La debacle de Nélida Rojas arrastra a más de 700 familias

En el IPV les llaman piadosamente "perjudicatarios", aunque algunos funcionarios municipales consideran que se lo tienen merecido, debido a que aceptaron el juego de Rojas, quien les ofrecía la posibilidad de cortar camino si se convertían en soldados políticos K.

El sueño se desmoronó en medio de denuncias de fraudes millonarios y desmanejos varios, que son investigados por la Justicia. La dura realidad indica que ahora van a tener que ponerse a la cola de todos los que piden la ayuda del Estado para tener un techo, en un país que tiene un déficit habitacional enorme.

Rescisión de contratos

El presidente del IPV, Damián Salamone, señaló este lunes que el objetivo oficial es terminar las casas que inició la Tupac. Queda pendiente de resolver el cómo.

El primer paso, según el funcionario, será la disolución del contrato que prometía convertirlos en adjudicatarios, para que a partir de entonces, se pueda buscar la solución por afuera del fenecido Programa de Integración Socio Comunitaria, la línea del anterior gobierno que durante años favoreció a la Tupac Amaru con millones de pesos para la construcción de viviendas.

Aunque las irregularidades de ese programa vienen siendo marcadas desde hace por lo menos un año, la operatoria sobrevivió hasta mediados del mes pasado, cuando fue eliminada a través de la resolución 122 del Ministerio del Interior.

Más que supervivencia, fue una agonía. Según la información oficial, el año pasado, la Tupac recibió 11 millones de pesos. Este año, en cambio, apenas le giraron 150 mil pesos. Ambas cifras están muy lejos de los 101 millones de pesos que debían reunir para terminar con los barrios que habían iniciado en varios departamentos.

Durante los años de kirchnerismo, a la organización le fue mucho mejor: oficialmente recibió en Mendoza 197 millones de pesos, aunque hay sospechas de que el Gobierno Nacional le dio mucho más.

Más allá de las denuncias judiciales, y de que el Programa de Integración Socio Comunitaria fue suprimido, en el IPV explican que ese dinero nunca fue entregado porque la Tupac y las cooperativas de vivienda vinculadas no cumplieron con los requisitos.

Faltaron y faltan, entre otras cosas, certificaciones del avance de las obras, a pesar de que los desembolsos (tres en total) podían completarse cuando la construcción de las casas estaba recién al sesenta por ciento.

Otros problemas, como la falta de estudios de suelo y de acceso a servicios en la zona donde se construía, también son señalados como inconvenientes frecuentes de estos proyectos.

De los 101 millones de pesos comprometidos con la Tupac, el IPV dice que tiene 25 millones para dar. Pero esos fondos llegarían a destino sólo si las cooperativas de vivienda cumplieran con los requerimientos del plan, que incluyen el pago de aportes de los técnicos a la caja profesional.

Es un dinero que, a esta altura, puede alcanzar para poco, ya que se lo devoró la inflación. En efecto, el programa de la era kirchnerista no contemplaba la actualización de precios. Sorprendentemente ofrecía, en cambio, la posibilidad de reducir el número de viviendas a construir, si la plata no alcanzaba.

Hoy, si el Estado entregara los 101 millones de pesos, todavía faltarían unos 50 millones más para poder terminar las viviendas, calculan en el Gobierno provincial.

Intendentes en problemas

Esta semana, por lo menos un intendente peronista se reunirá con autoridades del IPV para buscar una solución a los proyectos que quedaron colgados. Se trata de Roberto Righi, el jefe comunal de Lavalle, quien ha pedido tener un encuentro.

No es casual que Righi sea el intendente más preocupado. En su departamento, la Tupac tiene 402 casas en construcción. Era el departamento más fuerte para la Tupac, seguido por Maipú (126). Guaymallén (50), Las Heras y Luján (40 cada una), San Martín (30), Tunuyán (20) y Tupungato (15).

Según Salamone, del IPV, los intendentes tienen que ocuparse de la anulación de los contratos que la organización firmó con ellos."Si consiguen las rescisiones, podríamos pedir financiamiento del nuevo plan de viviendas, porque el objetivo es terminar las casas", insiste el funcionario. 

No tiene mucho más para ofrecerles el Gobierno, por ahora, a las 700 familias que le creyeron a Rojas.