Los argumentos de Sandes ante la Corte para que le retire los cargos millonarios

Los argumentos de Sandes ante la Corte para que le retire los cargos millonarios

El ex administrador General de Vialidad Provincial negó cualquier tipo de participación en el desvío de fondos de la institución. Culpó con nombre, apellido y montos a los empleados que le respondían.

Mariano Bustos

Mariano Bustos

En un extenso descargo presentado ante la Suprema Corte el exadminsitrador General de Vialidad Provincial, Oscar Sandes, ha cuestionado los cargos por más de 5 millones de pesos que le impuso el Tribunal de Cuentas. No solo expresó que el fallo está plagado de irregularidades, sino que apuntó directamente contra las personas que sacaron dinero de forma indebida de la caja chica del órgano estatal. Con nombre, apellido y montos, Sandes apuntó a los responsables y defendió su inocencia. 

Sandes es representado legalmente por Alejandro Jofré, exsubsecretario de Trabajo del gobierno de Alfredo Cornejo. Según el descarto del extitular de Vialidad, corresponde que la Corte suspenda la ejecución los fallo del Tribunal de Cuentas por "los vicios que adolecen sus elementos como motivación, razonabilidad, y además de la violación del procedimiento administrativo que debe seguirse previo a su dictado y el respeto a la teoría de los actos propios".

"La ejecución del fallo emitido por el Tribunal de Cuentas implica en consecuencia, la flagrante violación de los más básicos principios y derechos de orden constitucional, en tanto significa la violación al derecho de propiedad en base a una resolución administrativa que deviene nula, por desconocerse mi participación y responsabilidad en los hechos génesis de los cargos que se me hacen, como así también el organigrama de funciones en vigencia en Vialidad que me exime de toda y cualquier responsabilidad, sin olvidar que quien encabeza la investigación de los hechos y circunstancias que dieron lugar al cargo y multa impuestos he sido yo", advierte el exfuncionario que se fue envuelto en un escándalo por los gastos indebidos que se detectaron en la institución que conducía.

Incluso, denuncia que el castigo que le impuso el Tribunal de Cuentas es "una decisión temeraria, maliciosa, de mero tinte político que lesiona el derecho de debido proceso". "Se emite un fallo que atenta no sólo contra la verdad real, sino también contra toda razonabilidad y lógica, deviniendo en arbitrario", adhiere.

Sandes reconoce las irregularidades pero se deslinda de cualquier responsabilidad. "La aparente mecánica de la operación consistía en que desde la Gerencia de RRHH, a cargo de la Sra. Corina Mercedes Gallardo, se emitían formularios P18 (notas de pedidos para gastos) acompañados por facturas cuyo monto se adulteraba o no estaban vigentes (CAI vencido adulterado), se simulaba y falsificaba la firma del Administrador, vale decir mi firma, y se liberaban los fondos en efectivo y no en cheque como corresponde, conforme la normativa vigente y el uso y la práctica. Solamente se pasaba el formulario P18 y la factura a la denominada 'Mesa de Revisión', a cargo del Sr. Jaime Obredor, quien dependía de los contadores referenciados y daba el visto bueno a la tesorería (Miriam Herrera) para ir al banco y efectuar la extracción de dinero", narra el involucrado.

Según la defensa del exfuncionario, apenas supo lo que estaba ocurriendo "ordenó un sumario administrativo y designó una comisión investigadora integrada por contadores y abogados para que colaborasen en la investigación". "Sandes procedió en forma personal a formular la denuncia penal pertinente ante la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos, que quedó radicada en la Fiscalía Nº15 a cargo del Dr. Diego Hernán Ríos", agregan.

En cuanto a los argumentos para defender la inocencia de Sandes, remarcan que la propia Gallardo reconoció que había falsificado sus firmas. 

Pero Sandes también apunta con nombre y apellido a las personas que cobraron facturas y tickets de forma indebida y nombra a algunos funcionarios que siguen formando parte del personal de la institución. Además de Gallardo y la tesorera Miriam Herrera señala que "existen otras personas aparentemente implicadas, José Corzo, Mariano Yanzón, Ricardo Pizzoglio, Adriana Flores y José Fernández, cuyo sumario también ha sido ordenado". 

"El propio Gerente contador  Elías Jurado pasaba gastos de comida de fines de semana, playas de estacionamiento de días sábados y domingos o días de semana a las 19 Hs. (fuera del horario normal y habitual de trabajo en DPV)", denuncia Sandes en la Corte.

Por su parte, Corina Gallardo presentó tickets de sus vacaciones en la Costa Atlántica y también una compra en CENCOSUD realizado en un día domingo por $ 35.648. "Eran cobrados en efectivo y esos fondos eran cobrados por personal de Tesorería por orden de la Tesorera Miriam Herrera y muchas veces, por ella misma, firmante de los cheques", agrega.

Sandes reconoce que se pagaban servicios que no se prestaban o que se contrataban de forma irregular. Incluso, algunos a nombre de familiares de funcionarios de Vialidad y apunta con nombre y apellido contra los responsables. 

"Todo el análisis anterior demuestra mi absoluta falta de responsabilidad e identifica a los verdaderos responsables de los actos irregulares. Todo esto fue debidamente informado al Honorable Tribunal de Cuentas, pero no fue debidamente considerado por el mismo", asevera en el escrito presentado en la Corte. Pero luego rescata que el fallo del Tribunal de Cuentas tuvo votos en disidencia de otros dos "cornejistas": la vocal Liliana Muñoz y el presidente Néstor Parés.

"Es evidente que los delegados han actuado en violación directa del mandato de la delegación y de la ley. Mientras que la autoridad administrativa, cabeza del DPV, realizó todas las formas y procedimientos necesarios para llevar a los responsables con el fin de subsanar y evitar el daño hacia el Estado", asegura.

"Entonces, podemos decir, que es imposible suscribir los hechos detallados en autos, a una conducta de este tipo por mi parte, sino que por el contrario, ha existido una actividad diligente a la hora de perseguir el daño causado por agentes en contra de la administración. Afirmar lo contrario haría imposible el ejercicio de la actividad pública para las autoridades, ya que no es factible controlar toda la administración, máxime cuando hablamos de administraciones voluminosas", subraya.

"En el fallo atacado se advierten graves vicios de fundamentación que lo tornan arbitrario, y que convierten en letra muerta derechos constitucionales, por cuanto el mismo: contradice abiertamente las constancias de las actuaciones administrativas; contiene afirmaciones dogmáticas que constituyen un fundamento sólo aparente; prescinde de prueba decisiva para la resolución del caso; invoca prueba que contradice el principio de 'primacía de la realidad', y omite el tratamiento de cuestiones decisivas planteadas por la D.P.V", finaliza. 

 

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