Limitaron los "superpoderes" y avanza la ley del Tribunal de Cuentas
Durante la sesión de ayer se le dio media sanción al proyecto que apunta a cambiar la ley orgánica del Tribunal de Cuentas. Se trata de una iniciativa que busca corregir deficiencias que hoy existen en el órgano de control y que fue elaborada por una comisión técnica que desde hace años redacta el texto que daría un salto de calidad al ente. Sin embargo, también se cuestionaba las atribuciones que le daba al presidente del tribunal Néstor Parés. Finalmente, se modificaron algunos incisos que cedían atribuciones a Parés y el proyecto se aprobó en la Cámara Baja.
En concreto, se realizó un cambio puntual al artículo 11, el cual habla de las atribuciones y competencias del presidente del Tribunal de Cuentas. Originalmente el proyecto delegaba en el presidente del órgano de control, un cargo vitalicio, la posibilidad de "designar y remover los funcionarios fuera de nivel escalafonario y asignar por Resolución el lugar de prestación de servicios de cada uno". Justamente, ese inciso fue recortado por los legisladores y simplemente le permiten "designar los funcionarios fuera de nivel escalafonario".
Ese punto había generado rispideces con la oposición e incluso con la comisión técnica que redactó el proyecto original. Sucede que tanto el artículo 11 sufrió algunas modificaciones antes de ingresar a la Legislatura y hubo críticas respecto al poder que delegaba en la figura del presidente. Técnicamente, el argumento con el que se justifica ese cambio es que al delegar las facultades administrativas en el Presidente, el resto del tribunal no se ve condicionado a la hora de revisar las cuentas del propio ente que integran.
Otro artículo que también se cambió es el artículo 8. La nueva ley crea la figura del vocal letrado y establecía que sería ese vocal quien se haría cargo de la presidencia cuando se toma licencia Parés. Eso también fue modificado y "en ausencia del Presidente del Tribunal, lo reemplazará el vocal de mayor antigüedad en la función".
El resto del proyecto prácticamente no sufrió modificaciones y la ley viene a traer un aggiornamiento importante para la fiscalización de las cuentas del Estado. Por ejemplo pondera la fiscalización del año en ejercicio pero otro lado también abre una instancia aclaratoria para que los sujetos sancionados puedan defenderse y se revise el fallo. Ese paso evitaría que tantos fallos del Tribunal de Cuentas sean recurridos ante la Suprema Corte, como sucede actualmente.
En los últimos años, muchos fallos que condenan a exfuncionarios a devolver dinero por irregularidades nunca se hicieron efectivos porque fueron recurridos ante la Corte y luego de extensos procesos que han llegado a durar décadas la Justicia anuló lo actuado por el Tribunal de Cuentas. Eso cambiaría creando una instancia intermedia para que el propio tribunal pueda revisar su accionar ante los recursos que presenten los cuentadantes.
También contempla cambios en forma de presentación de las cuentas, las penalidades, el procedimiento y los objetivos bien determinados y aclarados. Además la nueva ley subraya que cualquier persona de derecho público o persona jurídica privada tiene que rendir cuentas si administra fondos públicos.
El proyecto fue aprobado con mayoría y solo votaron en contra Mailé Rodríguez (FIT) y Mercedes Llano (PD). Por su parte, Mario Vadillo (Ciudadanos por Mendoza), se opuso a los artículos 56° y 59° y Liliana Paponet (PJ), se abstuvo de votar el artículo 5°. “Hemos logrado que se modifiquen artículos e incisos que generaban poderes que no iban bien con un tribunal colegiado que tiene por esencia misma, no tener una autoridad superior”, manifestó Vadillo durante la sesión