La prostitución seguirá siendo ilegal y sin castigo para el cliente
El oficio más antiguo del mundo tiene un espacio acotado entre las reformas del Código de Faltas. No se viene la legalización: ejercer la prostitución seguirá siendo en Mendoza una falta castigada con multa o arresto. En cambio, el cliente no sufrirá sanciones.
De ese modo, el proyecto que discute la Legislatura se diferencia, por ejemplo, del famoso Código de Convivencia que rige en la Capital desde 2014. Esa normativa establece en su artículo 41 que "se prohíben el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirectamente de servicios sexuales".
Pero el Código capitalino no parece haber sido tomado como modelo por los senadores a la hora de tratar la prostitución en el código contravencional. De acuerdo con la última redacción, de 188 artículos que tiene el proyecto, esta actividad aparece mencionada en forma directa en uno solo: el 83. Y ese artículo castiga solamente, con multas de hasta 7.600 pesos (800 UF) o arresto de hasta ocho días, a quien incite a "mantener prácticas sexuales por precio".
Eso sí, el nuevo Código de Faltas corrige un defecto notable de la vieja redacción que data de 1965. Allí se establecían también multas y arresto para las "mujeres y homosexuales" que ejercieran la prostitución. La normativa, claramente, era discriminatoria, ya que castigaba al sexo femenino y a una opción sexual, pero no tenía en cuenta la prostitución masculina. Ahora, el artículo 83 sólo se refiere a "las personas" que inciten a tener sexo por plata.
La prostitución, por otro lado, sigue estando penalizada tanto en la vía pública como en los "sitios privados".
En el código de 1965 había tres artículos sobre este tema (54, 54 bis y 55). Ninguno se mantiene en el nuevo proyecto, que evita que la prostitución sea estigmatizada como un vehículo para las enfermedades.
Eso busca el artículo 126, que castiga a toda persona que "transmitiera enfermedad venérea o contagiosa". Esa pieza remplaza al viejo artículo 55, que mientras siga vigente establece que una prostituta a quien se le encontrara una enfermedad venérea o contagiosa, puede ser sometida a un arresto de hasta 30 días.
El proyecto nuevo intenta también introducir en el artículo 83 un párrafo a favor de las personas que practican la prostitución. Ha sido el resultado de algunos planteos que hizo la propia asociación de meretrices, en comisiones, sobre los abusos que cometen la policía y los cuerpos de preventores municipales cuando abordan a alguien prostituyéndose.
Pero la redacción no es buena, al punto que los propios autores del código no logran explicar qué quiere decir. Esa parte dice: "Para la actuación provincial y/o municipal se requerirá medidas probatorias tecnológicas en lo posible".
Por qué el "abolicionismo" no quiere legalizarla
La senadora radical Daniela García es quien defiende esta parte del proyecto por parte del oficialismo. La legisladora sostiene que, desde una línea abolicionista, no se puede legalizar la prostitución. "No es buena, porque es la primera forma de violencia a la mujer", afirma.
También sostiene que la actividad genera "una colisión de los derechos y deberes de los ciudadanos, porque la gente llama a la Policía para que saquen a las personas que se instalan en la calle para ejercer la prostitución".
La legisladora dijo que estudió cinco códigos para definir esta posición. En ese análisis incluyó la legislación de países como Holanda, que ha legalizado la actividad, y otros como España, que sanciona tanto el ejercicio como el consumo de la prostitución.
Parece que la redacción del artículo 83 tuvo numerosos cambios y hubo posiciones encontradas, ya que ni la propia García está de acuerdo en que se sancione al que cobra y no al que paga por sexo.
Eso sí, la idea de que la prostitución debería desaparecer marcó su rechazo a propuestas legalizadoras como la que ahora mismo impulsa el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
García recomienda en este sentido leer a la chaqueña Sonia Sánchez, coautora del libro "Ninguna mujer nace puta" y conocida militante del abolicionismo.
Pero del otro lado están quienes defienden la autonomía de las mujeres para elegir la prostitución como trabajo. No parece ser una postura que tenga muchos adeptos en la Legislatura, aunque es la que defienden precisamente quienes la ejercen.
Preventores que piden "servicio oral"
La asociación de meretrices (Ammar) milita en cuanto lugar puede la legalización de la prostitución. Por lo tanto, no está para nada de acuerdo con el proyecto de la Legislatura provincial.
"Los artículos quedaron iguales, cambiaron de números nada más", asegura Fátima Olivera, referente de Ammar.
El foco está en el maltrato policial. "La policía actúa en forma muy violenta con las chicas comunes y con las trans más. Ellas reciben golpes de puño. No puede ser, porque la prostitución no es un delito, es una falta", opina Olivera, para quien esta actividad debería recibir el trato de "un servicio".
En Ammar sostienen que la Policía reclama coimas y comete "violaciones de las compañeras". Pero también apuntan contra los preventores de la Capital, quienes "se hacen hacer el servicio oral".
"La prostitución no es violenta. Violento es no tener obra social, jubilación y una casa digna", señala Olivera, quien también se opone a la sanción de los clientes e incluso al cierre de cabarets y locales capitalinos donde antes se podía pagar por sexo: "Con los cierres de Fayad hay muchas chicas que fueron tiradas a la calle y es muy distinta la calle a la seguridad de los departamentos. Matar una prostituta es como matar una vaca", afirma.