Arranca una guerra legislativa por el control del Tribunal de Cuentas

Cerca de fin de año y sorprendiendo bastante a la oposición, el Gobierno envió a la Legislatura una reforma importante. Se trata de la nueva ley orgánica del Tribunal de Cuentas, un proyecto con cambios para este organismo de control que está destinado a generar una fuerte polémica entre el oficialismo y la oposición.

La propuesta se debatirá hoy por primera vez en un zoom que agrupará a dos comisiones de la Cámara de Diputados y en el que participarán el presidente del Tribunal, Néstor Parés, y el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri.

Acelerado, el oficialismo pretende que el proyecto se vote en dos semanas, mientras que el PJ reclama tiempo para estudiar los cambios y se muestra, de antemano, en contra: "Quieren transformar un gran órgano de control de la Constitución en un organismo unipersonal con superpoderes", advirtió Liliana Paponet, del bloque justicialista de Diputados.

El Tribunal de Cuentas tiene la misión de revisar los gastos de los distintos ámbitos del Estado y se rige por una ley antiquísima: fue sancionada en 1932. Pero la reforma produce cuestionamientos: a priori, en el PJ apuntan contra los cambios en materia administrativa.

El proyecto establece que el presidente del Tribunal de Cuentas tendrá el manejo de los fondos y la facultad de designar y remover al personal. Entre las personas que podrá nombrar Parés aparece un cargo clave: el secretario relator.

El peronismo claramente no quiere que el ex presidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Alfredo Cornejo tenga esos poderes especiales, más allá de que, a la hora de emitir fallos, la decisión seguirá siendo plural. O sea, en una votación en la que seguirán valiendo lo mismo tanto la expresión del presidente como la de los cuatro vocales.

En el Tribunal de Cuentas hay dos directores de origen radical (Parés y Liliana de Lázzaro) y tres de cuna justicialista (Mario Angelini, Ricardo Pettignano y Héctor Caputto). Todos los cargos son vitalicios. O sea, pase lo que pase en la Legislatura, el PJ gana 3 a 2 en los casos conflictivos. Esto ocurrió hace poco: el sector "peronista" impuso una sanción millonaria contra los ex directivos de Vialidad que los miembros radicales no avalaron.

La primera interpretación del PJ es que la reforma del Tribunal de Cuentas es una "venganza" contra los vocales peronistas por el caso Vialidad y quieren evitar que el discípulo de Cornejo tenga más atribuciones que hasta ahora. Pero lo cierto es que el proyecto no es tan nuevo (rondaba en la cabeza del ex gobernador, más allá de que nunca lo presentó) y el radicalismo asegura que tiene varias bondades.

¿Cuáles son esas bondades? Según explicó el diputado Jorge López, incorpora la "oralidad" a las auditorías de gastos y también crea un recurso de reconsideración para evitar que los casos se judicialicen y terminen en la Corte. También prevé un mecanismo para actualizar las multas (se aplicará la tasa activa del Banco Nación) y evitar que los sancionados paguen sumas irrisorias por el efecto de la inflación.

Dispone por otra parte que el ingreso al Tribunal de Cuentas, que tiene cerca de 300 empleados, será en adelante por concurso, como en el resto del Estado.

En la UCR dicen también que la ley mejora las auditorías de los gastos propios del tribunal, ya que, si bien Parés los hará, en el futuro deberá excusarse y será controlado por los vocales del organismo. Hoy, en cambio, todos los miembros del tribunal son "juez y parte" cuando se tienen que auto auditar.

El Tribunal de Cuentas maneja un presupuesto superior a los 600 millones de pesos y cada gobierno de ha ocupado de dejar gente propia en el manejo del organismo de control. No parece que esto vaya a cambiar con la reforma. 

Aunque el PJ también ubicó a sus propios vocales, cree que la ley radical perjudicará la "independencia" del Tribunal de Cuentas. Habrá que ver cómo se desarrolla un debate que los dejará expuestos a ambos.