Duplicarán la asistencia alimentaria porque se viene un "parate económico fuerte"

Ciertos números del Presupuesto revelan preocupaciones severas del Gobierno provincial para 2021. No son los más grandes, pero sí los que demuestran un declive significativo de la situación social en la provincia que habrá que atender.

La pauta para asistencia alimentaria refleja el umbral más bajo y delicado de la asistencia estatal. Para el año que viene, se han presupuestado más de 720 millones de pesos. Son los fondos que el gobierno de Rodolfo Suarez cree que va a necesitar para llevarles alimentos a la mayor parte de los indigentes.

No sólo el número de 2021 tiene  relevancia, sino su comparación con las cifras actuales. Este año, entre todos los rubros de asistencia y contingencias, la Subsecretaría de Desarrollo Social lleva gastada cerca de la mitad de la plata del año próximo.

Doble presupuesto, doble necesidad. En Gran Mendoza, la indigencia roza el 9 por ciento de la población, según las últimas cifras del INDEC. El subsecretario Alejandro Verón dice que unas 70.000 personas ya reciben la asistencia alimentaria del Estado provincial.

Indigente es quien no logra a cubrir el costo de canasta básica de alimentos. Esa personas la pasa bastante peor que el que no cubre las necesidades básicas, que es pobre. Más del 40 por ciento de los habitantes del área metropolitana está en esa situación, según el relevamiento del INDEC. Pero Verón cree que la pobreza es superior al 40 por ciento. Y dice que lo más peligroso es que esta gente caiga en la pobreza estructural, ya que costará décadas sacarla de allí.

Sucede que la pobreza y la indigencia empujan a la gente fuera del sistema. "Hay personas que no pueden recibir la garrafa social porque no tienen DNI", ejemplifica el funcionario, en momentos que ya, por lo menos, pasó el invierno.

El presupuesto de Desarrollo Social para el año que viene es de 3.631 millones de pesos, en total. Casi 10 veces lo que se piensa gastar el Gobierno Deportes, la otra subsecretaría bajo la conducción de la ministra de Salud, Ana María Nadal.

La idea es gastar la mayor parte de ese dinero (56 por ciento) en niñez y adolescencia, la prioridad principal, y el 24 por ciento restante en adultos mayores, discapacitados y el colectivo LGBT.

"La orientación es soportar un escenario de parate económico fuerte", dice Verón, para el año siguiente de la pandemia, que no se sabe si será la pospandemia. La previsión alimentaria es más amplia todavía, ya que los 726 millones pautados no incluye las viandas escolares y lo que se entrega en los hogares de la Dirección General de Protección, que albergan a más de 2.600 niños en total.

El detalle de la ayuda social sorprende por su magnitud. En lo que va del año, la Subsecretaría de Desarrollo social ya ha distribuido, por ejemplo, 156.000 paquetes de leche entre la población más carenciada. Las raciones para los comedores por su parte demandan un gasto mensual de 5,4 millones y además se entregan tarjetas alimentarias por unos 6 millones de pesos al mes.

A la ayuda provincial se suma la tarjeta alimentaria nacional, que otorga desde mayo entre 4 y 6 mil pesos por mes a cada una de las 65.000 personas que recibe la asignación universal.

¿Y toda esta plata no alcanza? Parece que no, porque el problema es otro. "Para que la pobreza no se vuelva estructural esto no hay que medirlo por ingreso, hay que generar condiciones: acceso a educación, salud, trabajo y servicios", explica Verón.