Los cinco episodios clave de la guerra entre Cornejo y la Justicia
1.Tupac Amaru, el "Camarón" y la amenaza del Jury en 2018
La investigación de la fiscal Gabriela Chaves sobre las irregularidades de la organización kirchnerista Tupac Amaru en las operatorias de viviendas copó la agenda pública de la primera mitad del año.
La fiscal detuvo e impuso la prisión preventiva para todo el clan familiar liderado por Nélida Rojas, bajo una serie de imputaciones muy graves, entre ellas, la de asociación ilícita. Pero bien entrada la segunda mitad, una decisión judicial dio vuelta todo. La Octava Cámara del Crimen dispuso liberar a casi todos los miembros de la Tupac y desacreditó la investigación de Chaves.
El Gobierno reaccionó con amargura: Alfredo Cornejo consideró que el fallo de la Octava Cámara era "aberrante". Desde el comienzo de la gestión, Cornejo había perfilado a los miembros de la Octava Cámara del Crimen como enemigos políticos. Para que los camaristas Luis Correa Llano, Ramiro Salinas y Alejandro Miguel no tuvieran mucha incidencia en las decisiones de la Justicia, mandó que se sancionara una ley. Es que antes de esa ley, la Octava Cámara era el "Camarón", ya que absorbía todas las apelaciones. Con la ley 8934, la Cámara de Apelaciones pasó a ser una cámara más. Eso sí, el Camarón conservaba la facultad de resolver aquellas causas anteriores a la sanción de la ley 8934. La causa Tupac era una de ellas.
Aunque el golpe de la Octava Cámara del Crimen contra la investigación fue duro, el caso no está cerrado. La fiscal Chaves elevó a la Corte sendos recursos de queja y de casación para que se revise el fallo del "Camarón". Esos recursos recayeron en la ya famosa Sala Segunda de la Corte, que se ha vuelto famosa: la integra Omar Palermo, el enemigo número uno de Cornejo en la Justicia.
El Gobierno cree que Palermo es el jefe de los integrantes de la Octava Cámara.
Algunas cosas han ocurrido en el cierre de 2017. Dos integrantes de la Sala Segunda fueron recusados, y ambas recusaciones resultaron rechazadas.
La fiscal Chaves, en sintonía con la percepción del Gobierno, buscó sacar de la causa a Palermo, por su afinidad con Justicia Legítima y la supuesta parcialidad que eso generaría en el análisis del fallo Tupac. También hubo una recusación de la defensa, que buscó sacar de la cancha al juez Valerio (impulsado por Cornejo para integrar la Corte), por la misma razón que Chaves quería impugnar a Palermo: falta de imparcialidad.
Finalmente, el tribunal que definirá el caso quedó integrado por ambos ministros, más uno ajeno a la Sala Segunda: Julio Gómez. Sucede que el otro integrante original de la sala, Mario Adaro, se inhibió, por los vínculos que tuvo con Rojas en su pasado político.
Febrero puede ser caliente para esta causa. Es probable que a mediados de ese mes, el Jury de Enjuiciamiento, que es el tribunal político que juzga a los jueces, analice una denuncia contra los integrantes del Camarón. El Jury funcionó para el Gobierno este año: logró allí la destitución de Anabel Orozco, la famosa fiscal viajera. Parte de la Corte intentó salvarla, pero los legisladores oficialistas y algunos magistrados inclinaron la balanza hacia la expulsión.
Después le tocaría a la Corte expresarse sobre la procedencia de los recursos de queja y de casación de la fiscal Chaves.
2. No a la ampliación de la Corte: el golpe más duro para Cornejo
A fines de octubre (poco más de una semana después de las elecciones, en las que fue un claro ganador) el gobernador dio vía libre para avanzar en un proyecto de altísimo impacto: la ampliación de los miembros de la Corte de 7 a 9 miembros.
Anunciada como una reforma integral, pensada para agilizar las causas, que había sido elaborada por el senador Juan Carlos Jaliff, el oficialismo (que padeció el breve pataleo de dos radicales) impuso el número en la Cámara de Senadores y sancionó la reforma apenas 20 días después de que fuera presentada.
Pero en la Cámara de Diputados, el oficialismo tuvo que frenar su ímpetu. La oposición en pleno había decidido oponerse, por ver la reforma como un intento de Cornejo para controlar la Justicia. A ello, se sumó la rebelión y/o la duda de los aliados del frente Cambia Mendoza.
Cornejo necesitaba todos los votos del frente oficialista para la sanción definitiva del proyecto, pero no los tenía. El diputado demócrata Marcos Niven se perfiló en ese momento como un opositor al proyecto y el gobernador, sin número para imponerse, tuvo que suspender la propuesta.
El Gobierno dijo hace poco que no ha renunciado a ampliar la Corte, proyecto que podría resurgir cerca del recambio legislativo de mayo. Este recambio no mejora ni perjudica sus chances, ya que el bloque oficialista quedará con el mismo número de integrantes. El final de la novela, si es que todavía no se produjo, sigue abierto.
3. La grieta nos dio un respiro
La creación de los juzgados y tribunales penales colegiados marcó un contraste en este año de enfrentamientos.
Tapado por el protagonismo que tenía el proyecto de ampliación de la Corte, fue sancionado un cambio operativo de alto impacto para la Justicia.
La reforma en cuestión eliminaría las demoras que generan las ausencias de los jueces a partir de la organización de colegios, en los cuales los magistrados de todos los fueros se pasarán las causas. Además, habrá un organismo administrativo que se ocupará de todo el papeleo de los juzgados, para que los jueces sólo se dediquen a dictar sentencias.
La sanción de esta ley fue un hecho único para esta época de enfrentamientos. Al gobernador lo acompañaron tanto el PJ como la Corte. En especial, su nuevo presidente, Jorge Nanclares.
En menos de dos meses, la reforma se convirtió en ley en la Legislatura, gracias al consenso casi general que había para que así fuera.
4. El Gobierno y la Corte, al borde del precipicio
Casi en el fin del año, el Gobierno y la Corte tomaron decisiones que los dejaron al borde del escándalo.
Después de un año y ocho meses de trámites y dilaciones, la Sala Segunda de la Corte permitió que trascendiera la inminencia del fallo acerca de la constitucionalidad del Ítem Aula. También trascendió el sentido de ese fallo, que no arrojaría ganadores y perdedores absolutos. Los jueces pensaban sostener que los descuentos a los docentes por faltar al trabajo eran constitucionales, aunque establecerían excepciones para su aplicación.
Pero el jueves 14 de este mes, cuando se esperaba la publicación del fallo, se produjo lo inesperado: el Gobierno pidió que la causa fuera sometida al plenario. El presidente de la Corte, Jorge Nanclares, aceptó este pedido en forma casi instantánea, por lo cual, la sentencia que era inminente, quedó postergada para el año que viene.
Todo tipo de sospechas disparó esta situación. El Ejecutivo quedó en el ojo de la tormenta, por suspender un fallo que no lo favorecía del todo. La polémica salpicó también a un ministro de la Corte, José Valerio: por su sintonía con el Gobierno, se sospechó que podría haber filtrado su contenido. No hay ninguna certeza de que esto haya ocurrido. Además, el sentido del fallo se hizo público por los medios, días antes del 14 de diciembre.
Lo que sí hubo fue una evidente maniobra del Gobierno para parar una sentencia con la que sabía que no estaría de acuerdo.
Desde hace mucho se decía que la causa del Ítem Aula debía ser resuelta en plenario. El Gobierno nunca realizó este pedido hasta el momento clave en que la Corte iba a pronunciarse.
Según registros de la Sala Segunda, el 14 de diciembre, los ministros Mario Adaro y Omar Palermo incorporaron sus votos al expediente. Nada se sabía entonces del voto de Valerio. Esto confirmó que los dos ministros "ensamblaron" o acordaron sus votos.
Valerio, en cambio, quedó afuera de este ensamblaje. Es así que el ministro más afín al Gobierno fue dejado afuera de toda negociación y, cualquiera fuera su voto, perdería 2 a 1.
Del otro lado, iban camino de imponer sus criterios dos ministros que no son precisamente cercanos a Cornejo. Todo lo contrario: Palermo es su mayor rival en la Corte y Adaro es un ex dirigente justicialista. Cornejo percibió o supo que perdería y frenó el desenlace.
5. Ningún lado de la grieta pudo salvar a Catherina
Cada tanto pasa, lamentablemente, en Mendoza. Una nena de apenas tres años murió en el penúltimo mes del año después de ser abusada por su padrastro.
Lo que se repite es la tragedia evitable, plagada de indicios previos, que igualmente se concreta. La pequeña Catherina no fue la primera víctima de Jorge Molina: su hermana, de 8 años, estaba internada por los golpes que le dio.
Sobre Molina pesaba desde entonces una averiguación de paradero que no dio resultados positivos. Peor aún: Molina es una delincuente reincidente, que debería haber estado preso en el momento que mató a su hijastra. Fue una fiscal, Cecilia Bignert, quien lo dejó en libertad.
El propio Procurador de la Corte, Alejandro Gullé, señaló en su momento que Bignert había cometido un error. Molina recuperó la libertad a mediados de octubre, a pesar de que iba a ser sometido a un juicio abreviado en el que se había arreglado con la defensa una pena de más de cuatro meses de cárcel, por hurtos y reincidencia. Sin embargo, por alguna razón, Bignert lo dejó en libertad.
Gullé prometió el 30 de noviembre pasado una investigación administrativa de los fiscales que intervinieron en el caso. Según pudo saber este diario, esa investigación está marchando y cerca de generar resultados. Según se informó desde la Justicia, el Procurador ya tiene en sus manos los proyectos de resolución sobre el accionar de los fiscales que tuvieron contacto con la causa.
En el Gobierno, de todos modos, son más bien pesimistas. Asimilan el "error" judicial del caso Catherina con uno que ocurrió en enero de este año en una cámara, el cual también terminó en tragedia: un preso fue liberado antes de que terminara su condena y al poco tiempo, en un raid delictivo, mató a una mujer e hirió a un pequeño.
En ese caso, la Corte también prometió una "investigación interna" para determinar responsabilidades. Nunca se supo en qué terminó esa averiguación.
El Gobierno cree que los errores de la Justicia son cíclicos y no le pone fichas ni siquiera a la investigación de Gullé. Es notable: se trata del hombre que eligió Cornejo para dirigir a los fiscales y para implementar una reforma que supuestamente era bloqueada por los que no quieren que mejore la Justicia.
La muerte de Catherina es el saldo más triste de este año de enfrentamientos políticos entre el Gobierno y los jueces: ninguno de los dos lados de la grieta pudo hacer algo para que la nena salvara su vida.