El caso Catherina exhibe una derrota de la reforma judicial

Molina recuperó la libertad a mediados de octubre, a pesar de que iba a ser sometido a un juicio abreviado en el que se había arreglado con la defensa una pena de más de cuatro meses de cárcel, por hurtos y reincidencia. Sin embargo, por alguna razón, Bignert lo dejó en libertad. Y después ocurrió lo peor.

Gullé anticipó una "investigación" interna que revisará la actuación de los fiscales que tuvieron que ver con el caso Cardozo. Entre ellos, por supuesto, Bignert, que lleva poco tiempo ejerciendo: su pliego fue aprobado por el Senado en octubre de 2015. 

El Gobierno no puede descargar todas las culpas en los fiscales: en el caso Cardozo, falló otra vez el Estado, en sentido amplio. Es un dato terrible que Sheila, la hermana mayor de Catherina, haya dado testimonio hace más de 15 días de los maltratos que había en la familia y que nadie pudiera evitar el crimen. 

Pero que un supuesto error judicial haya sido tan determinante para la tragedia resultaba, hasta anoche, difícil de digerir, en los dos poderes.

Peor aún. Desde que llegó a la gobernación, Cornejo se encargó de militar el encierro de personas peligrosas. El perfil de Molina cuadra con la idea del gobernador, quien ordenó la sanción de una ley de prisión preventiva para sacar de las calles a cientos de delincuentes, con o sin fallo en contra.

Hay que recordar en este sentido que la norma de Cornejo pena la "reiterancia". Es decir, castiga la sucesión de delitos, exista o no condena por ellos, lo cual ha producido una fuerte polémica en la Justicia. 

Con más razón Molina no podía estar libre: directamente era un reincidente, o sea, alguien que ya había sido condenado antes.

Para llevar a cabo su plan de endurecimiento de la política criminal, el gobernador se encargó de que llegara a tribunales un nuevo jefe de esa línea para los fiscales. Esa persona es Alejandro Gullé, quien piensa igual que Cornejo. Así y todo, no alcanza.

En el Gobierno, el sentimiento es de pena. Las "investigaciones internas" de la Justicia, como la que prometió Gullé en la Justicia, normalmente terminan en la nada. 

Ningún efecto ha tenido, por ejemplo, la investigación que supuestamente se realizó por el "error" cometido por la Quinta Cámara del Crimen, que liberó antes de tiempo a un delincuente que luego mató a una mujer en un raid delictivo ¿Hay que esperar mejores resultados en el caso Cardozo? 

El Jury, por otro lado, podría ser una herramienta para depurar la Justicia, pero el andamiaje político del organismo que juzga a los jueces es difícil de mover.

Sin ir más lejos, está el caso del fiscal Fabricio Sidoti, cuyos errores también terminaron en una muerte: la de la joven Ayelén Arroyo. Sidoti, sin embargo, apenas fue condenado por el Jury a cumplir unos meses de suspensión.

Asoma allí un argumento que el Gobierno esgrime a favor de la ampliación de la Corte, proyecto que ha quedado embarrado en la Legislatura. Según algunos funcionarios, con dos nuevos integrantes, diferentes a los actuales, la Corte tendría menos posibilidades de abroquelarse en forma corporativa en algunas votaciones.

Sin embargo, no se puede echar a todo el mundo. El problema, según el propio análisis oficial, es la calidad y compromiso del conjunto de los fiscales. Ni el Gobierno ni el Procurador están satisfechos con ellos.

Surgen cuestionamientos a cada momento hacia los fiscales. Más ante aquellos casos emblemáticos, en los cuales la acusación ha tenido, a juicio del Ejecutivo, deficiencias. Por ejemplo, el del empresario que atropelló y provocó la muerte del joven Alan Villouta en el Acceso Sur.

Una buena resolución judicial de aquellos hechos de alto impacto para la opinión pública ayudaría a demostrar las virtudes de un régimen más severo. No está pasando eso, a pesar de los esfuerzos oficiales. Y Cornejo ya agotó casi la mitad de su mandato buscando cambios.

También estaba en la mitad de su mandato Francisco Pérez, cuando otra pequeña de tres años, Luciana Rodríguez, murió luego de sufrir un calvario familiar. Su agonía había sido advertida y denunciada por muchas personas, pero el Estado no logró impedir el peor desenlace. Casi lo mismo que le ocurrió esta semana a Catherina.