La Corte presiona y aún no hay fecha para terminar con los privilegios

A pesar de que el proyecto de ley para terminar con las equiparaciones a magistrados se presentó en el mes de marzo, aún no hay certeza sobre si se tratará el próximo martes en el Senado. El gobernador Rodolfo Suarez volvió a hacer mención al tema en su discurso del 1 de Mayo, dejando claro que está decidido a avanzar contra las "asimetrías absurdas inexplicables e irritantes ante los ojos de cualquier mendocino", pero el tira y afloje puertas adentro de la Suprema Corte parece dilatar los tiempos.

El proyecto ya cuenta con despacho pero el nivel de tensión que ha generado en la justicia es tan alto que el borrador ha vuelto a la oficina del Ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez. En los últimos días se le han realizado algunas modificaciones y los jueces supremos presionan para que limitar el alcance de la iniciativa.

El inconveniente ha dejado de lado las diferencias ideológicas dentro del máximo tribunal y ha cruzado transversalmente a todos los ministros. El motivo es sencillo: todos han equiparado a algún empleado para que cobre como juez. Ahora, la preocupación es salir indemnes de la discusión y rescatar a los propios para que no se vean perjudicados. "Cada ministro de la Corte está defendiendo su quinta", admitieron desde el oficialismo.

Pase lo que pase, la propia inercia que Suarez le ha impuesto al proyecto garantiza su tratamiento. En el Poder Judicial lo saben. Por eso, la estrategia es ponerle coto al alcance y en lo posible limitarlo casi exclusivamente a la secretaria privada del presidente de la Corte.

La situación de Elizabeth Carbajal es de conocimiento público. Se trata de la secretaria privada de Jorge Nanclares y cobra 406 mil pesos por mes gracias a encontrarse equiparada a magistrada. Ese caso puntual fue lo que motivó el enojo del gobernador y terminó decantando en un proyecto de ley para "terminar con estas asimetrías"

Puertas adentro de la Suprema Corte reconocen que no hay justificación posible para que una empleada esté cobrando más que tres magistrados del máximo tribunal. En este sentido, admiten que es necesario enmendar situación. Pero es solo hasta ahí que están dispuestos a ceder. Que el hilo se corte por lo más fino.

Pero el proyecto de ley que presentó Suarez es más amplio y plantea quitarle la equiparación a todos los empleados que no estén respaldados por ley para cobrar como magistrados. Y en ese plano aparecen funcionarios que han sido beneficiados por distintos jueces de la Corte."El fondo de la cuestión es que muchos nombramientos son ilegales. Se ha equiparado a personas que la ley no los habilitaba para hacerlo. Es como si le pagarán a un funcionario igual que a un ministro del Ejecutivo solo porque es amigo. Hay una malversación", sostienen desde Casa de Gobierno.

Desde que Suarez envió su iniciativa a la Legislatura se ha desatado una verdadera cacería interna en la Corte en torno a los equiparados. Pero incluso antes de que el gobernador presentara su proyecto ya existían asperezas internas por cómo se estaban otorgando de forma discrecional este tipo de beneficios.

A tal punto que en el mes de diciembre el juez Mario Adaro denunció posibles irregularidades cometidas por sus pares Dalmiro Garay y Jorge Nanclares al dar por concluida la equiparación de una funcionaria para otorgarle el beneficio a otro procurador que pasó a cobrar como juez. Adaro se quejó de que le quitaron el beneficio a una empleada y se le asignó la partida a otro profesional sin que se realizara un concurso.

"Creo que existen algunas situaciones distorsivas, mientras que en otras hay argumentos. Por ejemplo, el administrador de la Corte entendemos que es un cargo análogo al del Contador General de la Provincia, equiparado por ley", sostuvo en el programa Con Qué Derecho.

"Estamos de acuerdo que hay que cambiar el régimen y hacer un régimen nuevo que no genere distorsión en esas designaciones que han quedado al margen del proyecto ley. Estoy de acuerdo con los concursos y eso era lo que expresaba la nota a Nanclares", adhirió. "Podemos tener matices en el sistema de escalafón nuevo, pero claramente tenemos un sistema que ha hecho crisis", remarcó en esa entrevista Adaro en torno a las equiparaciones a magistrados.

La pregunta que nadie se atreve a responder es a cuántos empleados se le terminará quitando el beneficio cuando se apruebe el proyecto que todavía no tiene fecha de tratamiento. Según las cuentas que hacen en el Ejecutivo, terminar con una veintena de equiparaciones irregulares representaría un ahorro sustancial en sólo un año. En tiempos de pandemia, afirman que el monto anual alcanzaría para construir un hospital.

"Si te digo que se trata esta semana te miento, pero tampoco te puedo confirmar que no se va a tratar este martes", expresó un legislador oficialista para graficar la situación que se vive en la Casa de las Leyes respecto al tema. Lo que ya es un hecho es que al texto original se le han realizado modificaciones y no descartan que se incluyan nuevos cambios antes de su tratamiento.