Echaron a una inspectora estatal que extorsionaba a supermercados

Una empleada de la Dirección de Fiscalización y Control del Ministerio de Economía fue cesanteada luego de que se comprobara que extorsionaba a empleados de supermercados para que le dieran mercadería gratis a cambio de no labrar actas de infracción. En concreto se la apunta de haber repetido esa mecánica en dos oportunidades acompañados por otros dos inspectores que estaban contratados por el Estado.

Todo saltó a la luz luego de que se tomara conocimiento de una nota presentada y suscripta por el encargado del supermercado Átomo sucursal Carrodilla, quien sostiene que el día 09 de setiembre de 2016 se presentaron en dicha sucursal inspectores de la Dirección de Fiscalización y Control quienes se identificaron con sus respectivas credenciales. En esa nota consta que los inspectores Elena Fabiana Yunes, Carlos Ramírez y Juan Esteban Gandía extorsionaron a los responsables de esa sucursal.

"Manifestaron que si buscan algo mal seguro lo encuentran aunque sea en algún producto y que si nosotros le dábamos algo para evitar multas ellos harían las actas diciendo que estaba todo en orden y no nos harían las multas, las cuales son muy elevadas depende del motivo, por lo que piden mercadería por el valor de $1.000 cada uno. Los inspectores toman carros, hacen como que controlan la mercadería, pero en realidad están comprando cosas para ellos, luego hacen las respectivas Actas donde dicen que se encuentra todo en condiciones”, explica el encargado de esa sucursal

Pero en base a ello luego se toma conocimiento de un hecho similar en la sucursal del supermercado Átomo de la localidad de Eugenio Bustos, ocurrido el día 27 de julio de 2016, donde se habría repetido el modus operandi (pedido de dádivas) por parte de los mismos inspectores de la Dirección de Fiscalización y Control al encargado de la empresa;

Los dos hechos fueron denunciados en sede penal y desde el supermercado adjuntan a las denuncias soportes magnéticos con videograbaciones de los acontecimientos denunciados. En base a ello, el Ministerio de Economía inició un sumario administrativo contra la empleada Elena Fabiana Yunez, quien intentó defenderse cuestionando la calidad de las pruebas y se escudó en fueros gremiales.

"Cabe aclarar que se excluyó del sumario administrativo a los señores Carlos Ramirez y Juan Esteban Gandía, por tratarse de personas contratadas bajo locación de servicios, mediante convenio con la Universidad Nacional de Cuyo, no perteneciendo a la planta permanente del Estado y por lo tanto no pudiendo ser vinculados a un sumario", explica el decreto 1642 publicado este miércoles en el Boletín Oficial.

Pese a que Yunes denunció fueros gremiales, por ejercer funciones como delegada gremial por el periodo 2018/2020 de la Asociación Sindical Sindicatos de Trabajadores Estatales Autoconvocados (SITEA) desde el Gobierno determinaron avanzar con la sanción y el gobernador Rodolfo Suarez le ordenó al asesor de Gobierno que avance en la exclusión de la tutela sindical de esa trabajadora.

"Del análisis de los elementos colectados en las presentes actuaciones administrativas surge que los hechos atribuidos a la agente Yunes han quedado acreditados y ello se traduce en un quebrantamiento de la prohibición de realizar, propiciar o consentir actos incompatibles con las normas de moral, urbanidad y buenas costumbres normada por el Artículo 14 Inciso F) del Decreto Ley Nº 560/73", determina la inspección sumarial.

"Que los testimonios son contestes y concluyentes en sus dichos en cuanto a los hechos denunciaos y también se han visto robustecidos con el registro fílmico portado, donde claramente se observa a la agente Yunes, conjuntamente con otras dos personas, pasando productos por la caja, los cuales son embolsados por el cajero, dejando inclusive mercadería en el carro, para posteriormente retirar las bolsas de la caja por una tercera persona", adhiere.

En base a ello, se dispuso aplicar la sanción de cesantía sujeta a exoneración mientras que en paralelo avanza la investigación judicial que podría terminar en una condena penal contra la ciudadana.