Nueva ley de movilidad, el desafío de recuperar lo perdido

Por Arturo Somoza*

Con el anuncio del envío del proyecto de ley de actualización de los beneficios de la Seguridad Social en Argentina se disparó un debate que hasta ahora tiene abundancia de opiniones interesadas de los que no son beneficiarios. Los economistas que consideran a la Seguridad Social como gasto fiscal y los que desean volver al confiscatorio y meritocrático sistema de AFJP, bombardean a la fórmula en la misma línea que lo hacen contra el peso. Agoreros de una megadevaluación, hiperinflación, ajuste del gasto fiscal (especialmente de las jubilaciones y pensiones), sostienen la fórmula del desgobierno de JxC, derogada por el Congreso. ¿Qué interés los mueve en proponer el ajuste por inflación, si no es impedir la estabilización de la economía argentina?

La suerte retributiva de los jubilados en un sistema solidario como el nuestro está totalmente atada a la suerte de la economía argentina, como lo está también la de los asalariados registrados y aún la de los de la economía social.

Sin entrar en detalles conviene desmontar alguna de las mentiras instaladas, como la del “ahorro de los jubilados”. Ese es un concepto de la capitalización individual de las AFJP que no se aplica el sistema solidario.  Actualmente menos de la mitad de los recursos de la ANSES provienen de los aportes de los trabajadores activos y de la patronal, y con esos recursos y los que provienen de la recaudación impositiva, se pagan las retribuciones de jubilados, pensionados y demás programas de seguridad.  Lo que nosotros aportamos oportunamente fue destinado al pago de las jubilaciones de ese momento, por lo que no existe y por lo tanto no está ahorrado.

La fórmula de actualización tiene particular importancia en nuestro país porque desde hace mucho vivimos en una economía inflacionaria. No se va a encontrar en la mayoría de los países este debate porque con inflaciones anuales menores al 4 % no tiene relevancia. Pero resulta que la actualización por inflación impide salir de ella y no evita que siempre se pierde la batalla. 

A lo que debemos aspirar es a una economía que se estabilice, donde el peso se consolide, se desdolaricen las tarifas y se elimine la especulación financiera y el sistema de altas ganancias en corto plazo. Una economía al servicio de la inclusión de todos los argentinos en la producción y los servicios, donde todos tengan cobertura social y se invierta el proceso de concentración de la riqueza.

En función de una política económica se desarrollan los instrumentos útiles, como es en este caso una fórmula de actualización que mantenga el poder adquisitivo de los beneficiarios, que depende mucho más de los precios relativos de consumo masivo y de las tarifas que de una actualización nominal.

Que la fórmula propuesta se base en la variable de actualización salarial tiene que ver con que nuestra jubilación nace de una tasa de sustitución del valor promedio de nuestro salario al jubilarnos (principio de actualización del origen) y que la otra mitad se explique por la recaudación del ANSES, es porque está vinculada a la recaudación de los impuestos afectados a la seguridad social (principio de sostenibilidad).

Lo que importa es la dirección de marcha, venimos de un país endeudado, sin inversión, con caída de la utilización de la capacidad instalada industrial, alto desempleo, salarios y jubilaciones en dólares más bajos de Latinoamérica, altísima inflación y ausencia de crédito y queremos ir a un país con desendeudamiento, trabajo para todos, recuperación del salario y de las jubilaciones, formalización de la economía social, inversión en producción e infraestructura, baja de la inflación, aumento de la balanza comercial, reducción del déficit fiscal, política impositiva progresiva  y sostenibilidad macroeconómica.

No nos sometemos a conceptualizaciones ideológicas del mercado (financiero), por eso sostenemos la nueva fórmula, porque apoyamos la dirección de marcha emprendida que ya está mostrando importantes logros. “La única verdad es la realidad”.

*El autor es Presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Mendoza y ex rector de la UNCuyo.