Primer choque por el proyecto para que los presos trabajen
Un día después del anuncio del gobernador Alfredo Cornejo y en medio de un debate político fuerte, el oficialismo apuró el trámite para que el Senado sancione el proyecto que establece la obligatoriedad de trabajar y estudiar para los presos.
La discusión se transformó con rapidez en un conflicto político del radicalismo con el PJ. Sucede que el partido opositor solicitó en la sesión de ayer el giro del proyecto a varias comisiones, pero la UCR sólo admitió que sea estudiado en una de ellas: Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC).
Anoche, con suma velocidad, el radicalismo ya había dado virtualmente por fracasada la búsqueda de consenso político y trazaba un plan para que la ley sobre los presos se vote en menos de 15 días en la Cámara Alta, donde tiene la mayoría.
El PJ, por su lado, aseguraba que no está en contra, pero acusaba al oficialismo de tratar de imponer una propuesta que es necesario pulir bastante. "Lo metieron por la ventana", se quejó un legislador opositor.
Pelea
La disputa de los senadores estalló casi al mismo tiempo que el ministro de Seguridad, Gianni Venier, presentaba el proyecto en la Legislatura. Ni siquiera había tomado estado parlamentario y en el recinto ya había una pelea verbal muy subida de tono.
El presidente provisional del Senado, Juan Carlos Jaliff, explicó que el conflicto se produjo porque el peronismo quería que el proyecto se tratara en una comisión que "no tiene nada que ver" con el tema: Asuntos sociales y Trabajo.
"Querían que fuera a esta comisión porque allí son mayoría y la quieren frenar. El PJ está decidido a que no saquemos la ley, no quieren que los presos sean obligados a trabajar", sostuvo Jaliff.
Por su lado, Patricia Fadel, jefa del bloque justicialista, acusó a su rival de la UCR de haber hecho "una jugarreta" para que el proyecto tuviera estado parlamentario, a pesar de la oposición del PJ, que se estaba retirando del recinto para evitar que la sesión tuviera quorum.
En concreto, el peronismo había planteado que la iniciativa fuera a las comisiones de Asuntos Sociales y a Hacienda y Presupuesto. Pero ambas peticiones fueron rechazadas: apenas se discutirá en LAC.
Más allá de los roces, Fadel afirmó: "Nos parece que está bien que los presos trabajen, pero el proyecto tiene que ser claro sobre cuándo, cómo y en qué lugar. Es fácil anunciar algo y después vamos viendo".
La legisladora del PJ también consideró que es "una barbaridad" que el proyecto no tenga un presupuesto, ya que se deberán crear talleres, cargos docentes y una asignación para los internos, entre otros gastos.
Datos
No obstante, la defensa del Gobierno fue amplia. Desde el gobernador para abajo, la ejercieron casi todos en el gabinete. No sólo el ministro de Seguridad, Gianni Venier; sino también otros funcionarios, quienes enfrentaron las críticas y hasta se quejaron de los interrogantes de la prensa.
Se destacó desde el Gobierno que el proyecto colabora con la progresividad de la pena, porque el cumplimiento de la obligación de trabajar o estudiar acercará a los internos a recibir beneficios, como las salidas transitorias.
Algunos minimizaron los problemas de hacinamiento e infraestructura carcelaria y lo contrastaron con "una inversión penitenciaria en camino de 2.200 millones de pesos". También hablaron de acuerdos con privados para que los presos hagan, incluso, trabajos del otro lado de los muros.
En medio de estas y otras apreciaciones, se conocieron algunos datos oficiales sobre el trabajo y el estudio intramuros, hoy.
El Ministerio de Seguridad informó que, actualmente, 1998 personas privadas de la libertad estudian, mientras que 1263 trabajan, ya sea en labores de mantenimiento o maestranza, e incluso para empresas privadas.
La población total asciende a más de 4.500 internos y la legislación existente (provincial y nacional) ya habla del trabajo en las cárceles. La diferencia es que, ahora, será obligatorio.