Las heridas que aún quedan entre Cornejo y el PJ

 A paso lento, muy lento, el gobierno negocia con el peronismo la sanción de la ley de reforma electoral que, como ya le anticipó a algunos referentes opositores el presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés, el Poder Ejecutivo intentará sancionarla a través del consenso con todo el PJ.

A principios de la semana que pasó, los principales referentes del Justicialismo discutieron si respaldar o no la propuesta oficial que apunta a introducir cambios tanto en la forma de votación como en las fechas y que, además, fue redactada por Alfredo Cornejo para tener en mano todas la alternativas del juego electoral en la provincia.

Al menos tres puntos analiza con el ceño fruncido el peronismo. Uno de ellos, por supuesto, es la propuesta de fijar tres calendarios distintos para votar, ya sea si la elección es nacional, provincial o municipal. Cornejo quiere tener la alternativa de decidir él mismo si desdoblar o no los comicios este año, pero a los intendentes peronistas les hace ruido la imposición de que, si hay desdoblamiento en las comunas, sea cada intendente quien deba hacerse cargo de los costos del comicio. 

En la charla del ultimo lunes, sobrevoló varas veces la argumentación de la inconstitucionalidad de la norma planteada porque saltea la autonomía municipal.

El rechazo más fuerte tiene que ver con la eliminación de las colectoras. Cornejo quiere terminar con esa herramienta electoral de la que el peronismo abusó, como se vio en las últimas elecciones en Guaymallén y en Luján, pero no le será tan fácil. Los legisladores del PJ ya están planteando cambios en este punto que incluiría, por caso, la alternativa de poner topes a las colectoras y permitir por lo menos tres adhesiones para un candidato.

Existe otro planteo asimismo que no generaría demasiados roces entre oficialismo y oposición: la ampliación de la participación de las mujeres en el armado de listas. En ese sentido se tratará, por parte del PJ, de impulsar como ya se sancionó en la provincia de Buenos Aires una ley de paridad de género para establecer un cupo femenino del 50 por ciento tanto en la Legislatura como en los municipios.

Después de varios meses de amagues, el Gobierno presentó hacia finales de marzo su proyecto de modificación de la ley electoral 8619 sancionada hacia finales de 2013. La nueva modificación de la reforma sancionada hace poco más de tres años viene para solucionarle al gobernador su principal duda política por estos tiempos: qué hacer con el cronograma electoral. Esto es, si separarse del gobierno de Mauricio Macri o si firmar el decreto de convocatoria a elecciones en sintonía con la Nación.

La ley vigente, la 8619, lo obliga a desdoblar. Pero las modificaciones propuestas le deja todo el escenario a disposición a Cornejo. Si quiere convoca a elecciones conjuntas para agosto y octubre, si quiere desdobla los comicios provinciales para febrero y abril del 2018.

El gobierno se desvive públicamente para argumentar que el espíritu de los cambios apunta a establecer este año un calendario electoral unificado. Pero todavía no define nada.

La negociación no es sencilla. Todavía quedan abiertas, entre radicales y peronistas, las heridas de la discusión fallida por la reforma de la Constitución que el PJ rechazó luego de que un par de intendentes de ese partido le dieran a Cornejo luz verde para avanzar.

En la Casa de Gobierno creen que todavía existe una ventana abierta para plantear nuevamente el tema, confiado en que esos mismos intendentes podrían torcerle el brazo a sectores más radicalizados con la reforma (sobre todo con la reelección del gobernador) como La Cámpora.

Pero ese plan volvió al cajón del ministro de Gobierno, Dalmiro Garay.

Existe sí, un ala más dura en el oficialismo que está dispuesta a todo con tal de llevarle el trofeo a su líder. Luego del fracaso, fueron muy directos algunos legisladores radicales que estuvieron ventilando en la Legislatura que la reforma de la Constitución "sale limpia o sale sucia".

Esto es: o se sanciona la ley que declare la necesidad de la reforma por consenso o el gobierno sale a la caza de los votos que le hacen falta para lograrla.

La clave está en Diputados, en donde solo precisa obtener el respaldo de siete legisladores justicialistas para conseguir avanzar.

A decir verdad, el impulso de la reforma tiene una justificación clara. La ley sancionada en 2013 es muy mala desde el punto de vista técnico. Y se sancionó en aquél entonces al ritmo de la interna del peronismo en el poder.

Tanto fue así, que el secretario de la Junta Electoral, Alfredo Puebla, al poco tiempo advirtió que sobre una ley que contenía 55 artículos en total, había como mínimo 35 observaciones que hacer desde el punto de vista jurídico.

Puebla estará esta semana en las comisiones del Senado para dar su punto de vista acerca de la propuesta del Gobierno y allí se sabrá si se tomaron en cuenta sus planteos o no.

Pero, como sucedió hace tres años y pico, una modificación electoral se está llevando a cabo nuevamente al compás de los intereses del gobernante de turno. En aquél momento, de los de Francisco Pérez. Y hoy, de los de Cornejo.