Por qué Cornejo no desactivará la bomba del gas

En términos generales, a través de una nota que estaban terminando de redactar en la Secretaría de Servicios Públicos, la respuesta para Martín Aveiro y para Jorge Difonso será que todos los planteos realizados al Gobierno de Mauricio Macri con respecto al incremento tarifario del gas ya se hicieron en las audiencias públicas de setiembre y diciembre de 2016.

Independientemente de las argumentaciones técnicas, por supuesto que detrás de esta respuesta existen motivaciones políticas.

El gobierno no quiere agitar el conflicto de las tarifas de gas, tema que ya se metió en la campaña. Dos candidatos del PJ, Omar Félix y el camporista Juan Jofré ya hicieron públicos sus planteos para que Cornejo haga algo al respecto ante Macri.

El gobernador está convencido de que todo lo que se podría haber hecho ya se hizo y conceptualmente está decididamente a favor del blanqueo de los costos de los servicios públicos. Quizás no se equivoca, aunque lo asiste la razón en parte.

Las gestiones del ministerio Juan José Aranguren en la crisis tarifaria del 2016 han tenido un hijo y son los aumentos de tarifas de este año. Y los que vendrán hasta 2019.

Según coinciden la mayoría de los especialistas, el gobierno se preocupó en garantizar la rentabilidad de los grandes consumidores de gas que concentran el 70% del consumo en el país, para hacer recaer el mayor peso de los aumentos en los usuarios residenciales que utilizan el 30% restante.

Aquí habría funcionado nuevamente el Excel del macrismo. Por mirar el problema de rentabilidad de las empresas, el gobierno nacional no tuvo en cuenta que iba a terminar enviando facturas casi imposibles de afrontar en un país en donde el 75% de la población gana por debajo de los $15.000 mensuales.

Todo apunta a que el problema, lo terminaría resolviendo la Justicia (la Corte precisamente) a través de distintos amparos que, como en el caso de la ONG Protectora en Mendoza, ya han sido presentados.

La argumentaciones técnicas

El año pasado la provincia ratificó su intención de que Mendoza debía ser considerada con una modalidad de clima más cercana a las zonas frías y no a las regiones templadas, como ocurre desde hace años.

No todo, pero una buena parte de ese planteo se logró, es lo que entiende Cornejo.

Primero porque se modificaron hacia arriba los umbrales de consumo para los usuarios residenciales y segundo porque se consiguió que la tarifa plena se aplique aquí recién en 2019 como en la Patagonia (la quita definitiva de los subisidios).

En la negociación del año pasado, se consiguió que desde que comenzó a aplicarse el nuevo cuadro tarifario (abril de 2017) solo se incorporara en Mendoza el 30% de la suba por revisión tarifaria por transporte y distribución.

Entre este aspecto y el incremento de los umbrales, para el gobierno provincial los usuarios residenciales pueden consumir más gas pagando menos de lo que hubiera significado mantener a estos en los niveles que estaban hasta el año pasado.

Y también, como marco de aquellas disputas con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, argumentarán que el gobierno nacional contempló que desde el año 2014 lo que pagábamos los mendocinos de gas estuvo sujeto a amparos judiciales y que los aumentos se tomaran en cuenta sobre lo facturado. Y no sobre lo pagado como consecuencia de aquellas medidas de la Justicia Federal.

En la carta que se le enviará a los intendentes, todavía falta redactar un párrafo que, muchos dudan en el Gobierno, de incluir.

Son datos que relevan como ha sido la facturación de gas en este bimestre en el Valle de Uco y que destacan que cerca del 82% de los usuarios residenciales de esa zona debieron pagar facturas inferiores a los $3.000. Que a menos del 15% les llegaron boletas con montos que oscilan entre los $3.000 y los $10.000 y que a solo el 5% le llegaron facturas con importes superiores a los $10.000. 

Para el Gobierno, esta última franja de usuarios que desencadenó las protestas de esta última semana, apenas si supera el medio centenar.

A quienes por su nivel de ingresos no puedan hacer frente a las facturas de gas, Cornejo los enviará a acogerse a la tarifa social que cubre en la actualidad al 33% de los usuarios provinciales.