Ya está lista la orden para intervenir el gremio Judicial
Junto a ATE y el SUTE, durante los últimos años el gremio Judicial fue uno los sindicatos más combativos de la provincia. Tanto es así, que durante el gobierno de Francisco Pérez sus medidas de fuerza se extendieron durante meses afectando el funcionamiento del palacio de Justicia. Sin embargo, en el último año se ha visto golpeado por conflictos internos que terminaron por dejar acéfalo al sindicato. La elección de la nueva secretaria General, Adriana Domínguez, fue impugnada y desde octubre que el sindicato no tiene líder y esta semana el Ministerio de Trabajo firmó la orden de designar un normalizador para que vuelvan a convocar a elecciones.
Los últimos comicios tuvieron lugar en junio y arrojaron como ganadora a Dominguez, quien debía suceder a su pareja, Carlos Ordóñez al frente del sindicato. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo anuló el resultado en base a las impugnaciones presentadas por su competidor Sergio Mortarotti, quien perdió por un 2% de los votos. Al quedar trunco el proceso, tras la salida de Ordóñez en octubre del 2016, el sindicato quedó acéfalo y no tuvo representación en las últimas paritarias.
El ministro Jorge Triaca.
Finalmente, el ministro de Trabajo Jorge Triaca, firmó esta semana la resolución mediante la cual designa a Hugo Marcelo Parrino como delegado normalizador del gremio judicial. Entre sus objetivos, se destacan el de hacer una evaluación del estado económico y financiero del sindicato y le da un plazo de 120 días para regularizar la situación institucional y fijar un nuevo candidato electoral.
En este sentido, el Delegado Normalizador tendrá facultades para conducir la entidad gremial reportando directamente a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales.
Parrino fue nombrado como normalizador a través de una resolución firmada por el ministro Triaca y que en breve se publicará en el Boletín Oficial de la Nación.
De esta manera, el gremio empieza a recuperar la institucionalidad que perdió en los últimos meses y que no contó con representantes en la última paritaria. Por ese motivo, el aumento para el sector se dio por decreto.
Según manifestó Ordóñez a MDZ, en el sindicato no han sido notificados al respecto y aclaró que la anulación de los comicios se encuentra judicializada. "Hemos metido un pedido en la Cámara Nacional de Apelaciones porque el ministerio nunca resolvió el recurso jerárquico que presentamos", explicó Ordóñez respecto a la impugnación del triunfo de Domínguez.
El conflicto comenzó hace exactamente poco más de un año, en el mes de abril del 2016. La conducción gremial debía llamar a una asamblea extraordinaria para allí elegir a la Junta Electoral y confirmar la fecha de las elecciones. El tema es que al hacerlo no se respetó el plazo de cinco días hábiles entre la convocatoria y la elección de la junta. En concreto, se convocó mediante una publicación en un periódico el 24 de marzo para que la asamblea se realizara el 1 de abril, pero no se tuvieron en cuenta los feriados de Semana Santa, por lo que no se cumplieron los días hábiles requeridos.
Una vez que se realizaron los comicios y Domínguez se impuso, el Ministerio de Trabajo determinó su anulación por esta irregularidad. "Fue una maniobra clara de la patronal para debilitar al gremio", acusó Ordóñez.