Insólito: Alberto Fernández nombró una jueza que no tiene juzgado para trabajar

El presidente Alberto Fernández presiona para que la Cámara de Diputados trate una reforma judicial que, entre otras cosas, plantea la creación de 55 juzgados federales de primera instancia y 18 de garantías. En total crea 118 cargos de jueces que deberían designarse una vez sancionada la ley. Pero en Mendoza un juzgado creado hace 11 años aún no tiene los recursos para poder funcionar. Este año se designó a la magistrada que se hará cargo del mismo, pero todavía no tiene oficina, personal ni tampoco secretario. Es decir, se nombró a una jueza que no puede trabajar.

Esos son los problemas que, si realmente importa mejorar el servicio de justicia, deben solucionarse. En lugar de empujar un proyecto faraónico que agranda aún más una justicia sin recursos, es imprescindible que los esfuerzos se vuelquen a solucionar situaciones como la del Juzgado Federal N°4 de Mendoza. O cubrir los cargos que siguen siendo subrogados limitando la capacidad de trabajo de distintas jurisdicciones del país.

El 2 de diciembre del año 2009 se aprobó la creación del Juzgado Federal de Primera Instancia N°4. La ley que lo habilita establece que funcionará con tres secretarías dos con competencia en ejecuciones fiscales y tributarias y una con competencia previsional. "Créase un cargo de juez de primera instancia y un cargo de secretario de juzgado de primera instancia, y los cargos administrativos que se indican en el anexo", señala la ley 26.584 y allí habla de un prosecretario administrativo, tres jefes de despacho, un oficial mayor, un oficial, un escribiente, escribiente oficial y dos ordenanzas.

Su objetivo era ayudar a descomprimir el trabajo del Juzgado Federal N°2, el cual se encontraba colapsado. Para tener noción de ese "colapso" en el 2019 se hablaba de una 157 mil causas acumuladas en temas sensibles que involucran a los jubilados.

Está previsto que el Juzgado Federal 4 funcione en el edificio de calle España al 955, pero para eso la jueza Susana Pravata necesita contar con el recurso humano necesario. Pravata fue oficializada en el cargo el 6 de noviembre, día en que se publicó en el Boletín Oficial su decreto de designación. Antes de ello debió rendir examen y pasar el filtro del Senado.

Ese extenso proceso ya ha concluido. pero la jueza Pravata no puede empezar a trabajar formalmente por una simple razón: no está habilitado el juzgado. El trámite de habilitación se inició una semana después de la designación, pero el proceso puede ser largo aunque se ha puesto énfasis para apurarlo. La Cámara de Apelaciones ya solicitó la habilitación y el pedido pasó a la Corte de la Nación además de haber sido aprobado por el Consejo de la Magistratura.

Desde la Justicia Federal se muestran optimistas y aclaran que el trámite está en marcha y que solo resta el visto bueno de la Corte. "Con suerte en febrero lo estaríamos habilitando", esgrimen con optimismo. Básicamente, necesitan que se autoricen la compra de computadoras y la designación del personal para que pueda abrir sus puertas.

Es en acelerar esos procesos que debería concentrarse el Gobierno y la propia justicia si realmente existe preocupación por mejorar el servicio que se brinda a la ciudadanía. Cada una de esas miles de causas acumuladas representan un reclamo de un ciudadano por una posible vulneración de sus derechos. 

Lo mismo ocurre con la subrogación de juzgados. Es menester que se siga avanzando en la designación de magistrados para que terminar con esa figura del juez subrogante que ha resentido el funcionamiento de juzgados por una simple razón: un juez tiene que hacer el trabajo de dos jueces. Este año el gobierno avanzó en ese sentido pero aún existen cientos de subrogancias en el país. Allí hay que concentrar los esfuerzos y el impacto será notorio sin necesidad de proyectos grandilocuentes.

Antes de determinar si hacen falta nuevos juzgados, sería oportuno poner a funcionar con las herramientas adecuadas a los que ya existen. Recién entonces se tendrá un diagnóstico preciso de la situación y se podrán reforzar los puntos que se consideren necesarios. En otro caso se corre el riesgo que los 55 juzgados que crearía la reforma judicial tarden 10 años para empezar a trabajar.