Designarán juez para Nélida Rojas
Finalmente, la semana próxima se designará juez para la causa de la líder de la organización Tupac Amaru, Nélida Rojas, quien está detenida junto a parte de su familia desde hace más de 40 días y es investigada por graves irregularidades en el manejo de planes de viviendas sociales.
La investigación está a cargo de la fiscal Gabriela Chaves, pero hace falta que un juez de garantías decida el futuro de los imputados. El tiempo pasa y la causa todavía no tiene magistrado, por las enormes intrigas judiciales que rodean al caso.
Hay tres nombres en danza, pero todo indica que finalmente se hará cargo del caso Rojas Cristina Pietrasanta, la titular del Primer Juzgado de Garantías.
La jueza había rechazado el expediente y esta semana se agregó, como dato paralelo, el progreso de un Jury en su contra, por demorar una causa.
La magistrada fue acusada por prolongar innecesariamente la detención de una persona que estaba presa por lesiones. Por esta denuncia, que reflejó una burocracia inaceptable para el Jury, se le pidió en forma unánime que brinde explicaciones.
Ahora, con esa carga encima, Pietrasanta podría quedar al frente de un caso mucho más resonante.
Se cumple un plazo
Si bien el conflicto por el juez de garantías de la causa Tupac tiene que ser resuelto por la Sala Penal de la Corte provincial, la defensa de Rojas sostiene que el miércoles próximo se cumplirá el plazo de una "llamada de acuerdo", que resolverá, sí o sí, quién será el juez de garantías.
El abogado Alfredo Guevara explicó que, si los miembros de la Sala II no se expresaran en ese momento, automáticamente quedaría a cargo "la jueza que planteó el incidente". Es decir, Pietrasanta. La Corte, por su lado, maneja los mismos plazos y menciona a la misma persona.
Los otros dos "candidatos" son David Mangiafico, del Sexto Juzgado de Garantías, y la conjueza Érica Sánchez, del Segundo. Pero ambos quedaron enredados en la maraña de sospechas por la filtración de información sobre los múltiples allanamientos que tenía previsto realizarle la fiscal Chaves a la Tupac a comienzos de abril, antes de detener a su jefa.
La filtración provocó que Rojas, mientras estaba en libertad, acudiera en persona a la fiscalía de Chaves antes de los procedimientos y que tuviera tiempo, tal vez, de ocultar pruebas.
A pesar de todo, la fiscal siguió adelante. Eso sí, respecto del juez de garantías, comenzó un pasamanos que terminó en la sala de la Corte integrada por Omar Palermo, Mario Adaro y José Valerio.
Las opiniones están divididas sobre a quién debería tocarle un caso que, en realidad, ningún juez quiere agarrar. Se sospecha que algunos de ellos tienen "protección" para que no les toque e imperan las caracterizaciones políticas de cada uno.
A Mangiafico se lo liga al ministro de la Corte Adaro y fue el más cuestionado en la novela de las filtraciones. En tanto, a Sánchez la califican en el Gobierno como una conjueza de la línea "garantista". Es la secretaria del Cuarto Juzgado Civil, o sea que no ha sido nombrada y ejerce la titularidad de un juzgado por decisión de la Corte.
Todo parece contribuir a la inmovilidad del caso. Incluso las licencias de los ministros de la Corte y hasta una acción de la defensa: el abogado Alfredo Guevara recusó al ministro Valerio, uno de los que debe decidir quién será el juez de garantías del caso Rojas.
La razón de esta recusación fue que Guevara había impugnado el pliego de Valerio cuando era candidato a integrar la Corte. Sin embargo, el abogado negó que su intención haya sido colocar una traba.
Guevara, en cambio, volvió a quejarse por la situación judicial de Rojas y de su familia. "Están imputados por algo inédito en democracia. Ir a las marchas de Cristina y pagar cuota social, se lo considera extorsión", señaló, ante la consulta de este diario.
Sin embargo, lo cierto es que Nélida Rojas está presa por una larga lista de delitos: integrante de una asociación ilícita en calidad de jefa, estafa, usurpación en modalidad de despojo y coacción agravada, son algunas de las carátulas que la fiscal Chaves ha hecho pesar en su contra.
Tiempos
Los tiempos de la causa siguen siendo difíciles de predecir. Es inevitable que los jueces mendocinos estén atentos a la suerte de la líder nacional de la Tupac Amaru, Milagros Sala, quien sigue presa en Jujuy.
Pero en lo estrictamente local, hay que decir que el planteo del abogado Guevara contra Valerio fue rechazado el miércoles pasado y ahora no hay más excusas para que la Sala II de la Corte resuelva el conflicto de competencia respecto del juez de garantías.
La ley de Cornejo que promueve la prisión preventiva dice, en ese sentido, que el fiscal tiene 10 días hábiles para solicitarle al juez una audiencia oral para resolver si las personas presas permanecen en prisión o pueden salir en libertad.
Una vez que se formaliza ese pedido, corre otro plazo de 48 horas, en el cual el juez de garantías debe acudir a una oficina administrativa de la Justicia, llamada organismo de gestión asociada (OGA), que es la que les pone fecha y lugar a las audiencias.
De la mano del juez Valerio, recientemente la Corte emitió una acordada para tratar de mejorar el funcionamiento de estas OGA. Básicamente, se creó una OGA general para todas las áreas de la Justicia, con el objetivo de evitar que se superpongan audiencias.
Dicen que esta acordada promueve la "vespertinidad" de las audiencias y el control de gestión de los jueces.
Se formó, por otra parte, una comisión con el objetivo de monitorear el sistema de audiencias judiciales, que son una obsesión para el Gobierno. Dos funcionarios de Cornejo tendrán sillas allí: el ministro de Seguridad, Gianni Venier; y el subsecretario de Justicia, Marcelo D´Agostino.
También se habla de la publicación en internet de fechas y horarios, para que los interesados puedan participar de audiencias como la que espera Nélida Rojas, para saber de qué lado de las rejas estará su futuro inmediato.