Un sistema lleno de dudas

Si hay un asunto de gobierno que hoy por hoy representa solo un gran cúmulo de buenas intenciones, ese es el nuevo sistema de transporte público que con cierta suficiencia la administración de Alfredo Cornejo viene anunciando que licitará antes de que termine este año.

De todos los problemas clave para resolver en la provincia, quizás este sea uno de los más trascendentes de cara al futuro: el gobierno de Cambia Mendoza tiene la chance de proyectar un sistema de micros para las próximas décadas. El que ya está obsoleto y que además, desde el punto de vista legal, mantiene prorrogadas concesiones con empresas cuyos contratos ya deberían haberse revisado en diciembre de 2015.

El ascenso político de Sergio Marinelli de la cartera de Servicios Públicos hacia la supertintendencia del Departamento General de Irrigación permitirá darle otro impulso al proceso.

En la función que ocupó hasta el miércoles, Marinelli dejó prácticamente listos los nuevos contratos con las empresas eléctricas y un plan de inversiones para ejecutar en Aysam, entre otros resultados. Pero pagó caro la falta de equipos técnicos preparados dentro del Estado para afrontar el problema del transporte.

Para regular el negocio eléctrico, la provincia cuenta con expertos legales y técnicos que desde el EPRE funcionaron como soporte a la hora de sentarse a discutir con Edemsa. Con el agua, la capacidad de muchos abogados y sobre todo de especialistas de carrera en Aysam, también aportaron lo suyo.

Pero con los micros resulta una situación similar a la que se dio cuando hubo que defender a la provincia de los tarifazos de gas de 2016.

Salvo por la participación de un puñado de empleados históricos que conocen en profundidad el sistema, el Estado no tiene equipos preparados para llevar adelante un proceso de altísima complejidad a la velocidad que requiere este.

Cuando hubo que discutir los aumentos de gas, el gobierno terminó trabajando con Gustavo Boulladue en la oficina de Asuntos Jurídicos del ministerio de Economía, cuando además se desempañaba como representante legal de Ecogás.

Para el transporte, lo que abundan son las consultorías externas. Tal como hizo Francisco Pérez, el gobierno contrató a otro privado, la española Ezquiaga Arquitectura, Sociedad y Territorio, por U$S 450.000 que serán costeados en un 90% por el BID.

La llegada de Natalio Mema para reemplazar a Marinelli le pondrá otra marcha al proceso. Pero el joven cuadro de Cornejo adolece de un problema: si bien en la campaña de 2015 fue el que estudió lo poco que se había hecho y recomendó pedirle a Pérez que no licite un nuevo sistema, desde que está en el gobierno se ocupó de otras cuestiones, casi todos ellas, relacionadas con el ministerio de Hacienda mientras estuvo conducido por Martin Kerchner.

Mema se sentó en su nuevo escritorio hace cuatro días y recién esta semana escuchará los detalles de lo que está hecho hasta el momento. Los tiempos son fundamentales. El anterior proceso de licitación que se inició en el 2005 llevó más de un año y medio de idas y vueltas hasta que se consiguió adjudicar.

Entre la buenas intenciones, hay tres certezas. 

La principal es que el gobierno apunta a un sistema con dos ejes troncalizados que irán de norte a sur y de este a oeste. Es decir, desde Las Heras a Godoy Cruz y desde Guaymallén hasta la Uncuyo.

La otra, es que hay un empeño en que todos los municipios del Gran Mendoza se involucren en los cambios. Ya hubo un avance en ese sentido a mediados de marzo con el lanzamiento del Plan Integral de Movilidad 2030.

Y la última: está claro que las modificaciones serán paulatinas y que el sistema no cambiará, aún así si se licitara este año, de golpe en 2018.

Pero nada de esto todavía está escrito en un pliego y no pasa del trazado que está diseñado en un pizarrón de la secretaría de Servicios Públicos bajo el nombre de "Red Diametral Mixta".

Otra cosa. Habrá que pensar en otro momento la implementación del Metrobús, la idea de Mauricio Macri para la ciudad de Buenos Aires que el presidente pretende exportar a las provincias. Ya se sabe que Mendoza recibirá $350 millones de la Nación para ello. Pero a nivel oficial se duda.

Entre otras razones se encuentran los costos y porque no habría por dónde hacerlo pasar. Si se usara, por caso, la avenida San Martín únicamente para que los micros vayan y vuelvan por carriles exclusivos, dejarían de pasar por allí los autos y la ciudad quedaría partida al medio.

A finales de la semana Autam le golpeó la puerta a Mema. El sector empresario mostró su preocupación por varios asuntos, aunque también comenzó con algunas sutiles tareas de lobby.

Con poco entusiasmo, es cierto, lo que sugieren es que las concesiones se renueven tal cual están. Es decir, aspiran a que Cornejo abandone su idea de los ejes troncalizados. No habrá mucha chance de que eso suceda.

Pero sobre la mesa del flamante secretario sumaron más inquietudes al paquete. Se sabe que el Poder Ejecutivo está dispuesto a terminar con el sistema de pago por kilómetro recorrido, para reemplazarlo por otro que se sustente en la eficiencia y en la calidad del servicio. Otro enunciado: nadie sabe cómo se calculará esa nueva "fórmula de pago".

El futuro de los subsidios es otro interrogante. Hoy el transporte tiene un costo de casi $2.500 millones al año de los cuales solo $250 son nutridos por la venta de boletos. El resto es solventado por el Estado. La provincia pone $600 millones y la Nación $1.600 que sirven, en este último caso, para pagarles a los dueños de micro parte del gasoil y hasta los aumentos tarifarios a más de 4.000 empleados.

Hoy el negocio está repartido en 10 grupos de líneas de colectivos ¿Seguirán todos formando parte del sistema? Otra duda.

Peor que la incertidumbre, el sector empresarial rumia también una sensación de que se podría estar gestando algo poco transparente por parte del Gobierno.

Y en ese sentido, con razón, se quejan de que Cornejo no los mantiene al tanto de lo que se está gestando.

El eje de los temores son, precisamente, los troncales.

Por ley, el Ejecutivo impulsó el año pasado que esas dos líneas centrales deberán ser prestadas por unidades híbridas.

En Mendoza habría una sola empresa en condiciones de presentarse mañana mismo a competir por ese negocio: Andesmar.

Es quien más tiene aceitado su vínculo con la empresa Volvo, hoy por hoy única fabricante en condiciones de vender unidades de características híbridas en el país.

Los que están sentados a la mesa de Autam, saben que Andesmar necesita una nueva forma de reorientar su negocio luego del derrumbe de ventas de pasajes de larga distancia producto de la llegada de las líneas aéreas low cost.

Y perciben la llegada de un nuevo competidor para quedarse con una parte de la torta en el transporte urbano.

A nivel oficial, la respuesta es varios interrogantes más. Por un lado trataron de convencer a los empresarios de que, en realidad, la parte del negocio de los troncalizados será chica. "De casi mil micros que hoy existen, el troncalizado será licitado para 37 nada más".

Para saber la verdad, hay que esperar a los pliegos. Pero si una sola empresa es la que mejor posicionada está para ofrecer quedarse con esos recorridos (que además transportarían la mayor cantidad de pasajeros) ¿Cómo harán las otras para poder competir si hoy Servicio Públicos les retacea información?

Hay una salida oficial rápida esta sospecha. El gobierno podría terminar comprando los híbridos, sin necesidad incuso de recurrir a un gerenciamiento privado. Pero aquí otra duda.

Cada unidad tiene un costo que ronda los $3.000.000. Para un Estado quebrado como el nuestro, salvo por algún tipo de financiamiento internacional, una inversión de esa magnitud está cerca de la utopía en 2017.

Los hechos recientes le juegan a favor al gobernador en cuanto a la transparencia y a favorecer o no a empresarios privados. Pero un antecedente lo golpea en el pecho.

Es verdad que desde que asumió, Cornejo se mantuvo firme en cuanto a no favorecer o en hacer cumplir las normas a los empresarios con vínculos con el Estado. La negociación con las eléctricas, la ejecución de deudas con los deudas del juego o la revisión de contratos petroleros dan cuenta de ello.

Sin embargo, una vez el actual gobernador estuvo denunciado ante la Justicia por haber ofrecido pagar coimas a legisladores de la oposición, precisamente, para que el Estado compre micros.

Fue en 2004, cuando era ministro de Gobierno de Julio Cobos, y mientras se estaba diseñando el proceso de licitación del transporte que todavía rige.

Cobos impulsaba en aquél entonces un proyecto en la Legislatura para que el Gobierno pudiera llamar a una licitación para comprar los colectivos. Y Volkswagen, representada por la concesionaria Arturo Yacopini S.A., terminó ganando el concurso. 

Cornejo fue acusado ante la Justicia por la sospecha de que había negociado con el jefe de bloque del peronismo en Diputados de ese momento, Carlos Ciurca, contratos de locación a cambio del respaldo a la sanción de esa ley.

Tiempo después de esa denuncia, otro justicialista, Sergio Martín, disparó un escándalo mucho mayor: dijo que había escuchado de la propia boca de Ciurca que había conseguido "10 mil pesos de Volkswagen para repartir".

Tras una investigación muy corta, en menos de un mes, Cornejo fue sobreseído por un juez de aquella acusación. Pero el escándalo fue de proporciones, quizás el mayor en el que estuvo involucrado el actual mandatario en toda su carrera política.