Bajar el costo político no debe quedar en un discurso

Uno de los ejes del discurso del 1 de Mayo del gobernador Rodolfo Suarez fue la necesidad de revisar el gasto público en la provincia de Mendoza. Pero más allá de la decisión de avanzar en una reforma institucional que apunta a bajar el presupuesto legislativo, también se refirió a la situación de privilegio de los trabajadores públicos respecto a las dificultades que se atraviesan en el sector privado. Pero a pesar de que el diagnóstico existe y la voluntad de afrontar el tema ya fue expresada, aún no avanza el proyecto para terminar con las equiparaciones a magistrados en el Poder Judicial.

Es innegable que la asfixia que sofoca al sector privado tiene un impacto directo en los ingresos a las arcas estatales. La ecuación es sencilla y si la situación se proyecta en el tiempo es indefectible que el Gobierno no contará con los recursos para pagar los sueldos de los estatales.

Ya lo anticipó hace semanas el ministro de Hacienda Lisandro Nieri, quien en conferencia de prensa reconoció que los sueldos de mayo no están garantizados y que incluso podrían pagarse de forma escalonada. En este sentido, el viernes el gobernador dedicó un párrafo de su discurso a la situación de los estatales y la diferencia que existe con los empleados privados.

"El gasto en personal representa el 54% de las erogaciones corrientes del gobierno provincial y por ello es un tema central frente al contexto económico actual. Sabemos que los contribuyentes hacen un notable esfuerzo para financiar la estructura del Estado, en particular el pago de los salarios de los empleados públicos. Empleados que gozan de salarios en promedio un 30% superior a los que se registran en el sector privado y de una estabilidad laboral superior, sin riesgo de quiebra por parte de su empleador, que es el Estado provincial. Es innegable el aporte de los empleados públicos para garantizar la calidad y disponibilidad de los servicios públicos, pero igualmente importante es el empleo privado como fuente de sostén de la mayoría de las familias mendocinas", manifestó Suarez.

Sin decirlo abiertamente, le recordó a los estatales la situación de privilegio en la que se encuentran y abrió el paraguas ante eventuales dificultades de pago en el Estado. Pero incluso se refirió particularmente a los casos que mayor inequidad expresan y que han generado indignación en la ciudadanía.

"Hemos rearmado la pirámide salarial a partir del sueldo del gobernador para que no haya más asimetrías absurdas, inexplicables e irritantes ante los ojos de cualquier mendocino, como venía pasando, por ejemplo, con algunos secretarios privados equiparados con magistrados", subrayó en alusión a la secretaria privada del juez Jorge Nanclares, que cobra un sueldo de bolsillo de 406 mil pesos.

Mientras que empresarios hacen malabares para pagar salarios a fin de mes y no despedir personal, esa empleada del Poder Judicial sabe que tendrá su dinero depositado el último día del mes. Dinero que surje de los impuestos de ese mismo empresario o del de los empleados que duermen con temor a despertar y enterarse que han sido despedidos o que su sueldo ha sido reducido.

Por lo expresado por Suarez durante su discurso, el diagnóstico existe y la voluntad de tomar cartas en el asunto ya fue expresada. Sin embargo, en los hechos no se registró ningún avance.

El proyecto de ley presentado por el gobernador para terminar con las equiparaciones quedó cajoneado en la Legislatura como consecuencia de la emergencia sanitaria que atraviesa la provincia.

Es importante que en las próximas semanas se retome esa discusión y se comience a trabajar seriamente entre todos los partidos políticos para avanzar en una reforma institucional.

Sobre todo, apuntando a terminar con los sueldos de privilegio y estructuras ociosas que se han engrosado a través de las décadas y hoy no pueden sostenerse.