Por qué el 2020 no termina el 31 de diciembre: la agenda urgente que plantea el Gobierno

Si el 2020 fue agotador, hay una mala noticia. El año no termina el 31 de diciembre. Claro, es una proclama retórica porque el calendario cambia. Pero no será una bisagra, sino una continuidad en estado de tensión política. Es más. Probablemente sean días mucho más intensos que los vividos en plena pandemia, cuando la dirigencia se "guardó". Será en verano, será en el proceso de adaptación de la pandemia light, será en el inicio de las vacaciones. Y será un momento de decisiones trascendentes. Un 2021, con la agenda del año anterior. 

El fin de año y el inicio del nuevo confluirán con decisiones trascendentes, impulsadas sobre todo por el Gobierno nacional. La modificación de la ley del Ministerio Público Fiscal, la reforma judicial, la reforma previsional, la despenalización del aborto. Temas clave que serán decididos en las próximas semanas y cuya definición se resolverá de manera estratégica. 

El mecano del poder

El primer paso se dio en el Senado la semana pasada, donde se aprobó el proyecto para flexibilizar el ingreso y salida del procurador; el titular del Ministerio Público Fiscal.

La senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti fue una de las férreas defensoras de la idea. Y lo hizo tomando como base una verdad: en el entramado institucional de la Argentina la política y en particular el Congreso tienen atribuciones para diagramar e influir "sanamente" en otros poderes, como la designación y juzgamiento de jueces. La intención es evitar el "autocontrol", o que el peso corporativo pase por encima de los propios objetivos de la institucionalidad. Sagasti defendió el cambio en la ley del Ministerio Público y arraigó su posición en la Constitución y en la idea de evitar gestos corporativos. Pues hay allí una revelación.

Es real que es el Congreso, y la política, quienes definan la designación y control de los jueces, fiscales y funcionarios. Pero la intención de la Constitución y los legisladores que elaboraron el proyecto original era que se hiciera con un formato que garantice equilibrios y evite abusos. En definitiva, que los fiscales y jueces no pendan permanentemente del hilo del poder de turno. Por eso la idea de los dos tercios de los votos para avalar su llegada. Imposible olvidar otro dato: los fiscales pasarán a tener una trascendencia mayor por la aplicación del sistema acusatorio en la justicia federal. 

Lo que está detrás es la elaboración del nuevo entramado de poder institucional. Más allá de valoraciones positivas o negativas, está claro que el Gobierno busca construir un nuevo "mecano" institucional.

Allí puede radical la idea de acelerar la reforma judicial, la del Ministerio Público, incluso los cambios previstos en el funcionamiento de la Corte Suprema y otros organismos clave. Probablemente parte de esa nueva estructura responda a algunas urgencias coyunturales para algunos integrantes del Gobierno. Esos proyectos en particular no apuntan a "ampliar derechos", como ocurrió en el segundo Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, sino a acomodar instituciones. Y ocurrirá al calor del verano.

El principal desafío

La "continuidad" del 2020 tendrá igual otro tema trascendente y que condicionará el futuro inmediato. El miércoles se reúnen de manera virtual todos los ministros de salud del país para dar el primer paso en la campaña de vacunación nacional. Será el movimiento logístico más importante de los últimos años. Con un problema a cuestas: las malas experiencias en otros operativos universales en Argentina. Hay desde un problema de carencias de datos, hasta problemas logísticos. A principio de año, por ejemplo, no se logró repartir la tarjeta Alimentar de manera correcta; se llegó tarde y mal a gran parte del país. El cálculo y ejecución del Ingreso Familiar de Emergencia es otro ejemplo. La ANSES debía proyectar la cantidad de destinatarios posibles. Dijo que eran 3 millones. La realidad indicó que era el triple. Y aún hoy hay problemas para cobrar. 

El operativo sanitario tendrá exigencias extra. Además de evaluar prioridades para determinar quién se vacuna primero y establecer etapas (para lo cual es indispensable tener datos confiables) requerirá un nivel de infraestructura que aún no existe. Se piensa en las escuelas, por ejemplo, como sede. Hoy los edificios ni siquiera están preparados para dar clases, por lo que será aún más complicado nutrirlos de elementos (como freezers) para poder vacunar. 

Habrá voluntarios, el Ejército ayudará y se tomará el padrón electoral como base para planificar dónde deberá recurrir cada persona. La ansiedad por "dar buenas noticias" le jugó una mala pasada al presidente Alberto Fernández: dijo que en diciembre comenzaría la vacunación. Ni siquiera los jefes de Estado de los países donde se desarrollan las vacunas se animaron a tanto. Ahora fue algo más precavido.

Si se logra el objetivo que se trazó el viernes en la reunión de con los gobernadores, se podría llegar a marzo del año que viene con un grupo de personas ya inmunizadas y que ese mes comience la campaña masiva. Sería un hecho sin precedentes en la historia.