El Gobierno aclaró que "sin reglamentación la ley no tendrá efecto"

La reforma de la ley 7722 ya fue sancionada, promulgada y publicada en el Boletín Oficial. Sin embargo, el Poder Ejecutivo aclaró esta tarde que no tendrá ningún efecto concreto hasta que no sea reglamentada.

"La facultad de reglamentar le corresponde al Poder Ejecutivo en la Provincia y en la Nación. Hasta tanto no concluya esa etapa, la ley no va a producir ningún efecto", aclaró en ese sentido el ministro de Gobierno Víctor Ibáñez.

El funcionario sostuvo en el programa Cambio de Aire, de MDZ Radio, que la reforma de la 7722 es una "ley no operativa" que, como muchas otras, requiere reglamentación para ser aplicada. Además, aclaró que este paso "no es menor", pues está inscripto en la Constitución provincial. 

En tanto, por otro lado, Ibáñez sostuvo que la reglamentación de la reforma de la ley 7722 no tiene plazos establecidos en la Constitución provincial. 

Pero en todo caso debe contemplarse la posibilidad de que haya una demanda judicial contra el Gobierno por la no reglamentación de la norma que ya fue sancionada. Esa demanda judicial no se puede producir antes de los seis meses desde la aprobación de la ley, lo cual ocurrió el viernes pasado.

"Una norma que no ha iniciado el proceso de reglamentación no produce un daño concreto", precisó Ibáñez, en contraste a lo que dijeron hoy algunos legisladores, como el diputado de Protectora Mario Vadillo, quien dijo que la Provincia podría sufrir un amparo en virtud de lo que dispone el Código Procesal Civil.

También dijo el ministro de Gobierno que la mesa del diálogo "va a dar origen a mantener la ley como está o modificar alguno de sus aspectos, en la órbita que corresponda".

Ibáñez también habló de la consulta vinculante, o sea, la posibilidad de llamar, en una última instancia, a que la ciudadanía se exprese en las urnas a favor o en contra de la reforma. 

El funcionario aseguró que se podría hacer una consulta sobre la 7722 en virtud de la Constitución Nacional. Ese sería el "marco jurídico", ya que la Constitución provincial no incluye esta figura. 

"La Constitución Nacional da el paraguas para esto", aseguró, y recordó que cuando se hizo el plebiscito sobre el canal de Beagle (1984) Alfonsín ni siquiera contaba con la herramienta de la consulta, que se incorporó en la reforma de 1994. 

"La legalidad está presente en todo el proceso, pero ante los planteos, se requiere legitimidad. Tiene que haber consenso social", reconoció Ibáñez, y adelantó que el gobernador podría arrancar "esta tarde" con las reuniones del diálogo. 

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