En veinte años Mendoza no logró construir un solo dique

En una provincia como Mendoza que necesita como pocas de la regulación de sus ríos, tanto para el desarrollo humano como para el crecimiento económico, hace veinte años que no se construye ni un solo dique.

Puede resultar increíble: han pasado cinco presidentes, seis gobernadores, y por los menos siete ministros de obras públicas desde la inauguración de la presa de Potrerillos en 2001, año que marcó el hito histórico para lo que fue la construcción de una de las últimas obras de gran envergadura.

En momentos en donde, otra vez, entra en duda la construcción de Portezuelo del Viento en el Sur, otros proyectos también fueron naufragando en estas dos décadas producto de las promesas de financiamiento incumplidas, de procesos licitatorios cuestionados o de la incapacidad política de los funcionarios para llevarlos adelante.

A comienzos de esta semana Rodolfo Suarez habló por teléfono con Wado de Pedro, el ministro del Interior, para intentar acercarse a la posición del gobierno nacional tras el anunciado freno a la licitación de la obra en Malargüe y desde el gobierno provincial ya tienen un escenario de lo que puede llegar a ocurrir en la reunión del próximo 26 de junio convocada en el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco).

El funcionario de Alberto Fernández no lo dijo textual, pero a lo que se apunte muy probablemente es a negociar la participación de La Pampa (y al resto de las provincias integrantes del Coirco) en el gerenciamiento de Portezuelo una vez construido. Para Mendoza esa nunca fue una opción negociable. Siempre entendió que, al ser una obra provincial, la administración y el manejo de la presa corresponde al Departamento General de Irrigación y para ello trabajó en conseguir los votos en el Coirco hasta el 2019.

Suarez mantuvo reuniones permanentes en los últimos dos días con los tres ministros que están involucrados en la estrategia que se planteará el próximo 26, Mario Isgró, Víctor Ibañez y Enrique Vaquié, en dónde se analizaron las respuestas técnicas que la provincia dará en el seno del comité de cuenca del Colorado. Como opciones, en caso de que se insista con la negociación, también se estudia la alternativa de iniciar un juicio ejecutivo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pedir el pago de la totalidad del bono emitido para pagar Portezuelo y que suma U$S 1023 millones.

Pero esa jugada tiene sus riesgos también y están vinculados a los tiempos. El gobierno nacional podría definir (como hizo a principios de abril con otros bonos emitidos en dólares bajo legislación local) reperfilar esa deuda con Mendoza y terminar postergándola. Y por otro lado la jugada judicial no será sencilla: es cierto que este tipo de procesos son originarios en la Corte y por consecuencia no existen instancias de apelación una vez dictada la sentencia, pero la provincia dependerá de los dilatados tiempos del máximo tribunal para resolver este tipo de causas para hacerse del dinero.

Las dudas que otra vez ensombrecen a Portezuelo, sacan a la luz las deficiencias que ha tenido Mendoza para avanzar en la construcción de obras hidroeléctricas en las últimas décadas. Portezuelo del Viento comenzó a proyectarse a mediados de la década del 40 y pasó de escritorio en escritorio hasta que más de 60 años después, en 2006, Julio Cobos la subió a un acuerdo extrajudicial con Néstor Kirchner en 2006 que nunca se cumplió. Alfredo Cornejo reflotó en 2018 ese acuerdo y trató de reestructurarlo con Mauricio Macri y lo consiguió en 2019 a través de una cancelación de esa deuda en bonos. La provincia, por segunda vez en ocho años, anunció un proceso de licitación para la obra que, ahora y nuevamente, podría terminar frenado.

Pero hubo más obras de este tipo que nunca avanzaron. Desde el regreso de la Democracia en 1983, Mendoza viene desarrollando el complejo hidroeléctrico Cordón del Plata, un proyecto que consiste en una serie de represas pequeñas con seis centrales eléctricas para regular el río Mendoza. En los años 90 se le terminó de dar forma a esa idea que jamás encontró recursos hasta el año 2006 cuando, el entonces gobierno de Néstor Kirchner, incluyó a este conjunto de diques dentro de un paquete de 12 obras prioritarias para la Nación. Más allá de esa declaración política, nunca estuvieron los recursos para desarrollar este plan que, en conjunto con Potrerillos, cambiaría la realidad del Gran Mendoza.

Un ejemplo de las idas y vueltas fue el dique Los Blancos, un complejo hidroeléctrico sobre el río Tunuyán y al oeste de La Consulta. Durante los dos gobiernos de Cristina Kirchner se anunció varias veces que el financiamiento necesario para hacer esta represa por U$S $1.500 millones estaba disponible, pero en 2015 la falta de ese dinero más la ausencia de un proyecto ejecutivo, hicieron naufragar todo.

En el camino se encaró un proceso de licitación que derivó en un conflicto entre IMPSA y la empresa Cartellone, que llevó a la particular intervención de Cristina para que la obra se la quede esta segunda constructora, pero exigiendo que Enrique Pescarmona, a modo de compensación, se quedara con el negocio de la generación eléctrica. Las dos empresas terminaron lanzándose impugnaciones cruzadas que terminaron en la Corte.

En provincias vecinas se avanzó de otra manera. San Juan, por caso, ya va por la construcción del cuarto dique en el marco del Sistema de Aprovechamiento de su río más importante (el San Juan, precisamente). Mientras aquí los tiempos se dilatan. Y demasiado: Mendoza construyó Potrerillos, pero demoró una eternidad en completar las obras complementarias de ese mismo proyecto y tardó casi 18 años en terminar el túnel de Cacheuta y unos 20 en habilitar el túnel 1 de la ruta 7 (también en la zona de Cacheuta) que fue inaugurado hace 20 días nada más.