Para Silvestri, la prisión preventiva es "una excepción"

Aunque es el eje de la política de seguridad del Gobierno provincial, la candidata a conducir el ministerio público de la Defensa, Mariana Silvestri, sostiene que la prisión preventiva "es una excepción" y señala que hay alternativas al encierro previo al juicio, tales como la prisión domiciliaria o el uso de pulseras electrónicas.

"El Gobierno tiene una política y los defensores estamos para hacer cumplir la ley. Si esos requisitos de la ley no están acabadamente cumplidos, la sujeción a proceso la hacemos de otra forma. Hay otras alternativas, como prisiones domiciliarias o pulseras electrónicas", se explayó Silvestri, ante la consulta de MDZ.

Silvestri remarcó además que los defensores "bregamos por la mejor situación para nuestros defendidos" y señaló que la prisión preventiva "es una de las medidas más graves de cohersión".

Con estos criterios se presentó públicamente hoy la candidata a ocupar un cargo que hasta ahora no existía. Se trata de la coordinación de los defensores oficiales, que es el cuerpo de abogados destinados a defender a las personas que no tienen medios para pagarse un letrado.

Cornejo tomó la decisión de eliminar un contrasentido. Los defensores estaban bajo la jurisdicción del procurador de la Corte, o sea, el jefe de los fiscales, quienes lideran la acción penal.

Ahora, los defensores tendrá un jefe propio, aunque entre la sanción de la ley respectiva y la nominación de la titular del Ministerio Público de la Defensa pasaron algunos meses.

Su desembarco en el puesto depende de los votos secretos del Senado y en principio no han surgido reparos en el seno de la Justicia.

Silvestri evita mayores pronunciamientos políticos y cree que "por ahora nos podemos mover con la ley tal cual está", en referencia a la normativa procesal, que el año pasado fue modificada por el Gobierno, precisamente, para endurecer la prisión preventiva.

Sobre su futura tarea, pone énfasis en la capacitación de los abogados a su cargo y arriesga un concepto que contradice la sensación de que el defensor oficial es el último recurso: "Muchas veces la gente elige a los defensores oficiales porque tenemos idoneidad", afirma.

Eso sí, reconoce que el desafío es atender un volumen de trabajo que parece superar cómodamente la capacidad de la defensoría que va a conducir, que se compone de algo más de 30 abogados.

Estos defensores oficiales de la provincia absorben la mayoría de las causas penales. La relación es 8 a 2 o 9 a 1 respecto de las que quedan en manos de abogados privados, según las estadísticas que oportunamente se conocieron en la Legislatura.

Un ejemplo más sirve de muestra. Existe una sola defensora oficial de ejecución penal. Ella, acompañada de dos codefedensores, atiende las necesidades de todos los presos sin abogados privados que se sumaron a la población carcelaria a partir de 2011.