El Gobierno quiere multar a los falsos "desaparecidos"

El gobierno de Alfredo Cornejo se ha propuesto avanzar con una reforma integral al Código de Faltas provincial (Ley 3.365) que data de 1.965. Si bien son muchos los cambios que han generado polémica, hay de último momento que ha incrementado el malestar en buena parte de la oposición: se trata del artículo 118 que tiene por fin multar a quienes se ausenten voluntariamente de su domicilio y obliguen al Estado a motorizar una búsqueda en vano.

Desde el Ejecutivo defienden el cambio introducido para castigar lo que denominan "ausencia voluntaria" aduciendo que "en lo que va del año se gastaron $20.000 por día o 30 millones de pesos en total" por búsquedas de personas que, en realidad, no estaban desaparecidas. De un total de 1.830 denuncias de desapariciones, 1.499 correspondieron a "paraderos comunes" o falsas alarmas.

La iniciativa está debatiéndose en comisión conjunta de Legislación y Asuntos Constitucionales y Derechos y Garantías del Senado provincial, en donde todo el arco opositor ya planteó sus contrapropuestas y hasta adelantó que, salvo se introduzcan cambios para ellos "sustanciales", no acompañarán con su voto afirmativo. No obstante este panorama, desde el oficialismo piensan avanzar y obtener la media sanción si no la semana próxima, la otra.

A los fines de conocer el proyecto, cabe mencionar que el Gobierno se basa en datos recogidos a partir de encuestas anuales de victimización que viene realizando. El resultado más gráfico sobre el que se erige este proyecto de reforma es que buena parte de las problemáticas de inseguridad que se viven en la vía pública son atribuidas según un 49,5 por ciento de los consultados a la reunión de patotas o de bandas en las calles y según un 41,1 por ciento de los entrevistados a riñas y peleas que se registran en estos mismos contextos.

De ahí que la medida prevé otorgar más herramientas a la policía para paliar estas situaciones, desde arresto (de un mínimo de 1 día a un máximo de 90 días), pasando por multas (que van desde 100 unidades fiscales hasta 9 mil unidades fiscales -recordar que la unidad fiscal está en 9,50 pesos-) hasta el trabajo comunitario que va desde 4 a 80 días, a razón de 4 horas por día.

Algunas de las modificaciones que repercutirán definitivamente en la vía pública en el día a día:

-Según reza en el artículo 52 del proyecto quien porte un arma blanca u objeto cortante o contundente sin justificar motivo será pasible de una multa desde 500 unidades fiscales hasta 1.500 unidades fiscales y un arresto de 10 días.

-También será multado, de acuerdo con lo que se consigna en el artículo 55 inciso c, quien utilice las redes sociales para incitar a otras personas a provocar escándalos o tumultos en lugares públicos o abiertos al público. En el mismo sentido, será sancionado, según inciso i, quien organice manifestaciones o reuniones públicas masivas en locales cerrados o al aire libre sin dar aviso a la autoridades correspondiente.

-Los vendedores estables o ambulantes (inciso l) que hagan ruidos estruendosos ofreciendo sus mercaderías o servicios también tiene una pena prevista (multa de 200 a 1000 unidades fiscales o arresto de 3 a 10 días) en este proyecto.

-Asimismo, los "trapitos" que no tengan autorización legal correspondiente para cuidar o lavar autos deberán pagar una multa o serán encarcelados.

-Problemáticas como el acoso sexual callejero (multa de 200 a 500 U.F. o trabajo comunitario de 8 a 20 días), la mendicidad por medio de menores de edad o incapaces (arresto de 15 a 30 días o trabajo comunitario desde 60 a 80 días) o la omisión de vacunación obligatoria (multas de 200 a 800 U.F. o arresto de 5 días o su equivalente en trabajo comunitario), también quedan incorporadas en esta reforma integral al Código de Faltas.

-También en el artículo 46 se prevé penas para quien incurra en "ofensa personal a funcionario público". "El que, en lugar público o privado abierto al público, ofendiere en forma personal y directa a un funcionario público en razón de su cargo, incluidas las máximas autoridades de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, Provincial o Nacional o representantes del cuerpo diplomático o consular acreditados en el país, será sancionado con multa de desde un mil quinientas (1.500) U.F. hasta tres mil (3.000) U.F. o desde quince (15) días hasta treinta (30) días de arresto".

-Hacia el artículo 65º se prevé multas para quienes omitan denunciar la pérdida de una mascota. "El dueño o encargado de la custodia de un can o animal potencialmente peligroso que no denunciare su sustracción o pérdida ante el responsable del Registro habilitado por el Municipio, dentro de las 24 horas posteriores a que se tenga conocimiento de estos hechos, será sancionado con multa desde un mil quinientas (1.500) U.F. hasta dos mil quinientas (2.500) U.F. o arresto desde quince (15) días hasta veinticinco (25) días".

-Además, el código nuevo prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. "El que consumiere bebidas alcohólicas en la vía pública, lugares de acceso público, excepto en los lugares y horarios expresamente habilitados por la autoridad competente será sancionado con multa desde doscientas (200) U.F. hasta quinientas (500) U.F. o arresto desde un (1) día hasta cinco (5) días", se indica en el artículo 93.

-Por último, el cambio que más dudas ha generado en la oposición para por esta intención del Gobierno de multar a los falsos "desaparecidos". En el artículo 118 recientemente incorporado se plantea que "el que generare gastos al erario público en razón de su búsqueda, por haberse ausentado voluntariamente de su domicilio o entorno habitual y/o familiar sin aviso, dando motivos para que se denuncie su ausencia o, el que, conociendo que se lo está buscando en razón de la misma circunstancia, ocultare su paradero, será sancionado con multa desde un mil unidades fiscales hasta 2.500 unidades fiscales y/o trabajo comunitario de 30 días". "En todos los casos pesará además la obligación de devolver al Estado los gastos que su búsqueda generó", se agrega.

Buena parte de estos cambios son duramente cuestionados por la oposición, desde donde han planteado alternativas que, según esgrimen, "el oficialismo no ha tenido en cuenta".

"Hemos presentado modificaciones a 80 artículos. Básicamente estamos en contra de que se criminalice la pobreza, que haya persecución de las expresiones democráticas y que se desalienten las denuncias en caso de desaparición voluntaria en el tema género cuando una mujer sufre violencia de género", apuntó Fernanda Lacoste, senador provincial por el PJ.

De acuerdo con su visión, este código nuevo lejos de ser preventivo es punitivo. "Va en contra de lo que tiene que ver con la idiosincrasia de los mendocinos, tanto en los festejos, actos populares o manifestaciones antifracking. Los arrestos y demás quedan a criterio de los policías. Es una locura que se pueda llevar preso a quien pone un cartel porque se perdió su mascota o por no poder justificar la procedencia de las zapatillas que lleva puestas", planteó Lacoste, quien sin embargo se manifestó a favor de aggiornar un código que data de hace más de 50 años. No obstante, insistió: "No podemos permitir que se rompa con estas cosas; no es posible que por tomar vino en la costa del río corras riesgo de que te lleven preso o te cobren multa".

La jefa del bloque de senadores del PJ, Patricia Fadel, también se mostró muy molesta con esta reforma y esgrimió: "Con el nuevo contravencional, la policía no busca al delincuente, lo buscará a usted que salió a con su familia a comer un asado al campo, y además lo multará con hasta $ 4750, además de llevarse su vino, lo que se consigna en el artículo 93". "Con el nuevo contravencional, la policía no busca al delincuente, lo buscará a usted que ofendió a un funcionario público, además lo multará con hasta $ 28.500 pesos y pueden llevarlo preso hasta un mes", insistió.

Desde el bloque Intransigente, Marcelo Romano también expresó su disconformidad con el proyecto oficialista. "Traen productos enlatados y pretenden que se aprueben rápidamente", criticó y sobre el proyecto en sí cuestionó: "Vos no podés decir nada de ningún funcionario porque te van a llevar preso o te van a multar; también va a caer la gente que se gana el pan vendiendo empanadas o quien se vaya a comer un asado a la montaña y se quiere tomar un vino", cuestionó Romano.

Víctor Da Vila del Frente de Izquierda y de los Trabajadores se manifestó en el mismo sentido: "Este 'código de convivencia' pena con multa o cárcel infracciones tales como que un niño pegue carteles para buscar a su mascota. Penaliza toda concentración popular, como los festejos por un éxito deportivo. Permite la actuación policial a discreción, una violación del principio democrático de que quien es juez no puede ser acusador. Se avanza con la figura de la averiguación de antecedentes con penas de 3 hasta 10 días de arresto, gran herramienta policial para amedrentar los sectores populares".

Por el lado del oficialismo, el senador radical Marcelo Rubio defendió el proyecto y sostuvo que los planteos de la oposición son más bien "tribuneros" y "oportunistas". Sin embargo, confió en que tienen dos semanas por delante para seguir analizando cambios siempre que los mismos no modifiquen el fin de la normativa. "Vamos a tratar de conseguir el consenso necesario. Se va a seguir discutiendo en comisiones", garantizó.

Cerca del despacho de Cornejo siguen atentos a lo que pueda pasar con la futura Ley. "La oposición no sabe a qué decir que no. Por supuesto que estamos atentos a introducir cambios siempre que no alteren el espíritu de la Ley", cerraron desde el cuarto piso de Gobierno.

Consultá el proyecto de Ley completo aquí.