La reforma condiciona la elección del nuevo presidente de la Corte
La reforma integral de la Corte, con la cual el oficialismo sacudió el escenario político ayer, condiciona al alto tribunal en un momento clave: la designación de su nuevo presidente.
Pedro Llorente está a punto de finalizar el mandato y desde la Corte indicaron que, entre el 15 y el 20 de noviembre, se iba a realizar el anuncio de quién será la autoridad máxima por los próximos dos años.
Sin embargo, la presentación del proyecto de reforma introduce un elemento de consideración. El elegido no podría contar con dos años de mandato si se aprueba la iniciativa, sino que duraría en el cargo mucho menos.
Así lo indicaron fuentes del radicalismo. Como el proyecto fija que el número de ministros subirá de siete a nueve, en el oficialismo señalan que la elección del titular de la Corte se tendrá que hacer de nuevo cuando se convierta en ley.
"La Corte deberá cumplir con la ley y hacer de nuevo la elección del presidente, porque habrá una nueva composición", afirmaron en la UCR.
Llorente conduce la Corte desde 2013. En 2015 fue reelegido y los ministros estaban en proceso de definir a su sucesor.
Ahora hay dudas. Este aspecto de la ley 4969, que rige la composición de la Corte desde 1984, no fue modificado en el proyecto del oficiaismo: los presidentes de la Corte son elegidos por dos años y tienen reelección. El problema es que el cargo debe quedar en manos de quien obtenga el apoyo de la mayoría de sus miembros y ese número, si la reforma se convierte en ley, cambiará cuando se sumen los dos ministros nuevos.
La nueva ley entrará en vigencia dos meses después de su sanción en la Legislatura. Ese plazo podría cumplirse pronto, si el oficialismo impone el número en ambas cámaras.
El senador Juan Carlos Jaliff, de todos modos, no quiso arriesgar plazos y afirmó que buscará el consenso de la oposición. La propuesta comenzará a ser debatida en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta.
Fue Jaliff quien presentó, junto a sus correligionarios Adrián Reche y Marcelo Rubio, el proyecto ayer. Lo hizo en el límite de las sesiones ordinarias de la Legislatura y previo al comienzo de las extraordinarias. En ese periodo, que dura hasta fines de abril del año próximo, sólo pueden tratarse los proyectos del Poder Ejecutivo.
En las consideraciones previas al articulado se señala que la reforma es fruto del colapso de la Corte, en especial el de la Sala II, que maneja las causas penales y laborales. A partir del cambio y suba de miembros, habrá tres salas (una penal, una laboral y una civil y comercial), además de la Sala Administrativa, que ya existe.
En la Corte reconocieron anoche que el proyecto del oficialismo es "un sismo" para el alto tribunal y hubo algunos comentarios críticos en off. Se dijo, entre otras cosas, que en el corto plazo Cornejo podría tener la oportunidad de nombrar no dos, sino cuatro ministros: los nuevos y los que sucederán a dos ministros que estarían por jubilarse.