Para Salgado hay un "fin electoralista" en el futuro juicio

El abogado del exintendente de Santa Rosa Sergio Salgado, Carlos Moyano, mencionó que el primer juicio que sufrirá su defendido, en el marco de la causa por presuntas irregularidades en la gestión de una playa de estacionamiento, puede utilizarse "con fines electoralistas", por lo que tratará que el evento judicial no se lleve a cabo al menos hasta después de las elecciones de octubre.

En diálogo con el programa Lo demás es lo de menos, de MDZ Radio, Moyano recordó que la elevación a juicio de la causa que investiga a Salgado por las presuntas corrupciones cometidas en el manejo de la playa de estacionamiento de La Salada, no puede ser apelada debido a los últimos cambios en el Código Procesal Penal, aunque indicó que "habría que ver en los fundamentos para ver si encuentro alguna nulidad o plantear la apelación para que sea negada e irme en queja". 

Tras señalar que esta decisión de la jueza de Garantías de San Martín Marina Cuatrini "no me cerró del todo", el letrado procurará que "si hay juicio, que no sea en épocas de las elecciones" debido a que "esto se utiliza mucho con fines electoralistas" que en definitiva "no le sirven ni a la gente, ni a la justicia ni menos a la defensa".

Para Moyano "el problema no es que se quedaron con el dinero, sino que [las maniobras] no se realizaron de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades". A modo de aclaración, el abogado explicó: "El dinero se entregó a más de 60 instituciones, pero el problema es que no se hizo en un marco de la ley de administración. De hecho, las mismas personas que están computadas hablan de que Salgado nunca tocó el dinero, sino que él decidía de manera discrecional a quién iba el dinero". 

"Es una cuestión administrativa que no estaba bien organizada", resumió. 

Reduciéndolo a un simple error administrativo, Moyano apuntó al dueño de La Salada, Jorge Castillo: "Se había hecho un convenio, estaba todo bien y, de repente, cuando se exige el pago de las tasas municipales y la concreción de la habilitación de La Salada, sale el propietario a denunciar por todos los medios que se quedaron con el dinero". Así, el abogado aseguró que "hay una especie de revancha" por parte de Castillo, al sostener que "él dijo los millones que se habían recaudado pero su representante lo niega, y ninguno sabe cuánto dinero es". Incluso deslizó que esa recaudación estaría en manos de Castillo: "Hoy ese dinero no estaría yendo a ninguna institución sino quedaría en manos privadas".

"Se ha tratado de llegar a la verdad del asunto y en esta causa hay más de diez fojas de declaración de Salgado explicando la situación y aportando las pruebas necesarias para demostrar a dónde fue el dinero", ratificó. Sin embargo, Moyano luego reconoció que Salgado sabe cuánto se recaudó en la playa de estacionamiento de La Salada y aseguró que "no es la suma de dinero millonaria que se dice". 

Retomando el puntapié inicial de la entrevista, Moyano reconoció que "el juicio es necesario", pero quiere evitar el inicio del mismo "en una época electoral en la cual se puede utilizar esta causa con unos intereses para distintas personas superiores o distintos a la verdad real del hecho que se ha causado" y remató: "Es una cuestión política, porque si fuera un problema entre privados no saldría en los medios". 

Los cheques cobrados en "cuevas"

Por otra parte, Moyano fue consultado sobre otra de las causas que investigan a Salgado, la que lo acusa de cobrar cheques sin fondo en 'cuevas' financieras, mediante lo delitos de peculado y administración fraudulenta, siendo la misma en la cual fue absuelto por la Suprema Corte del delito de asociación ilícita, que le permitió recuperar su libertad. "Reconocemos todo menos que Salgado lo haya cobrado, porque en eso intervenían otras personas. [Salgado] hace un mea culpa y explica que le cortaron los fondos coparticipables en una época donde había una pelea con el Gobierno nacional y no se mandó dinero". 

Según el abogado del exintendente santarrosino, esos cheques se cambiaron por un monto total de 17 millones de pesos, "de los cuales 5 o 6 millones fueron a intereses de las cuevas, por los que no hay nadie imputado, y el resto está depositados en las cuentas del municipio, algo que nunca se ha dicho".

Aunque reconoce la maniobra, Moyano adelantó cuál será el argumento de la defensa: "Está la excusa absolutoria dentro del Código Penal. Cuando hay un mal eminentemente grave, como era la falta de salario para la gente y el no envío de las remesas, había un estado de necesidad. El delito existe, pero apuntamos a ese estado de necesidad de la comuna".