa y en una eventual participación en el cobro de las regalías por la generación de energía hidroeléctrica.

La duda que todavía sigue flotando en el aire es por qué el presidente hizo lo que hizo. ¿Fue solo porque buscó hacer equilibrio con los gobernadores del PJ que patalearon porque Mendoza, como provincia opositora, se estaba llevando U$$ 1.023 millones para obra pública? Es probable. Pero siempre tuvo cuerpo la hipótesis de que, además, Alberto al sentarse sobre los fondos de Portezuelo le estaba cortando un circuito de financiamiento a las ambiciones presidencias de Cornejo para 2023.

Lo que está claro ahora es que, también en el marco del Coirco, lo que se aguarda es el laudo presidencial, porque así está establecido en los estatutos del organismo. Más evidente aún es cómo será ese voto que terminará por sepultar los reclamos de Mendoza.

Una expectativa alberga el gobernador sobre la decisión del presidente. La Pampa presentó su propuesta de que los nuevos estudios de impacto ambiental se realicen bajo el amparo de la ley 23.879, que fue sancionada por el Congreso en los 90, y que estableció, entre otros aspectos, la obligatoriedad de que los estudios de impacto ambiental para la construcción de represas hidroeléctricas en el país sean avalados por tres ministerios al menos. Esto, sin dudas, le imprimirá un retraso eterno a la obra si Alberto lauda en ese sentido. Ahora, si el presidente opta por nuevos estudios pero que sean de trámite más expeditivo, Portezuelo tiene algún futuro.

El 28 de julio será el día clave. Ese día el gobierno nacional deberá efectuar el cuarto desembolso del bono emitido por Mauricio Macri en 2019, que no son otra cosa que los recursos disponibles para avanzar con la construcción del dique. En este contexto sería desconcertante que Alberto pague los US$18,5 millones correspondientes, independientemente de que debe hacerlo porque la Nación tiene esa deuda asumida con Mendoza.

El gobierno hará como si nada y el viernes próximo avanzará con la apertura de los sobres con las ofertas técnicas y económicas de, hasta aquí, la única empresa interesada en hacer la obra que es IMPSA, quien a su vez vendrá asociada con constructores chinos y con empresas locales como Obras Andinas y Ceosa.

El panorama no es bueno. Nadie puede sostener a esta altura que Portezuelo en definitiva no se hará, pero es casi un hecho que el proceso licitatorio sufrirá demoras y que cada día que pasa se aleja el objetivo oficial de adjudicar antes de fin de año para que, ya el año próximo, el proyecto comience a generar movimiento económico y mano de obra. Para un gobernador que se quedó (por errores propios y como consecuencia de la pandemia entre los factores más importantes) sin herramientas para cumplir su promesa de campaña de diversificar la economía, que se no se haga Portezuelo o que se demore es asimilable a un tiro de gracia.

Sin embargo, nada hace presumir que el gobernador modificará sus formas de conducción y, mucho menos, que romperá su alianza con Cornejo por todo lo que está padeciendo. Suarez seguirá tomándolo como su sostén político, más allá que que desde Buenos Aires le están haciendo pagar y fuerte los costos de las aspiraciones presidenciales del exmandatario.

El mismo estilo de apostar a un vínculo basado en el sentido común con la Rosada, fue lo que lo llevó al gobernador a quedar prácticamente en ridículo el mismo día en que sufrió el revés en el Coirco. Mendoza tenía acordado con el ministerio de Economía de la Nación un desembolso de $3.000 millones que iban a ser destinados a través de un préstamo del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, que había sido estructurado por el gobierno nacional como parte de un programa de asistencia financiera a las provincias en el marco de la pandemia del Covid-19.

La provincia ya venía pataleando no solo por la demora en la llegada de esa ayuda que había sido anunciada el 9 de abril sino que, además, comenzó a observar cómo otras provincias ya estaban firmando sus carpetas y por sumas que rondaban los $5.000 millones, en el caso de Santa Fe o Córdoba.

El pedido de crédito de la provincia fue por $5.200 millones en una discusión con los funcionarios de Economía que transcurrió durante algunas semanas alrededor de aspectos técnicos: para evaluar el monto a acreditar, se tomaron en cuenta en un 60% los desequilibrios financieros y en un mejor porcentaje el impacto del Covid-19 y los índices de las necesidades básicas insatisfechas. El ministerio de Hacienda nunca confió en que el reparto se daría a través de estos indicadores y, con algún rezongo de por medio, terminó acordando $3.000 millones sabiendo que, en definitiva, los criterios de distribución serían políticos y discrecionales.

Lo que nunca imaginó el gobernador, fue que al momento de sentarse a firmar el monto del préstamo finalmente sería de $1.900 millones y la incredulidad era mayor porque esa no era la cifra que había acordado con De Pedro solo tres días antes. De esa plata no dependían solo los aguinaldos de los estatales, sino que el paquete esperado de $5.000 millones de asistencia nacional que nunca llegó era, en definitiva, algo del oxígeno financiero que se precia para cubrir el agujero de $10.000 millones que la pandemia dejó.

Cuando se enteró de que la plata era menos, Suarez pensó que se trataba de un error. En medio de la incredulidad por lo que estaba pasando, los funcionarios de Hacienda intentaron comunicarse con quienes habían negociado hasta el jueves por parte de la Nación pero ya era tarde: nadie del otro lado les atendió el teléfono.

 

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