Semana clave para la causa por la reelección de los intendentes

Semana clave para la causa por la reelección de los intendentes

El martes que viene, en la mañana, el Gobierno responderá la medida cautelar que presentaron los jefes comunales del PJ para frenar los efectos de la promulgación de la enmienda que les impediría competir en los comicios de este año. Hay expectativa ante la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pida un fallo plenario del alto tribunal, para evitar que esa decisión la tome la sala que integran los ministros Adaro y Palermo.

La causa que enfrenta en la Corte provincial al PJ y al Gobierno por la reelección de cuatro intendentes tendrá una instancia clave la semana que viene. El martes en la mañana, el Poder Ejecutivo responderá la medida cautelar que presentaron los jefes comunales del peronismo.

La respuesta oficial reflejará cuál es la estrategia para evitar un fallo adverso. Indicará, por ejemplo, si el Ejecutivo acepta que sea la Sala Segunda la que resuelva esa medida cautelar o si, en cambio, pide un fallo plenario del alto tribunal. O sea, con la intervención de sus siete miembros.

En la Corte señalan que no es usual que una medida cautelar tenga tratamiento plenario. "Pero cualquier cosa puede pasar en este caso", advierten a la vez.

Un antecedente alimenta esa posibilidad. La acción de inconstitucionalidad del SUTE contra el Ítem Aula estaba a punto de ser definida por la Sala Segunda, pero el Poder Ejecutivo frenó el fallo y pidió plenario. Finalmente, la demanda del SUTE fue rechazada.

Aquella maniobra reflejó la desconfianza del Gobierno respecto de la sala que integran Mario Adaro y Omar Palermo, junto a un tercer juez, que no genera esa preocupación (José Valerio), pero es minoría.

La definición de la cautelar que presentaron el 31 de enero pasado los intendentes Emir Félix, Jorge Gimenez, Roberto Righi y Martín Aveiro tiene importancia máxima para la coyuntura electoral. Si la Corte la acepta, quedará frenada la promulgación de la enmienda del artículo 198 que efectuó Cornejo.

Esa enmienda limitó las reelecciones de los jefes comunales mendocinos y dejó fuera de competencia para las elecciones de este año a seis de ellos: cuatro del PJ y dos oficialistas.

La cautelar del PJ pide que la Corte, a través de una acción de "no innovar", frene la aplicación de la enmienda, por lo menos hasta que se resuelva la "cuestión de fondo". No se sabe cuándo puede ocurrir esto.

Es casi seguro, de todos modos, que la cuestión de fondo no se resolverá en la Corte antes de que se venzan los plazos del cronograma electoral, por lo menos para los cuatro intendentes del PJ que adelantaron los comicios y accionaron contra la enmienda. Estos intendentes tienen sólo hasta el 9 de marzo para presentarse como candidatos.

Hoy no pueden hacerlo, por la enmienda que promulgó Cornejo, pero si la Corte aceptara la cautelar que presentaron, sí se podrán presentar en las elecciones de sus departamentos. Más allá de que en el futuro el alto tribunal diga que la promulgación de esa enmienda es constitucional.

Por eso todo el mundo está atento a los plazos de la cautelar. La Sala Segunda notificó ayer al Poder Ejecutivo y, después de que pase por las manos de la Asesoría de Gobierno, también deberá dar participación a la Fiscalía de Estado. 

Fernando Simón tomaría distancia en su dictamen tanto del Gobierno como de los intendentes, con una visión crítica sobre la reelección indefinida, pero tendiente a que sea la Corte la que revise el fallo Kemelmajer.

Recién a partir del 18, los jueces estarían en condiciones de resolver el pedido justicialista.

Esta fecha casi coincide con otra ya fijada en la causa de fondo con anterioridad. En diciembre, la misma sala de la Corte que entiende en la cautelar dispuso que la audiencia inicial por la acción de inconstitucionalidad del PJ se realizará el 19 de febrero a las 10 de la mañana en el salón de actos de la Suprema Corte de Justicia.

La resolución, que tuvo las firmas de seis de los siete miembros de la Corte (Palermo estaba de licencia), indica que este conflicto de poderes se tiene que resolver conforme lo que establece el nuevo Código Procesal Civil para el resto de las causas: a través de la oralidad. O sea, con una audiencia inicial en la que las partes se vean las caras ante los jueces y expliquen por qué están en conflicto.

Esta audiencia agrega un condimento más a una novela judicial de alto impacto para la política mendocina.

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