Fernández Sagasti busca acelerar cambios en la Justicia Federal de Mendoza

El oficialismo busca acelerar la implementación de los cambios en la Justicia Federal, particularmente en Mendoza para que se aplique el sistema acusatorio. Es decir un vuelco para que, entre otras cosas, sean los fiscales quienes estén a cargo de las investigaciones. Ese camino fue consensuado desde hace años, pero la implementación se demora. Por eso desde el Congreso emitieron una resolución para obligar a la Justicia, con la Corte y las Cámaras Federales como eje, para que establezca un cronograma para aplicar en la provincia el cambio. La medida no pasa desapercibida, pues pone incómodos a algunos jueces federales que hoy tienen mucho poder.

El Congreso ejecutó esa medida a través de la primera norma de la Comisión Bicameral de seguimiento de la implementación del Código Procesal. La resolución es también una foto política. La firma la senadora Anabel Fernández Sagasti como cabeza de ese impulso. La senadora mendocino es una las ejecutoras de los cambios que busca el Gobierno en Tribunales. O, mejor dicho, los cambios en la justicia que se buscan implementar desde el Senado. En la misma comisión está otra mendocina integrante del bloque del kirchnerismo. Se trata de la diputada Marisa Uceda.

El nuevo Código Procesal Penal Federal se implementa en Salta como prueba piloto y los otros dos distritos donde debe ejecutarse con Rosario y Mendoza. La Cámara Federal está a cargo de la implementación, pero falta un cronograma y los recursos. Ahora la comisión Bicameral conducida por Fernández Sagasti pide que aceleren.  Por eso piden "establecer un acabado diagnóstico que propenda a la determinación de un cronograma de implementación" del sistema acusatorio en ambos distritos.

Pero además, le piden al Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público para que nombren y adecúen los concursos la nuevo sistema.

La resolución de la Comisión Bicameral se solapa con la ley para modificar el Ministerio Público que también tiene a Fernández Sagasti como ejecutora en el Senado y la reforma judicial que el presidente Alberto Fernández mandó al Congreso y que también tiene el foco en los juzgados penales.

En la misma resolución de la Bicameral, Sagasti y el resto de los legisladores piden que se implementen otros artículos clave del Código que hacen a la oralidad. Entre otras cosas, que los debates sean con acceso al público y los medios de comunicación.