Cornejo quiere intervenir en la adjudicación de la "miniciudad"
La "miniciudad" que está en construcción en la Sexta Sección de Capital comenzó a generar inquietud política en el gobierno de Alfredo Cornejo.
Informalmente, la semana pasada, funcionarios provinciales les pidieron a sus pares nacionales que tengan en cuenta la situación económica de las familias a las que les adjudicarán las viviendas, para que sean asignadas a quienes puedan sustentar los costos.
Se trata de más de 1.100 inmuebles, entre departamentos y dúplex, que inició el gobierno de Cristina de Kirchner bajo el plan Procrear, y que está por terminar la administración de Mauricio Macri. La tarea corresponde al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien se quedó con la administración de los planes que antes manejaba la Anses y lidera la política de vivienda.
La Nación todavía no ha definido puntos muy importantes sobre esta herencia, sin continuidad posible, al menos respecto de la magnitud del proyecto. En particular, no ha abierto inscripciones ni ha indicado a quiénes permitirá inscribirse para acceder a esas viviendas.
Se supone, por declaraciones previas de Iván Kerr, el subsecretario de Urbanismo y Vivienda de la Nación, que las casas serán sorteadas entre los aspirantes. Pero no está definido si habilitarán la inscripción de familias de Capital o de otros puntos de la provincia. Y, en particular, qué ingresos totales deberán tener los interesados.
Ahí aparece la preocupación del Gobierno, que abarca también al intendente capitalino Rodolfo Suárez. Advierten que irse a vivir a ese complejo costará mucho más que el pago de la cuota de un crédito hipotecario, ya que habrá que sumar el pago de expensas, costos de mantenimiento y tasas municipales.
Y la cuota, por sí sola, no será muy barata. Según pudo saber el IPV de fuentes de la Nación, sólo para los departamentos más económicos, se solicitará ingresos equivalentes a entre dos y cuatro salarios mínimos. O sea, entre 16.000 y 32.000 pesos.
En cambio, los dúplex, que tienen tres dormitorios y dos baños, tienen un valor no menor a los 2 millones de pesos. Para estos inmuebles se deberá acreditar ingresos de entre 4 y 7 salarios. Es decir, entre 32.000 y 56.000 pesos.
A la cuestión económica, hay que agregar los temores del intendente por la organización de un complejo tan grande. La miniciudad tendrá, por ejemplo, cinco plazas.
Suárez no quiere limitarse al cuidado de los espacios verdes y se prepara para otras demandas. Quiere incidir, por ejemplo, en el armado de los consorcios y los reglamentos. Teme que los problemas de servicios y de infraestructura de otros edificios antigüos, como los que tiene el ubicado en calles San Juan y Siria, se repitan en el futuro aquí.
Aspirantes
Además de solicitar que la Nación haga una "evaluación cuidadosa" del poder adquisitvo de los aspirantes, el Gobierno provincial ha comenzado a sugerir que le den participación en la selección de los postulantes.
El IPV ya está ofreciendo sus registros, para acaparar esta oferta inédita de viviendas. Pero la Nación todavía no abre aún el juego. Lo hará, tal vez, más cerca de la finalización del proyecto.
Los plazos que se manejan indican que las casas de la Sexta se entregarán a comienzos del año que viene. Sin embargo, en el Gobierno provincial no descartan que vaya a producirse una adjudicación parcial antes de que finalice 2017, por el nivel de avance de parte de las construcciones.
En cualquier caso, por lo conocido hasta ahora, la miniciudad de la Sexta no sería una de las obras a inaugurar antes de las próximas elecciones.
La oposición pide informes
La inquietud oficial coincide en este caso, al menos en los enunciados, con los requerimientos del justicialismo, que ayer le dio aire a un pedido de informes al IPV para conocer los criterios de adjudicación de los desarrollos urbanísticos de Procrear.
"Queremos que las autoridades del IPV, en asocio con los municipios, realicen gestiones ante la Nación para que los criterios de adjudicación respondan a las necesidades y realidades de los ciudadanos de la provincia", afirmó el diputado peronista Jorge Tanús.
Los desarrollos urbanísticos que dejó en construcción el gobierno de Cristina se están haciendo no sólo en Capital, sino también en Maipú, San Martín, Santa Rosa, San Rafael y Malargüe.
Sin embargo, la miniciudad de la Sexta es la que puede generar problemas respecto de la demanda. De hecho, en uno de ellos, el de Malargüe, ni siquiera habría suficientes aspirantes.
El Gobierno no engloba estos inmuebles estrictamente en el segmento de la vivienda social, ya que el Procrear de la gestión anterior favoreció incluso las construcciones de casas en barrios privados.
El peronismo, en cambio, sí apunta al segmento menos pudiente: "Las viviendas tienen que llegar a manos de aquellos que no puedan acceder al financiamiento de los bancos privados", pidieron ayer, entre otros, Tanús y su compañero de bloque Omar Parisi.
Incluso el Concejo Deliberante ha buscado incidir en el reparto de casas de la Sexta: el PJ ya pidió en ese ámbito un cupo para parejas jóvenes, con residencia en el municipio.