El gobierno endurece su postura con las petroleras
Ante meses decisivos que se avecinan en materia de renovación de contratos petroleros, el gobierno endureció su posición en cuanto a la revisión de concesiones otorgadas en los últimos años y que están en la mira por falta de inversión.
En ese sentido apunta a que la caída de la concesión de la explotación del área Chañares Herrados, que está en revisión desde principios de 2016 por parte del ministerio de Producción, Energía e Infraestructura que conducía Enrique Vaquié y ahora martín Kerchner, se defina en los mismos términos en que se decidieron otros conflictos entre privados y el Estado. Esto es, que se cumplan los contratos y que se pague lo que se debe pagar.
A la manera que Kerchner implementó en la millonaria deuda del casino del Hotel Intercontinental, el Poder Ejecutivo busca implementar el "modelo KLP" también a los conflictos con las petroleras.
Esta situación se da en un contexto clave para el futuro de Mendoza: este año vencen todas las "antiguas" concesiones en esta materia, y comienza el plazo de extensión de los permisos que fueron firmados en 2011.
En noviembre pasado el gobierno rechazó la propuesta formulada por la empresa Medanito SA para seguir con el control de esa zona en Luján. En ese momento Vaquié le comunicó a la empresa permisionaria su decisión de hacer caer la concesión de una de las zonas en discusión, Puesto Pozo Cercado y seguir negociando el futuro de otra de las áreas, Chañares, en dónde la empresa se comprometió a efectuar un nuevo plan de inversiones.
La exigencia oficial fue que, si bien se permitía continuar con la explotación de una de las áreas, Medanito debía ofrecer garantías para las inversiones que se comprometía a realizar en la otra para permitir que siguiera operando.
Medanito pretendía otra cosa: planteó conservar una porción producticva de ambas áreas y entregar territorio en exploración, principalmente de Puesto Pozo Cercado, donde se detectaron la mayoría de los incumplimientos y en donde no se está extrayendo crudo.
El proceso de revisión de la concesión de Chañares ya lleva más de un año. Comenzó en febrero de 2016, y en el mes de julio el Gobierno tomó la decisión de hacer caer el permiso de explotación como consecuencia de la falta de inversiones.
Unos días antes de firmar el decreto de caducidad, en agosto pasado, el propio ministerio de Infraestructura frenó el proceso para abrir una instancia jurídica que le permitiera a Medanito hacer una propuesta para retomar el ritmo de inversiones comprometido.
Casi dos meses después y tras varias reuniones reservadas, la empresa presentó una propuesta para quedarse con la explotación del 20% de Puesto Pozo Cercado y seguir manejando Chañares, en dónde las inversiones asumidas llegaron al 70%.
Esta es la oferta que será rechazada en su totalidad, aunque se abrió una mesa de negociación para determinar de qué manera se garantiza que Medanito continúe invirtiendo en una de las áreas (Chañares) al menos. En este punto es donde el gobierno quiere mantener una postura firme.
Un conflicto de años
Por un decreto firmado por Celso Jaque (1467/11) se estableció que las inversiones en esa área petrolera debían producirse de manera permanente y sostenida en la zona (en el período que va desde el 2011 hasta el 2015) por un valor de U$S 412 millones. En Chañares Herrados, según estimaciones oficiales, solo se habrían invertido en trabajos de exploración y explotación U$S 88 millones.
La decisión de Cornejo de avanzar con la quita de la concesión, al menos en una de las áreas como ya está definido, impactará fuerte también en otro ámbito, aunque de manera más prolongada en el tiempo.
La prórroga de la concesión de Chañares Herrados realizada en el 2011 está siendo investigada (muy lentamente) por la Justicia, y como consecuencia de ello el fiscal Juan Manuel Bancalari imputó al ex gobernador Francisco Pérez por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que en ese momento era ministro de Infraestructura de Jaque.
La medida judicial alcanzó a otros ex funcionarios de aquella época: el ex ministro de Energía, Marcos Zandomeni; el ex subsecretario de Hidrocarburos Walter Vázquez; quien lo reemplazó a este, Pedro Sánchez; y el exdirector de Petróleo Pablo Ropero.
La imputación fue consecuencia de una denuncia de un dirigente del Partido Demócrata, José Rubio, quien desde hace décadas viene litigando, con YPF fundamentalmente, por la cuenca El Carrizal.
El disparador fue la venta de Chañares en el año 2014 a Medanito, por un valor de U$S 85 millones, que terminó por comprobar las sospechas de que no se buscaba mejorar la producción de petróleo sino solo hacer un negocio inmobiliario avalado por una mala fiscalización del Estado provincial.
Sin embargo, con el devenir de la pesquisa, se detectó que, más allá de esa operatoria objetable, los entonces funcionarios vinculados a la actividad petrolera otorgaron una prórroga a una empresa que difícilmente iba a llegar a cumplir con las metas pautadas, como ahora está ratificando el gobierno de Cornejo.
Según figura en el expediente que maneja Bancalari, independientemente de la ya acreditada falta de inversiones, se sabe que Chañares Herrados o bien falseó o bien ocultó información para poder quedarse con el negocio.
Además, que presentó balances económicos y financieros "dibujados", y que además no estaban certificados.
Asimismo mintió acerca de las reservas posibles en el área, a las que estableció en 12 millones de metros cúbicos mientras que una auditoría posterior estableció que las reservas apenas si llegaban a 1,2 millones de metros cúbicos.
El patrimonio neto que declaró la empresa también fue objeto de las sospechas del fiscal: 12 millones de pesos para una inversión prometida, en un decenio, de 1.103 millones de dólares.
Pérez alegó en su defensa ante Bancalari que toda su participación en esa negociación se remitió a la firma de un acta acuerdo con las empresas, y que luego las adjudicaciones fueron refrendadas por un decreto de Jaque.