Día de la Memoria

Nunca más

En el Día de la Memoria, reproducimos los datos iniciales publicados por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Conadep, que constan en el libro "Nunca Más". Y ademas, el acceso a los datos completos.

domingo, 24 de marzo de 2019 · 10:14 hs

CAPÍTULO I

La acción represiva

A. Introducción general

Muchos de los episodios aquí reseñados resultarán de difícil credibilidad.

Es que los hombres y mujeres de nuestro pueblo sólo han conocido horrores semejantes a través de crónicas de otras latitudes.

La enormidad de lo acontecido, la transgresión a los fundamentos mismos de la especie, provocará todavía aquel «¿será cierto?» con que algunos intentaban sustraerse del dolor y del espanto, pero también de la responsabilidad que nace del saber, del estar enterado, porque a ello sigue, inexorablemente, el preguntarse: ¿cómo evitar que pueda repetirse? Y la angustiante inquietud de advertir que víctimas y victimarios fueron nuestros contemporaneos, que la tragedia tuvo a nuestro suelo por escenario y que quienes así afrentaron nuestra historia no ofrecen todavía actos o palabras de confiable arrepentimiento.

Asume esta Comisión la tremenda y necesaria responsabilidad de afirmar, concluidas estas primeras investigaciones, que todo cuanto si gue efectivamente sucedió, mas allá de los pormenores de algunos de estos sucesos individualmente considerados, de cuya existencia sólo pueden dar fehaciente testimonio quienes fueron sus directos protagonistas.

Pero meses y meses de escuchar denuncias, testimonios y confesiones, de examinar documentos, inspeccionar lugares y realizar cuanto estuvo a nuestro alcance para arrojar luz sobre tan estremecedores acontecimientos, nos autorizan a aseverar que existió una metodología represiva concebida para producir actos y situaciones como los que en adelante se informarán, cuya secuencia secuestro-desaparición-tortura, será analizada en los capítulos siguientes.

Cada uno de los testimonios incluidos bien pudo haber sido seleccionado al azar entre los miles de legajos que contienen relatos similares. Los incorporados a este informe son sólo una ínfima muestra del copioso material hasta ahora reunido.

Cualquiera de ellos por sí solo, permitiría formular la misma condena moral a la que arriba esta Comisión; pero es su pluralidad pródiga en referencias semejantes y convergentes, lo que cimenta incontrastablemente nuestra certidumbre acerca de la existencia y puesta en práctica de tal metodología represiva.

Los casos transcriptos no son de aquellos que constituyan excesos, ya que tales excesos no existieron si se entiende por ello la comisión de actos aislados, particularmente aberrantes. Es que todo el sistema, toda la metodología, desde su ideación, constituyó el gran exceso; lo aberrante fue práctica común y extendida. Los actos «especialmente» atroces se cuentan por millares. Son los «normales» .

Se ha dicho reiteradamente que aquellos miembros de las Fuerzas de Seguridad que incurrieron en «excesos» durante la lucha antisubversiva fueron o portunamente en juiciados a iniciativa de las autoridades de dichas fuerzas.

Esta Comisión desmiente rotundamente tal aserto, toda vez que de la información obtenida hasta el momento no surge que miembro alguno de las Fuerzas de Seguridad haya sido procesado por estar involucrado en la desaparición de personas o por aplicación de tormentos o por la muerte de detenidos alojados en los centros clandestinos de detención.

Las autoridades militares del Proceso de Reorganización Nacional denominaron «excesos» a los delitos perpetrados por efectivos militares o policiales con fines particulares, sin autorización de sus superiores, al margen del accionar represivo.

Como se verá más adelante, homicidios, violaciones, torturas, extorsiones, saqueos y otros graves delitos, quedaron impunes, cuando se perpetraron en el marco de la persecución política e ideológica desatada en esos años.

B. El secuestro

Luz verde (o Area Liberada)

Queda en claro que cuando la «patota» o «Grupo de Tareas» debía efectuar un operativo, llevaba el permiso de «LUZ VERDE». De esta manera, si algún vecino o encargado del edificio se ponía en contacto con la seccional de policía mas próxima o con el coman do radioeléctrico pidiendo su intervención se le informaba que estaban al tanto del mismo pero que no podían actuar.

Para trasponer una jurisdicción policial, las fuerzas operantes debían pedir la «luz verde», lo cual hacían mediante el uso del radiotransmisor, o bien estacionando unos minutos frente a la respectiva comisaría o, incluso, al propio Departamento Central.

Adolfo T. Ocampo (Legajo N° 1104) relata del siguiente modo el secuestro de su hija Selma Julia Ocampo:

«A las 2 de la madrugada del 11 de agosto de 1976, penetraron en el edificio y derribaron la puerta del departamento de mi hija y se introdujeron en éste. Otros hombres se quedaron vigilando el departamento. Este episodio fue presenciado desde el departamento de en frente por el Capitán de Navío Guillermo Andrew quien merced a un llamado telefónico logró que llegaran al lugar dos camiones del Ejército. Los dos grupos se trabaron en un intenso tiroteo (aún hoy pueden apreciarse los impactos en el frente). El tiroteo se detuvo cuando las fuerzas recién llegadas y a las órdenes del Capitán ya citado pudieron oir a los victimarios gritar: «TENEMOS ZONA LIBERADA», acorde a esto, se retiraron las fuerzas, dejando actuar a los victimarios, quienes después de destruir y robar, se llevaron a Selma y a una amiga, Inés Nocetti, ambas desaparecidas al día de la fecha...»ncursión de los secuestradores o «patota» en los domicilios. Nocturnidad. Anonimato

Con la intempestiva irrupción del grupo a cargo del secuestro comenzaba el primer acto del drama que envolvería tanto a las víctimas directas como a los familiares afectados. De éstos y de otros miles de testimonios que están en los archivos de la CONADEP, deducimos que dentro de la metodología del secuestro como forma de detención, los operativos se realizaban a altas horas de la noche o de la madrugada, generalmente en días cercanos al fin de semana, asegurándose así un lapso antes de que los familiares pudieran actuar.

Generalmente, en el domicilio irrumpía una «patota» o grupo integrado por cinco o seis individuos. A veces intervenían varios grupos, alcanzando hasta 50 personas en algunos casos especiales.

Los integrantes de la «patota» iban siempre provistos de un voluminoso arsenal, absolutamente desproporcionado respecto de la supuesta peligrosidad de sus víctimas. Con armas cortas y largas amedrentaban tanto a éstas como a sus familiares y vecinos. Previo al arribo de la «patota», solía producirse en algunos casos el «apagón» o corte del suministro eléctrico en la zona en que se iba a realizar el operativo.

La cantidad de vehículos que intervenían variaba, ya que en algunos casos empleaban varios autos particulares (generalmente sin chapa patente); en otros contaban con el apoyo de fuerzas regulares, las que podían estar uniformadas, en camiones o camionetas identificables como pertenecientes a alguna de las tres fuerzas y, en algunos casos, helicópteros que sobrevolaban la zona del domicilio de las víctimas.

La intimidación y el terror no sólo apuntaban a inmovilizar a las víctimas en su capacidad de respuesta ante la agresión. Estaban dirigidos también a lograr el mismo propósito entre el vecindario. Así, en muchos casos, se interrumpió el tráfico, se cortó el su suministro eléctrico, se utilizaron megáfonos, reflectores, bombas, granadas, en desproporción con las necesidades del operativo.

En el legajo N° 3860, obra la denuncia de la desaparición de Alberto Santiago Burnichon, en las siguientes circunstancias:

«El 24 de marzo de 1976, a la 0.30 hs., penetraron por la fuerza en nuestro domicilio de Villa Rivera Indarte, en la provincia de Córdoba, personas uniformadas, con armas largas, quienes se identificaron como del Ejército junto con personas jóvenes vestidas con ropas deportivas. Nos encañonaron y comenzaron a robar libros, objetos de arte, vinos, etc., que fueron llevados al exterior por los hombres uniformados. No hablaban entre ellos sino que se conunicaban mediante chasquidos de los dedos. El saqueo duró más de dos horas; previamente se produjo un apagón en las calles cercanas a nuestro domicilio. Mi esposo, que era gremialista, mi hijo David y yo fuimos secuestrados. Yo fui liberada al día siguiente, luego lo fue mi hijo, quien estuvo detenido en el Campo "La Ribera". Nuestra casa quedó totalmente destruída. El cadáver de mi esposo fue hallado con siete impactos de bala en la garganta.»

Lucio Ramón Pérez, Temperley - Pcia. de Buenos Aires (Legajo N° 1919), relata del siguiente modo el secuestro de su hermano:

«El 9 de noviembre de 1976 fue secuestrado mi hermano. Estaba descansando en compañía de su esposa y de su higo de 5 años, cuando a las 2 de la madrugada fueron despertados por una fuerte explosión. Mi hermano se levantó, abrió la puerta y vio a cuatro sujetos que saltaban por el cerco.

Vestían de civil, uno con bigotes y turbante (pullóver arrollado en la cabeza) y llevaban armas largas. Tres de ellos entraron al departamento y obligaron a mi cuñada a cubrirse los ojos y le dijeron al nene que cerrara los ojos. Los vecinos dicen que mi hermano fue alzado de los hombros por dos sujetos e introducido en un Ford Falcon. Eso es lo último que supe de él. También dicen que había varios coches y una camioneta; muchos sujetos estaban detrás de los árboles con armas largas. Habían interrumpido el tránsito y un helicóptero sobrevolaba la casa.»

Las «patotas» efectuaban los operativos de secuestro a cara descubierta. En la Capital Federal y en otros grandes centros urbanos, su anonimato estaba garantizado por los millones de rostros de la ciudad.

En las provincias, donde su identificación era más probable dado que alguno de los secuestradores podía ser vecino de la víctima, debían disimular sus facciones. Es así que se presentaban usando pasamontañas, capuchas, pelucas, bigotes postizos, anteojos, etc.

En el único lugar donde esta regla no se cumplió totalmente fue en la provincia de Tucumán, donde el aparato represor actuaba con la mayor impunidad, y la población se hallaba más indefensa y expuesta a su acción.

María Angélica Batallan, provincia de Tucumán (Legajo N° 5794) relata del siguiente modo el secuestro de su hijo Juan de Dios Gómez:

«El 10 de agosto de 1976, a las 6 de la tarde un grupo de militares al mando del Tte. Flores que andaban en una camioneta, detuvieron a mi hijo en el Ingenio Santa Lucía, en la despensa donde trabajaba. Después me lo trajeron para la casa, ahí nos amenazaron a mí y al padre. Revisaron todo. Después se fueron con mi hijo y no tuvimos más noticias de él».Si bien constan en los archivos de la CONADEP denuncias acerca de aproximadamente 600 secuestros que se habrían producido antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976, es a partir de ese día que son privadas ilegitimamente de su libertad decenas de miles de personas en todo el país, 8.960 de las cuales continúan desaparecidas al día de la fecha.

La metodología empleada fue ensayada desde antes de asumir el gobiemo militar (Operativo «Independencia» en Tucumán). Se distingue de los métodos empleados en otros países por la total clandestinidad en que se obraba; la detención de personas seguida de su desaparición y la pertinaz negativa oficial a reconocer la responsabilidad de los organismos intervinientes. Su período de aplicación es prolongado, abarca a toda la Nación y no se limita a los grandes centros urbanos. Las estadísticas elaboradas en base a los testimonios recibidos arrojaron los siguientes porcentajes:

Personas detenidas ante testigos, que continúan en condición de desaparecidas:

Detenidos en su domicilio ante testigos..........................62 %

Detenidos en la vía pública.........................................24,6 %

Detenidos en lugares de trabajo.....................................7 %

Detenidos en lugares de estudio.....................................6 %

Desaparecidos que fueron secuestrados en

Dependencias Militares, Penales o Policiales,

Estando legalmente detenidos en esos establecimientos............0,4 %

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