Otro proyecto del kirchnerismo alarma al mundo empresario

En el mundo empresario observan con recelo un proyecto legislativo que propone modificar los plazos de prescripción de reclamos de indemnización tras la extinción del vínculo laboral. Se trata de una iniciativa del senador del kirchnerismo Daniel Lovera y que apunta a que los empleados tengan más tiempo para hacer demandas a sus empleadores en caso de despidos. La iniciativa ya tiene dictamen de la comisión de Trabajo y Previsión Social en el Senado. 

Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) han expresado su preocupación. "El dictamen sustituye el texto del artículo 256° de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que actualmente establece que todos los créditos de origen laboral prescriben a los dos años, y lo reemplaza aumentando los plazos y distinguiendo entre dos tipos de acciones: tres años, para las acciones relativas a créditos provenientes de la extinción del vínculo laboral y cinco años para las demás acciones relativas a las relaciones individuales o colectivas de trabajo", expresan en un comunicado. 

"La iniciativa carece de argumentos jurídicos que sustenten las modificaciones propuestas, y sus efectos son contrarios a los buscados por medidas oficiales orientadas a sostener tanto la actividad económica como el empleo", agregan sobre el proyecto que avanza en el Senado dirigido por Cristina Kirchner.

Según publica La Nación, un empresario se quejó de que la idea de extender al máximo la posibilidad de hacer juicios, sumado a las multas que triplican las indemnizaciones "es un negocio de algunos y una de las causas principales por las cuales las empresas, y principalmente las pymes, no contratan personal".

Por otro lado, en paralelo también se encendieron las alarmas por un fallo judicial. En concreto, la Cámara nacional de Apelaciones del Trabajo dio lugar a una medida cautelar que obligaba a pagar la totalidad del salario a una empleada que había sido suspendida por la pandemia, pese a que existía un acuerdo con la CGT para que se pudiese aplicar un recorte salarial del 25% a los trabajadores suspendidos.

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