Nadie vio venir la reforma judicial más importante del año
Una verdadera reforma judicial pasó frente a los ojos de todo el mundo sin que casi nadie la viera. Y es más: hoy los diputados la convirtieron en ley.
Se trata de una norma que crea los tribunales y juzgados penales colegiados, para que las causas roten de mano en mano entre los distintos magistrados de los diferentes fueros, sin depender de ausencias y problemas con la subrogancia.
Además, crea la Oficina de Gestión Administrativa Penal (OGAP) para que las cuestiones administrativas y burocráticas de la Justicia Penal, incluso las agenda de audiencias, pasen a depender de funcionarios que no son jueces. El efecto puede ser revolucionario, ya que los magistrados, de ese modo, solo se ocuparán de dictar sentencias, y ya no tendrán como tarea, por ejemplo, el control del personal.
Hay una razón para que este cambio, de grandes dimensiones en los papeles, no haya sido muy valorado: el Gobierno mandó el proyecto a la Legislatura justo cuando Alfredo Cornejo anunciaba su decisión de ampliar la composición de la Corte de 7 a 9 miembros.
A pesar de haber sido eclipsado por aquella propuesta explosiva, el destino de los juzgados penales colegiados terminará siendo mucho mejor que el de la reforma de la Corte.
Hay que recordar que Cornejo tuvo que suspender la idea de ampliar el alto tribunal, por falta de votos para aprobarlo en la Cámara de Diputados. Los tribunales colegiados, en cambio, están cumpliendo casi sin trauma todo el circuito legislativo.
En el Senado, el oficialismo contó con el apoyo del justicialismo para la sanción inicial. Y en Diputados, pasó lo mismo este miércoles.
La Corte, a pesar del enfrentamiento evidente de varios de sus miembros con Cornejo, no disparó contra el proyecto en esta ocasión. Todo lo contrario: Jorge Nanclares, su presidente, es uno de los impulsores y ya ha puesto en práctica el cambio en la Justicia Civil. La Corte y el Gobierno se pusieron de acuerdo y los resultados están a la vista.
Será Nanclares, junto a los otros dos miembros de la Sala Administrativa de la Corte (José Valerio y Pedro Llorente), el responsable de llevar adelante una transformación poco rimbombante, pero posiblemente muy efectiva.
La reforma tratará de aplicar, desde otro ángulo, la máxima que ha predicado Cornejo desde que es gobernador: la agilización de la Justicia.
En este sentido, la ley demostrará si de verdad los jueces quieren mejorar el rendimiento de este poder. En tribunales, por ejemplo, sigue siendo un desafío conseguir que los juzgados trabajen de tarde. Por enésima vez, este proyecto lo pone por escrito.
La lucha contra los privilegios de los magistrados, que incluyen un régimen discrecional de licencias, ha estado en la agenda del Gobierno permanentemente. Pero la confrontación y la imposición ha sido siempre el estilo para llevar adelante su cruzada.
Esta vez fue diferente. El cómodo tránsito de una ley que no tuvo esos condimentos está mostrando que el consenso también puede servir en la búsqueda de que la Justicia mejore.
Habrá que esperar, después, los resultados: el plazo para su puesta en práctica se extenderá hasta el 31 de octubre del año que viene, como máximo. 2018 todavía no arranca y eso siempre da esperanzas.