Los problemas de una gestión absorbida en su totalidad por la pandemia

Los problemas de una gestión absorbida en su totalidad por la pandemia

El Gobierno presentó una pauta de gastos para 2021 atada a la crisis del coronavirus. Todavía no está claro cuándo se producirá el pico de contagios, aunque se registraron datos alentadores. La reforma educativa pasó par el año que viene, después que se cayera en la cuenta del malestar docente.

Marcelo Arce

Marcelo Arce

Un poco de alivio encontró Rodolfo Suarez sobre el cierre de la semana cuando, desde el ministerio de Salud, le acercaron los últimos datos de la situación de la pandemia en Mendoza. Si bien todavía nadie se atreve a hablar de que se produjo un amesetamiento de los contagios, sí se redujo de manera considerable el índice de positividad, es decir, la cantidad de personas que se detectan como efectivamente contagiados al momento del hisopado. Esa cifra redondeó durante los últimos días de septiembre y los primeros de octubre el 38%, cuando en algunos días del mes pasado llegó a estar por encima del 45%.

Cuando nos acercamos a los 200 días de aislamiento y distanciamiento desde que el Covid 19 llegó a nuestras vidas ¿En qué punto estamos parados? El sistema sanitario sigue tensionado aunque con un margen de capacidad de respuesta, con una ocupación de camas de terapia para que, para el Gran Mendoza, está en el 87% y para la provincia en el 80%.

La cantidad de testeos por día sigue siendo baja, muy baja. Se está llevando a cabo a un nivel de 1.800 por día, lo que distorsiona una herramienta fundamental para trazar políticas sanitarias: se estima que, en Mendoza, como consecuencia de la poca cantidad de test que se realizan, la cantidad de infectados reales debería multiplicarse como mínimo por cuatro de la cifra que se difunde diariamente.

¿Estamos ya cerca de haber pasado lo peor? Difícil saberlo: para relajar el distanciamiento, bajar las restricciones a la circulación de personas y reabrir por completo algunas actividades que todavía permanecen clausuradas, el índice de positividad no debería ser superior al 10%. Y para tener la certeza de que el problema ya pasó, este mismo indicador no debería superar al 5%. El pico de la pandemia ¿Está cerca cuando el virus circula de manera sostenida y con casos en aumento sin parar desde julio? “No estamos en el pico y no se sabe cuándo se va a producir. El que diga eso en Mendoza es Gardel”, se sinceraran desde el Gobierno.

En tanto una simple recorrida por el proyecto de ley Presupuesto que presentó el ministerio de Hacienda a mediados de esta semana, basta para comprobar lo acotado que serán las ambiciones del gobernador durante su segundo año de mandato. La profundización de la crisis producto de la pandemia convirtió a este año como uno de los más críticos de la historia económica argentina reciente, con una caída del PBI que ronda el 19% durante el segundo trimestre que llevó el desempleo por encima del 15% en Mendoza y a la pobreza a niveles del 40%.

Cuál será, en consecuencia, el plan de gestión para el año que viene a través de la pauta de gastos que ya se discute en la Legislatura. Un puñado de claves: se intentará sostener el empleo a través de programas de asistencia por parte del Estado al sector privado con aportes que rondarán los $4.450 millones y para contribuir a reducir el impacto del parate en los sectores más afectados (como el turismo o las guarderías) se aplicarán rebajas impositivas del 50% en Ingresos Brutos que tendrán un costo fiscal de $746 millones. Para estos actores económicos el golpe fue letal, con una fuerte caída de la demanda interna y el desplome del consumo como consecuencia de la escasez de préstamos, del aumento del desempleo y de la pérdida del poder adquisitivo del salario.



Se invertirán $1.248 millones en mejorar la situación de los hospitales porque seguiremos en pandemia muy probablemente buena parte del año que viene todavía y se destinarán recursos para volver a poner las escuelas en condiciones para marzo. Suarez ya lo dijo internamente que, a como dé lugar, el ciclo lectivo 2021 comenzará con los chicos en las aulas.

Lisandro Nieri, el encargado de elaborar la pauta, dejó un compromiso por escrito ante los legisladores. “Para 2021, con el convencimiento que la consolidación fiscal es el mejor instrumento para otorgar previsibilidad, se prevé recuperar el equilibrio de las cuentas públicas”. Equilibrio que, en los dos últimos ejercicios al menos, se perdió. Hacienda, se ratificó, volverá a pedir además el roll-over de su deuda con un pedido de endeudamiento de casi $12.000 millones en lo que será, sin dudas, otra vez el punto mas discutido con el peronismo.

Del total de recursos, unos $238.000 millones, el 53% se destinará a pagar salarios de los empleados públicos en un año que, a diferencia de lo ocurrido en 2020, el Gobierno deberá sentarse a discutir aumentos. Es notoria la desinversión en materia de infraestructura pública que apenas si llegará al 6% del total: en concreto figuran un plan de viviendas por $3.000 millones y siete obras (cuatro a terminar y tres nuevas) que cuentan con financiamiento. Se incorporó un largo listado de medio centenar de otras obras que no tiene la plata asegurada y  se apeló de esta forma a un viejo recurso del armado de los presupuestos nacionales que siempre fuera criticado por Raúl Baglini. El histórico dirigente radical llamaba a este anexo “el trencito de la felicidad”, en donde todos los gobernadores se anotaban, sin estar jamás seguros de que en algún momento esas promesas que estaban escritas en un papel llegaran a concretarse.



En definitiva, lo que Suarez avizora que durante los meses de postpandemia es que el Estado provincial será la única rueda de auxilio del sector privado y aquí el panorama definitivamente no es bueno. Básicamente, porque estamos en presencia de una provincia fundida. “Es cierto que aumentando el número de bienes por habitante no alcanza para garantizar mayores niveles de bienestar en una sociedad. Sin embargo, es imposible mejorar de modo relevante el nivel de bienestar social sin aumentar el número de bienes y servicios por habitante (crecimiento). Así como no puede existir fuego sin oxígeno, del mismo modo, no puede haber más salud, más seguridad o más educación sin su oxígeno: el crecimiento”, expresó Nieri en su mensaje de elevación de la ley a la legislatura.

Un elemento llamó la atención. Hacienda minimiza el dato, pero si bien el Presupuesto destina $4.000 millones más para la Dirección General de Escuelas en 2021, ese número representa una baja del 4% en relación a lo que se invirtió este año para Educación tomando en cuenta el total de los gastos. Es un dato duro para un Gobierno que impulsa una reforma educativa.

Estas revoluciones se enfrentan a una realidad. Los cambios en educación no están marcados tanto por las leyes, sino que su éxito depende de la gestión. Ya se sabe: el gobernador avanzó sobre una reforma del sistema pero sin decir de dónde saldrán, ni cuántos fondos pondrá el Estado para llevarla a cabo. Es decir, no existe una propuesta acerca del financiamiento educativo. Redactó, en el borrador de proyecto que modificó esta semana, un artículo que establece que para financiar al sistema se destinará el 35% del Presupuesto, el mismo porcentaje que está establecido por ley desde 2002 y que, como se sabe, nadie cumple. Históricamente las autoridades escolares de los distintos gobiernos han eludido esa obligación y el financiamiento para Educación, en los últimos cuatro años por caso, rondó entre el 31% y el 33% (para el SUTE nunca llegó al 30%) como consecuencia de una interpretación acerca de qué gastos debían computarse y cuáles no de la pauta total. Si se analizan los números presentado por Hacienda, el porcentaje llegará el año próximo al 24%, aunque seguramente a esa cifra buscarán engrosarla con lo que se destinará al mejoramiento de la infraestructura escolar.

Suarez volvió a dar muestra de su estilo con esta ambiciosa propuesta de reforma. Avanzó y después retrocedió, cuando cayó en la cuenta, entre otras cosas, de que el ánimo docente para debatir en un Congreso Educativo no era el mejor en este escenario de pandemia. Debería haberlo sabido de antemano: el SUTE viene reclamando en la Justicia por la reapertura de paritarias que se clausuraron en 2020 y, además del agotamiento a esta altura por el sistema de clases virtuales, los docentes arrastran un malestar desde que se decidió pagarles el aguinaldo atrasado a los policías y al personal de la Salud y se los dejó afuera del anuncio.

Como señal, Suarez dejó sin fecha el cierre del Congreso que terminará proponiendo un proyecto de reforma que será debatido por una Bicameral en la Legislatura y aclaró (en los cambios que le introdujo al borrador que presentó hace diez días) un par de puntos que hacían ruido en el gremio docente. Modificó la redacción del artículo referido al estatuto docente, para clarificar que el Director General de Escuelas no se arroga la potestad de modificarlo y diluyó el alcance de la propuesta de crear un Instituto de Evaluación Educativa, que apuntaba a evaluar los docentes y que ese resultado tuviera impacto en su remuneración.

El objetivo de quitar el pie del acelerador fue “descomprimir y llevarlo todo más tranquilo para escuchar a todos”, según se explicó, ante una reforma que ya es un hecho que no se discutirá este año y que apunta a debatirse en un escenario mucho más conflictivo como el que se avecina, con elecciones de por medio. Un viejo dicho de la política en la Argentina que aplica en Mendoza desde siempre vuelve a tener vigencia en este caso y es que un gobierno tiene que hacer los cambios importantes que pretende en el el primer año de gestión. Porque llevarlos adelante después, le resultará imposible. 

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