Rojas es señalada como "jefa de una asociación ilícita"

La titular de la organización Tupac Amaru en Mendoza, Nélida Rojas, está imputada en 24 causas que la tienen como "jefa" de una "asociación ilícita" en la cual habría conformado con su esposo Ramón Martínez y sus dos hijas Carla y Leonela, quienes se encuentran detenidos desde ayer a la tarde, según explicó la fiscal Gabriela Chávez y el fiscal adjunto en lo Penal Gonzalo Nazar, a cargo de la investigación. Además manifestaron su sorpresa por la rapidez con que se desencadenaron las detenciones, por lo cual aseguraron que hubo una "filtración" en los últimos días, ante lo que ya pidieron medidas para hallar a los responsables.

También indicaron que Rojas y su marido permanecerán detenidos dado que se rechazaron los pedidos de prisión domiciliaria efectuados por la defensa, aunque las dos hijas del matrimonio podrían ser beneficiadas con esa medida en los próximos días dado que tienen hijos menores. 

Rojas y parte de su familia son investigados desde hace casi dos años por presuntos manejos irregulares de los millonarios fondos que la filial mendocina de la Tupac Amaru recibía del Gobierno nacional, además de supuestas coacciones y extorsiones a los miembros de la agrupación social para la entrega de viviendas, que en muchos casos no fueron otorgadas. Hay más de 80 denuncias contra el grupo.

Chávez señaló que Rojas está imputada y detenida por 24 causas bajo diversas calificaciones, entre las cuales destaca como "integrante de una asociación ilícita en calidad de jefa", y otras por extorsión, estafa, usurpación en modalidad de despojo y coacción agravada. Al igual que su esposa, Ramón Martínez también está imputado por ser jefe de la asociación ilícita, mientras que las hijas del matrimonio tienen causas abiertas por extorsión y estafas, además de ser integrantes de la citada asociación.

Los delitos por los que está imputada Nélida Rojas prevén penas que oscilan entre los cinco a cincuenta años de prisión

Según recordó la fiscal, la primera denuncia contra Rojas data de abril del 2015, y desde ese momento la letrada inició la investigación que "llevó bastante tiempo porque la gente no quería hablar". Recién en noviembre del año pasado pudo avanzar sustancialmente, gracias al aluvión de denuncias de exmiembros de la Tupac Amaru, en medio de la difusión del informe del periodista Jorge Lanata y su equipo periodístico sobre las prácticas "mafiosas" que la institución realizaba en Mendoza.

"Entiendo que tengo elementos de convicción suficientes como para abocarme en una plataforma fáctica determinada que, a mi modo de ver, constituye un delito, y por la calificación legal y otros motivos más de peligro procesal se ordenó la detención", señaló Chávez en razón de los motivos que tuvo para solicitar la detención del clan. Además adelantó que pedirá la prisión preventiva para los cuatro detenidos ante el Juzgado de Garantías y que continuará la investigación para solidificar sus acusaciones.

Por su parte, consultado sobre la filtración de las medidas de detención para Rojas y su familia, que se iban a concretar con una serie de allanamientos en próximo lunes, Nazar explicó que "la doctora Chávez tenía en mente realizar, desde el lunes pasado, estos allanamientos. Entre el jueves 6 y viernes 7 de abril inició las gestiones correspondientes ante el Juzgado de Garantías nº 6 para solicitar los allanamientos a realizar el lunes. Cuando la doctora obtuvo las órdenes, se enteró que en la sede de su fiscalía (ubicada en el segundo piso del edificio de Tribunales) se encontraban algunos de los imputados con sus defensores para averiguar sobre lo que estaba pasando con sus situaciones procesales, lo que demuestra que se filtró la información". 

Ante esta situación, el letrado indicó que "hemos ordenado una compulsa para que se dé inicio algunas actuaciones administrativas, y pedimos otra compulsa penal para investigar la posible comisión de un delito". Esta última medida recayó en la fiscal de Instrucción de turno Cecilia Bignert.

Frente a las acusaciones de los abogados defensores de Rojas, quienes apelando a la misma estrategia mediática que la líder nacional y también detenida Milagro Sala, aseguran que Nélida es una "presa política", Nazar aseveró que "esta es una discusión que no atañe al Poder Judicial", por lo cual "la Procuración General afirma de modo contundente que no hay un trasfondo político en la detención e investigación de Nélida Rojas y los otros imputados". También desmintió haber recibido órdenes del procurador Alejandro Gullé.

Otro de los reclamos de la defensa del clan Martínez-Rojas es que una de las hijas de la líder local de la Tupac es madre de un bebé de cinco meses, a quien la mujer debe amamantar. Chávez reconoció que hubo un planteo de los abogados pero "tengo un procedimiento a seguir en la orden de detención". De todos modos, indicó que "hemos dado trámite a una prisión domiciliaria, por lo cual pedimos a las autoridades penitenciarias que me informen si el domicilio que ella dio para constituir la prisión domiciliaria es apto para colocar el aparato de geo posicionamiento y la pulsera electrónica, y si el lugar existe realmente". Lo mismo podría ocurrir con otra de las hijas de Rojas, ya que tiene un hijo de un año y medio.

En el caso de Nélida Rojas y su marido, la fiscal admitió que desechó los pedidos de prisión domiciliaria para ambos amparada en el informe presentado por el Cuerpo Médico Forense, el cual "entendió que estaban en condiciones de permanecer alojados en una penitenciaría con tratamiento adecuado". 

Hasta el momento Rojas no ha declarado, pese a que en un primer momento manifestó su voluntad de dar testimonio ante la fiscal. "Evidentemente, por una cuestión de estrategia defensiva, el defensor le aconsejó que no lo hiciera en ese momento porque necesitaba compulsar las causas y la documentación que existe y es mucha. Cuando ella decida puede pedir declarar", expresó Chávez.