La Justicia federal se mete en la causa de la Tupac

La Justicia Federal de Mendoza requirió hace unos días nada más de manera formal, información a la fiscal que investiga a Nélida Rojas y a su organización, la Tupac Amaru, por un cúmulo de delitos supuestamente cometidos en el manejo de $800 millones para la construcción de viviendas.

El titular del Juzgado Federal Nro. 3 Marcelo Garnica pidió, por escrito, que la fiscal Gabriela Chaves le aporte los balances de su investigación, en un proceso que ahora entra en un período de incertidumbre.

Desde noviembre de 2016 que en la Justicia Federal descansa una denuncia de la diputada Margarita Stolbitzer por malversación de fondos públicos e incitación a la violencia colectiva, sin que se hayan registrado avances significativos en la investigación.

La duda está en un punto: quién mantendrá la competencia ahora. Si la Justicia local o la federal.

Los objetos procesales son distintos. Mientras la denuncia de Stolbitzer avanzó sobre la utilización de los fondos públicos, Chaves tiene imputaciones decididas por asociación ilítica, coacción agravada, estafa y extorsión, entre otros delitos.

Hay un antecedente que podía complicar a la fiscal mendocina: en la investigación que se lleva adelante en Jujuy contra la Tupac, la Justicia Federal le quitó la competencia a los tribunales provinciales y terminó concentrando todo en su seno.

Por ahora, solo se trató de una presentación de requerimiento de instrucción (que da inicio a una investigación penal) para que se informe el estado de la causa. No se ha pedido el expediente. Pero en Tribunales todos están atentos a la decisión federal.

En tanto, Chaves insiste en solicitar la audiencia respectiva para pedir la prisión preventiva de los cuatro detenidos hasta el momento: la referente de la organización kirchnerista local, Nélida Rojas; su pareja Ramón Martínez y dos de sus hijas, Carla y Leonela, todos acusados en distinto grado de asociación ilícita más una veintena de imputaciones que se acumularon el 7 de abril pasado.

La fiscal no se baja de su hipótesis de que Rojas y Martínez encabezaron una organización para quedarse con recursos nacionales destinados para viviendas sociales. Y que en esa operación irregular está involucrada además a casi toda su familia y una treintena de personas más.

Pero a casi un mes, la causa todavía no encuentra un juez de garantías que la tome. Ya fueron al menos dos los magistrados que se sacaron de encima el problema excusándose por problemas de competencia y la Suprema Corte, en definitiva quien debe resolver este vacío, se está tomando su tiempo.

Es cierto que en el medio el abogado defensor de Rojas, Alfredo Guevara, presentó un pedido de recusación contra el juez Jorge Valerio porque, según argumentó, lo había denunciado a este en una causa anterior.

El planteo de recusación ya fue rechazado: la denuncia contra Valerio había sido realizada por un abogado cercano a Guevara, pero no por él mismo.

Sin embargo la Corte aún no responde el pedido de Chaves para la designación un juez competente. El fin de este capítulo podría llegar esta semana, con la designación de Cristina Pietrasanta, la titular del Primer Juzgado de Garantías.

Lo que está sucediendo requiere una rápida acción del máximo tribunal. 

Hay que hurgar demasiado en los archivos judiciales de Mendoza para encontrar una causa con las derivaciones que trajo la investigación por las supuestas irregularidades cometidas por la Tupac para la construcción de viviendas sociales en Lavalle.

La acusación de asociación ilícita tiene varias patas. Una de ellas surgió del cruce de aportados por la AFIP y la Dirección de Investigaciones, en dónde está comprobado que tres hijos de la familia, Damián, Federico y Facundo, patentaron cuatro camionetas de alta gama, dos Toyota Hylux y dos Ford Cummins, en diciembre de 2015.Entre octubre y diciembre de ese mismo año, Chaves acreditó que Martínez retiró del Nación casi a diario sumas que iban de los $200.000 a los $500.000, según el día. El dato es que toda la familia está registrada en la AFIP como monotributistas clase B, con ingresos declarados de $24.000 al año. El otro elemento es la forma en que el mismo Martínez retiraba fondos públicos de una cuenta particular del banco. La fiscal ya tiene probado, entre otros por el testimonio del gerente del Nación en Lavalle, como fondos federales eran manejados casi en su totalidad por un privado.

Y en las últimas semanas se agregó un caso más. Del secuestro de las planillas de las cooperativas que se dedicaron a construir las viviendas bajo el amparo de la Tupac, surgen irregularidades que podrían demostrar el desvío de fondos. De una veintena de carpetas secuestradas en la casa de "Nelly", ya se analizaron dos en profundidad, y se determinó que existe una llamativa falta de facturas que ratifiquen que los fondos que cobraron se hayan utilizado para la construcción de casas. 

Chaves tiene esos dos casos testigo, luego de analizar los libros y balances contables de la Dirección de Cooperativas, como ejemplo de que, en realidad, estas no existían como tales sino que eran la misma familia de Rojas la que manejaban las operatorias. Encontraron personas que figuraban como miembros de esas cooperativas que, al momento de declarar ante la Justicia, negaron haber formado parte de ellas e incuso descocieron la firma que rubricaba su pertenencia. Así se dio al menos en una veintena de involucrados que ya desfilaron por la fiscalía y cuya verdad dependerá ahora de las pericias caligráficas.Entre las facturas halladas se encontraron un cúmulo de boletas de supermercado. Pero muy pocas que justifiquen la compra de materiales.