Catarata de pedidos de domiciliara en la justicia Federal de Mendoza
Al igual que en el resto del país, cientos de presos han presentado recursos ante los distintos tribunales que funcionan en Mendoza. En la mayoría de los casos se rechazan los pedidos, pero los imputados apelan y llegan hasta la Cámara Federal de Apelaciones.
En los últimos días el debate en torno a la situación de los presos que reciben prisión domiciliaria ha ido aumentando la temperatura. No sólo ha generado tensión entre el oficialismo y la oposición, sino que incluso ha sido motivo de chispas dentro del Frente de Todos. Mientras que el presidente Alberto Fernández sostiene que hay que evaluar los pedidos para grupos de riesgo y quienes están por cumplir sus penas, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa pidió juicio político a los jueces que procedan a la liberación de delincuentes sin darle vista, previamente, a las víctimas. En Mendoza la situación no es diferente a la del resto del país y en sólo en abril se han resuelto más de 140 recursos.
Pero según señalan desde la Justicia Federal de Mendoza desde el 1 de marzo han ingresado 480 pedidos de hábeas corpus, de los cuales muchos eran pedidos de prisión domiciliaria. En la mayoría de ellos, los internos intentan conseguir el beneficio de prisión domiciliaria aduciendo estar incluidos en grupos de riesgo. En la mayoría de los casos son denegados en primera instancia pero los internos presentan un recurso de casación para que el reclamo llegue a la Cámara Federal de Apelaciones.
A nivel nacional ya son más de mil los liberados pero en los juzgados federales mendocinos la mayoría de los pedidos de excarcelaciones o prisión domiciliaria han sido rechazados. En algunos casos, la negativa llega luego del informe médico que establece que "el causante no se encontraría incluido en la categoría de persona en encierro con una específica situación de vulnerabilidad, no estaría contemplado dentro de los pacientes de riesgo para COVID-19".
Además, los juzgados de primera instancia tienen en cuenta que el Ministerio de Seguridad del Servicio Penitenciario Provincial de Mendoza "en lo que concierne a las personas privadas de su libertad, estableció las medidas sanitarias de prevención y control, al tiempo que identificó y dispuso el seguimiento sanitario de la población de riesgo, que entendió integrada por: portadores de HIV; diabetes insulinodependientes; tratamientos por cáncer - radioterapia o quimioterapia; tuberculosis; inmunodeprimidos; hipertensión; Mayores de sesenta (60) años; embarazadas” .
En este sentido también destacan que "aún cuando el encausado pudiera pertenecer al denominado 'grupo de riesgo', lo cierto es que se encuentra en un ámbito carcelario cerrado, en el que se vienen adoptando múltiples medidas de prevención, vigilancia y detección temprana, todas ellas tendentes a proteger la salud de la población alojada y del personal penitenciario, a fin de prevenir o al menos minimizar la posibilidad de su contagio, de acuerdo a los lineamientos y directivas dictadas por la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud de la Nación y el protocolo establecido por el Servicio Penitenciario Provincial".
A ello añaden que se está llevando a cabo un Protocolo y una serie de medidas específicas de prevención para el contagio y propagación del Coronavirus, como ha sido restringir la admisión de todo interno, ciudadano, personal penitenciario, visitas, allegados, familiares, magistrados, abogados, proveedores, integrantes de ONG, que concurran a los establecimientos penitenciarios y que presenten alguno de los síntomas de la citada enfermedad, justamente a fin de prevenir o al menos minimizar la posibilidad de contagio.
Tanto el Tribunal Oral Federal 1 como el Tribunal Oral Federal 2 han analizado caso por caso los pedidos, teniendo en cuenta no solo parámetros sanitarios sino también riesgo de fuga y situaciones particulares de cada uno de los solicitantes. En la gran mayoría de los casos no se encuentran argumentos para conceder la domiciliaria y los pedidos se rechazan, algo que se suele repetir con las casaciones que llegan a la Cámara.
Ayer el gobernador de Mendoza dejó clara su postura frente al tema y aseguró que no están de acuerdo con "propiciar ninguna salida de las cárceles". “No tenemos por qué andar liberando gente que ha cometido delitos. Vemos otros lugares donde salen y vuelven a delinquir”, aseguró Rodolfo Suarez en conferencia de prensa.
Su pensamiento está alineado con el de los referentes de la UCR y desde el partido se han expresado públicamente a favor de las víctimas y en contra de la liberación de presos. "Usar la pandemia como excusa para todo es gravísimo. Acompaño a los familiares de víctimas de delitos en su reclamo contra el dictado indiscriminado de prisiones domiciliarias a delincuentes. La Justicia tiene que cuidarnos, no exponernos al delito", expresó en ese sentido el diputado nacional Alfredo Cornejo.

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